El Consell exige al Gobierno que costee todas las plazas docentes que requiere la reforma universitaria

El conseller de Educación, José Antonio Rovira, ha exigido a la ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, que la administración estatal «financie al 100 % el periodo transitorio para la incorporación de personal docente e investigador a las universidades públicas». O lo que es lo mismo, que asuma todo el coste derivado de la norma estatal durante los próximos seis años, que es el plazo fijado para adaptarse, teniendo en cuenta además que a partir de entonces toda la inversión ya correrá a cargo de las autonomías al tratarse de puestos que se consolidarán.

Por contra, el Ejecutivo central plantea asumir dos tercios de los puestos, quedando los restantes en manos de las administraciones regionales. En este sentido, la también secretaria general de los socialistas valencianos ha replicado tras la reunión de la Conferencia General de Política Universitaria, celebrada en Madrid, que sin «corresponsabilidad» el Gobierno retirará su propuesta.

Rovira ha lanzado su petición antes del encuentro, cuyo único punto en el orden del día versaba sobre el programa para la incorporación de talento docente e investigador a las universidades públicas. En síntesis este plan debe servir para avanzar en el cumplimiento de la ley orgánica, que para los próximos años limita a un máximo del 20% el porcentaje de profesores con contratos laborales (sustitutos, visitantes y asociados que no sean de Ciencias de la Salud), además de reducir las horas lectivas anuales de los profesores a un máximo de 240. Estas medidas, que persiguen facilitar la estabilidad y evitar la sobrecarga de trabajo docente, obligan a ampliar las plantillas con la creación de nuevas plazas de ayudante doctor, el escalón de acceso a la carrera universitaria. Se estima que se necesitan unas 5.100 para el conjunto de España. Y el ministerio, mediante el citado programa, costeará 3.400.

«Diana Morant y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han conseguido poner de acuerdo a la gran mayoría de comunidades autónomas, tanto del PP como del PSOE, en rechazar la fórmula que plantea el ministerio», ha dicho Rovira a través de un comunicado, en el que también denuncia que la administración central «está jugando a un trilerismo claro». «Primero dijo que financiaba un tercio de la incorporación del personal docente e investigador, solo durante los primeros seis años, y después dos tercios, tras reunirse con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) a espaldas de las comunidades autónomas», ha continuado.

A juicio del conseller, la ministra Morant «debería apostar claramente por una financiación completa de esas plazas durante los seis primeros años por parte del ministerio, ya que cuando se hagan estructurales serán financiadas al 100% por la comunidad autónoma, en lugar de que recaiga otra vez la financiación casi en exclusiva en las comunidades, con mayor gravedad en el caso de la Comunitat, que todo el mundo sabe que está claramente infrafinanciada», ha añadido.

Según ha informado Educación, a las universidades valencianes les corresponderían alrededor de 700 plazas, lo que representa un total de 29,3 millones de euros cada año. Para el conseller, lo ideal sería volver a reunirse en el grupo de trabajo de carácter técnico creado hace unos meses para perfilar mejor una solución. Además, ha dicho que «a día de hoy aún no sabemos si esos fondos que pondrá el ministerio irán a las universidades o a las comunidades autónomas (para que los gestione)». «Si el Ministerio de Universidades legisla es el Gobierno de Pedro Sánchez quien tiene que poner el dinero. Así lo entendemos en las autonomías y así lo dice la Ley de financiación de las Comunidades Autónomas», ha concluido.

Por su parte, durante la rueda de prensa posterior a la reunión, la ministra ha avisado de que el Gobierno sólo financiará el programa «si hay una corresponsabilidad de las comunidades autónomas», tal y como recoge Europa Press. «Si no entran no entraremos», ha zanjado, antes de mostrarse confiada en que en los próximos días se podrán acercar posturas con las comunidades críticas, como las populares.

«Entendemos que vamos a ser capaces de resolver dudas particulares que puedan haber por parte de las comunidades autónomas para facilitar que con este programa podamos resolver el problema de la precariedad y la temporalidad», ha asegurado Morant.