El Consell se enfrenta al pago de 400 millones por el batacazo judicial de la Ley del Juego del Botánico

Un auto del Tribunal Superior elevado a Europa plantea una cuestión de prejudicialidad sobre la norma. El TSJ pregunta si la Ley del Juego valenciana colisiona con la «libertad de empresa, unidad de mercado y no discriminación». El tribunal aguardará al pronunciamiento del órgano europeo para emitir un fallo tras el recurso interpuesto contra el decreto por los salones de juego. Pero no sólo eso. La sala de lo Contencioso Administrativo va más allá y se pronuncia ya sobre el fondo del asunto. O lo que es lo mismo, anuncia que tumbará la ley.

Lo hace en referencia a las distancias mínimas que fija la Ley para los salones de juego: 500 metros entre ellos y 850 de centros escolares. La norma prohibe locales de juego en esas distancias. Y no sólo eso: con efecto retroactivo, lo que supone el cierre de establecimientos que antes de la ley ya estuvieran en ese radio. El TSJ no tiene duda: «Estas medidas resultan incompatibles con los principios de proporcionalidad, adecuación, idoneidad y necesidad». El auto señala que ya existen otras normas que siguen los locales de juego: la prohibición de entrar a menores y de emitir publicidad sobre el juego. La Ley del Botánico además «no da razones suficientes» para explicar estas distancias, sin que al TSJ le sirva lo que dice la Generalitat de «evitar la concentración de locales» y «por razones de orden público».

Fuentes del sector del juego señalan que la Ley supone que en cinco años (es la moratoria que marca la ley para el respeto a las distancias apuntadas) se producirá el cierre de 450 salones de juego en la Comunitat. Actualmente hay 520. Y es aquí donde el sector hace el cálculo de las indemnizaciones que las empresas pondrán sobre la mesa cuando el TSJ eleve su auto a definitivo: entre 800.000 y un millón de euros por salón, de donde sale el cálculo de entre 360 y 450 millones por los perjuicios.

En el recurso judicial se añade otro aspecto: la ley también señala que los nuevos bares no podrán tener máquinas recreativas a partir de su entrada en vigor. Sólo los existentes antes. Y cada local de hostelería saca al año unos 7.000 euros de media con estas máquinas. También aquí el TSJ establece que esta medida puede colisionar con la «libertad de empresa, unidad de mercado y no discriminación». Y otro recurso contra el decreto critica el «tarifazo» que se impone a los bares con un aumento del impuesto del 10 al 20% por las máquinas de apuestas deportivas.

No son las únicas 'facturas' que la Ley del Juego puede suponer para el Consell. La nueva norma pone en riesgo la recaudación de nada menos que 147 millones que ingresan las arcas valencianas cada año por la tasa del juego. Y todo ello sin conseguir atajar el juego, uno de los argumentos que usa la Generalitat: en sólo un año, pese a la norma, el juego ilegal ha aumentado un 17% en la Comunitat, según reconoce la propia Generalitat. Otro tijeretazo a los impuestos sin que con ello se frene el azar. Y además, el «demonio» que pesa sobre estos establecimientos no es tal. Como subrayan desde el sector, la ludopatía, o más bien la población en riesgo de sufrirla, apenas represesenta el 0,4% de la población, según datos del Ministerio de Sanidad.

El TSJ también cuestiona que al imponerse limitaciones sólo al sector privado del juego, y no a las loterías del estado, quinielas, Once... algo que el Tribunal Superior critica severamente: «Presenta la vertiente de un falseamiento de la competencia, tendiendo hacia un monopolio estatal del juego, fomentando ventajas injustificadas para el sector público, en detrimento de la libertad de mercado, ocasionando pérdidas que complican la subsistencia de estos establecimientos».