El Consell Jurídic arremete contra el proyecto estrella de Igualdad, el nuevo modelo de residencias

El CJC, según recoge el dictamen emitido al efecto, «estima la necesidad de que la norma fuera acompañada de los informes o memorias que efectuasen un análisis de la situación actual del sector prestador de servicios sociales, y la incidencia económica que para dicho sector y los usuarios supone la norma propuesta. Esta observación es esencial a los efectos del artículo 77.3 del reglamento de este Consell». Así valora el CJC el futuro decreto que regulará la tipología, funcionamiento de los centros, servicios y programas de servicios sociales y su ordenación dentro de la estructura funcional, territorial y competencial del sistema público valenciano de este ámbito. Por tanto, el citado decreto, a ojos del CJC, no ha tenido en cuenta los sobrecostes a los que tendrán que hacer frente, por ejemplo, los usuarios de los pisos tutelados para enfermos mentales o los de los centros terapéuticos para el Alzheimer, como ha venido recogiendo LAS PROVINCIAS, o que excluye a unos 8.400 usuarios de residencias.

Y aún hay más. El propio CJC «estima que, previamente a la norma proyectada, deben valorarse las alegaciones efectuadas por la citada entidad (en alusión a la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat) en relación con la existencia o no de errores en los cálculos efectuados en la memoria económica», una observación que también califica de «esencial». Por tanto, también afea que no se hayan tenido en cuenta las alegaciones de la patronal al documento o, al menos, se hayan analizado al detalle para constatar si eran o no correctas.

Estas premisas, además, están en línea de los requerimientos planteados por el Comité Económico y Social (CES), por lo que desde Aerte confían en que el departamento que ahora dirige Aitana Mas dé marcha atrás y descarte aprobar el decreto en los términos planteados.

Así, estas dos observaciones «esenciales», según el Decreto 37/2019 que aprueba el reglamento del CJC, indican el reparo del Consell a aquellos preceptos de un proyecto normativo que pudieran comprometer la plena observancia de la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el resto del ordenamiento jurídico. «Que el dictamen, en este caso, no sea vinculante para la Generalitat Valenciana, no quiere decir que esa situación deba ser ignorada. Al contrario, cualquier persona con responsabilidad política debería entender que, si se plantean objeciones jurídicas de tanto calado a un proyecto por parte del CJC, habría que resolverlas antes de la aprobación definitiva del decreto», ha valorado el presidente de Aerte, José María Toro.

El Consell Juridic Consultiu también insiste en la necesidad de estudiar adecuadamente las valoraciones hechas por Aerte a la memoria económica y que, según ésta, tiene una desviaciones muy importantes respecto a los cálculos que se han hecho por parte de la conselleria, lo que provocaría un aumento muy importante del copago que hacen las personas usuarias en distintos centros y que podría provocar que muchas personas no pudieran seguir recibiendo estos servicios como hacen hasta ahora.

«La consellería ha venido negando sistemáticamente los cálculos hechos por Aerte, pero tanto el CES como el CJC han planteado las mismas dudas sobre la memoria económica. ¿Hasta cuándo va a seguir insistiendo la Generalitat Valenciana en dicho error? ¿Importa más colgarse la medalla política que el impacto económico que va a tener en las personas usuarias?, se pregunta Toro.

En concreto, y por un lado, el nuevo decreto supone un tijeretazo a las ayudas para financiar las plazas en viviendas tuteladas para enfermos mentales; un recorte en las prestaciones que, en la práctica, convierte en poco menos que imposible contar con estos importantes recursos asistenciales, como denuncian los afectados. De hecho, en los casos más graves, la reducción de estas ayudas llega a los 1.600 euros mensuales, importe que los nuevos usuarios deberán abonar de su propio bolsillo para ocupar una de estas plazas, gasto al que la gran mayoría no podrá hacer frente.

El presidente de Aerte lo resume de forma clara: «La Conselleria de Igualdad ha recortado las ayudas a personas con problemas de salud mental para ser atendidas en una vivienda supervisada y ha bajado de 2.350 euros mensuales, que era el tope de la ayuda que había anteriormente, a 715 euros en el mejor de los casos. Esto, lo que provoca, es que mucha gente no pueda acceder al sistema, que se ha bloqueado, y que tampoco pueda hacer los procesos de transición entre la residencia, la vivienda tutelada y su propio domicilio, porque a cada paso que dan tienen miedo de no poder volver atrás porque la ayuda no se le respeta en el importe que tiene actualmente».

Y por otra parte, los enfermos de Alzheimer y sus familiares van a tener que hacer frente a un sobrecoste de hasta 550 euros en centros terapéuticos como el que gestiona la Asociación Alzheimer Valencia, una entidad sin ánimo de lucro.

Ana Morón, gerente de la asociación, lo explica de forma muy gráfica. «Nuestras plazas, con transporte, los cinco días de la semana y de 9.00 a 17.00 horas tienen un coste de 1.050 euros. Con el nuevo decreto, el mismo servicio va a costar 1.600 euros y lo van a pagar las familias». En la actualidad, algunos de los usuarios tienen una ayuda económica concedida de la administración que oscila entre los 200 y los 700 euros, aproximadamente, por lo que tienen que hacer frente a la diferencia, que aún será mayor con el nuevo modelo. Estas ayudas las reciben en torno al 40% de los usuarios del centro. Morón añade que la Administración «ha dejado caer» que incrementará las ayudas unos 200 euros, pero es sólo una promesa y no cubre ni la mitad del aumento del coste.

Este incremento viene derivado del aumento de la ratio de auxiliares. «Tenemos 70 plazas y oficialmente deberíamos contar con siete auxiliares, aunque tenemos nueve. El nuevo decreto nos obligaría a tener 21 auxiliares, algo innecesario en nuestro centro porque atendemos a personas que aún son autónomas, que necesitan rehabilitación cognitiva, terapéutica...», es decir, más técnicos especializados y menos asistencia. «El colectivo necesita un incremento del ratio de auxiliares, pero racional. Nos han pedido que pasemos de 7 a 21, y si lo fuera pagar la Administración, pues todos contentos. Pero van a ser las familias las que lo van a tener que asumir y muchas no van a poder seguir viniendo. Si todas tuvieran un centro público o privado costeado, todos encantados, pero no hay plazas públicas para todos ni de lejos», resume esta experta, que insiste en que este centro tiene un perfil terapéutico, pese a que la Administración quiera considerarlos a todos como centros de mayores, sin particularidades.

Las residencias de mayores y dependientes han sido una de las asignaturas pendientes del Consell del Botánico. El nuevo sistema que quiere poner en marcha la conselleria llega con muchos problemas sin resolver, como prevé Aerte. El primero de ellos, y de gran relevancia para la puesta en marcha del modelo, la falta de ayudas para los 8.400 pacientes, aproximadamente, que en este momento no reciben ningún tipo de aportación y que no están contabilizados por Igualdad en las previsiones económicas del nuevo decreto del Consell.

En las residencias de mayores, actualmente, hay más de 26.900 personas ingresadas, pero el cálculo que hace Igualdad es sobre una base de 18.559 plazas, por lo que alrededor de 8.400 pacientes se quedan fuera del nuevo modelo de Igualdad. ¿Y por qué están fuera? Pues porque en este momento no reciben ningún tipo de ayuda pública porque no ha sido aprobada todavía por la Generalitat, porque no tienen el grado de dependencia respecto al servicio que reciben o simplemente porque no han solicitado la ayuda por distintas cuestiones.

La Conselleria de Igualdad ha asegurado, por su parte, que la Dirección General de Presupuestos de la Conselleria de Hacienda emitió un informe favorable el pasado 9 de diciembre al proyecto de decreto por el que se regula la tipología y funcionamiento de los centros sociales, después de «las oportunas aclaraciones y memorias económicas complementarías, avalando la estimación económica de los gastos que se producirán con motivo de la entrada en vigor de este decreto».

Igualdad responde así al informe del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. El departamento que dirige Aitana Mas señala que «ninguna de este aclaraciones o memorias económicas complementarías hizo ningún requerimiento de revisión al cálculo de las prestaciones vinculadas al servicio que cuestiona Aerte» y explica que las desviaciones «erróneas» estimadas por la patronal se deben a «haber empleado unos ratios inadecuados y haber usado metodologías de cálculo diferente».