El Consell indigna al profesorado precario de las universidades

Sin noticias. Los cinco sindicatos firmantes del preacuerdo del convenio colectivo, que debe servir para mejorar las retribuciones del personal laboral de las universidades públicas, la mayoría en situación precaria como los asociados o los ayudantes, no serán recibidos hoy por la Conselleria de Universidades, tal y como solicitaron por escrito el 10 de diciembre.

Exactamente se pidió una reunión de la comisión negociadora en la que también están representadas las cinco instituciones académicas para instar a la firma del documento definitivo que permita la aplicación de las mejoras y pedir explicaciones sobre la situación actual y la demora acumulada, pues el preacuerdo se rubricó hace siete meses, cuatro días antes de las elecciones autonómicas.

La respuesta no ha llegado -más allá de un acuse de recibo- y los ánimos están más que caldeados. No gusta la falta de respuesta, que se utilizara el preacuerdo con ánimo electoralista ni tampoco la ausencia de información, en relación a los 'peros' que ha puesto la conselleria de Carolina Pascual al documento inicial, que sí llegó a firmar la administración aunque a través de la Conselleria de Educación. Ya se habla de «farsa» y «estafa» y se han puesto encima de la mesa movilizaciones contundentes para principios de año si para entonces sigue sin ser efectivo el convenio. De hecho, es seguro que se debatirá la opción de ir a la huelga.

«Queremos saber cuál es la situación actual. Hay más de 6.000 trabajadores regulados por el convenio a los que llevamos tres años diciendo que se está negociando o que está a punto de concretarse. Ahora se encuentran desmotivados, se sienten engañados e incluso estafados. Y nosotros también«, explican desde UGT, que además se pregunta qué pasará con los ocho millones de euros presupuestados para 2019 dedicados al convenio, en el sentido de que se puedan perder si no se maniobra para incluirlos en las nuevas cuentas de 2020. »Si no se produce la firma tomaremos acciones contundentes tras el periodo navideño«, reiteran.

La presión también se ha trasladado desde los rectorados, con cinco cartas similares firmadas por los máximos responsables universitarios en las que se pide a la conselleria de Pascual una autorización expresa de la Generalitat para poder aplicar las mejoras salariales. No gustó el cambio de criterio del Consell, que era firmante del preacuerdo y quedaba vinculado claramente en el articulado (lo que se interpretó como garantía y sustento legal a todos los efectos), y que sin embargo ahora ya no rubricará el convenio definitivo tras un informe jurídico que desaconseja esta opción. La petición de autorización expresa, de hecho, es el escudo para los firmantes para evitar posibles consecuencias contables e incluso penales por participar en unos pagos que, no se puede olvidar, implican un aumento retributivo considerable, por encima del límite fijado en los Presupuestos del Estado. Y la Intervención ya les ha llamado la atención recientemente por cuestiones salariales relacionadas con altos cargos y por complementos vinculados con la investigación.

Los sindicatos han convocado concentraciones toda la semana en los rectorados de las universidades. Ayer se hizo en el de la UPV, donde el máximo responsable, Francisco Mora, insistió en la necesidad de la autorización como condición para la firma, según explicaron fuentes del sindicato Stepv, otro de los que suscribieron el preacuerdo. «Creemos que esta medida es adecuada, pero también les pedimos más contundencia en el apoyo de que se convoque la mesa de negociación», añaden desde la organización. «Cabreo es una palabra que define bien el ambiente», sintetizan. El sindicato emitió ayer un comunicado donde se hablaba incluso de «farsa» y en el Consell Nacional celebrado recientemente se ha puesto sobre la mesa que entre las próximas medidas de presión se valore la opción de la huelga.

«La sensación es que nos han tomado el pelo», destacan desde CC. OO. PV, que también critica que se «forzara la máquina antes de las elecciones», en relación a la firma de preacuerdo. También recuerdan que en la negociación del mismo «la administración había condicionado alguno de los contenidos», en el sentido de que impuso cuestiones retributivas y en cuanto a licencias, sin permitir mejoras diferentes a las aplicadas al resto de la función pública, «mientras que ahora se descuelgan con que no lo van a firmar».

Para la organización es preciso de el presidente Ximo Puig, «que durante estos años ha hecho gala del compromiso de la Generalitat», intervenga para que se produzca la rúbrica definitiva. «La indignación es muy elevada, y o existe una respuesta inmediata o llegarán medidas de presión más intensas», sentencian.

Desde el SEP, otro de los firmantes en abril, explican que los colectivos afectados están «decepcionados», pues «las mejoras que se contemplan son muchas y llevan tiempo esperando». «En abril, cuando le interesaba al Gobierno Valenciano, ya iba a hacerse y ahora en diciembre ni contestan», añaden, en referencia a la falta de respuesta a la petición del día 10. Además destacan que en el último Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante el rector dijo que no se firmará nada hasta que llegue la autorización explícita.

«Si al actual equipo (de la conselleria) los servicios jurídicos le desaconsejan la firma del convenio y están pensando en firmar una autorización expresa (la que piden los rectores), ¿cómo es posible que el anterior equipo no lo tuviera en cuenta?«, se preguntan desde Csif. »Nos sentimos bastante engañados y creemos que no hay una verdadera voluntad por parte de la Generalitat«, añaden, antes de recordar que también las universidades tienen »una gran desconfianza« y que se ha producido un »incumplimiento total de las expectativas generadas y de los compromisos adquiridos«.

Ni desde la Conselleria de Universidades ni desde la de Hacienda se pronunciaron, a preguntas de LAS PROVINCIAS, sobre la petición de autorización expresa planteada desde los rectorados ni en relación a la solicitud sindical de convocar la mesa de negociación. La idea de hacerlo esta misma semana, además de coincidir con los Consejos de Gobierno de las instituciones, era clarificar, antes de la aprobación de los presupuestos de 2020, qué pasará con los ocho millones consignados este año que, salvo sorpresa, no van a gastarse. Fuentes universitarias explicaron además que los rectorados no han recibido respuestas concretas a la petición de la citada autorización, trasladada a principios de mes.