La Generalitat ha conseguido liquidar la deuda que contrajo con las universidades públicas entre los años 2004 y 2008, durante la última etapa de bonanza económica, y que llegó a rozar los 800 millones de euros.
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La mejor noticia es que lo ha hecho en ... el plazo previsto, no sin grandes esfuerzos financieros, y la peor es que el fin de los pagos implica una nueva obligación: ya no hay demora posible para aprobar el futuro modelo de financiación para los centros.
Hay que tener en cuenta que este dinero extra, añadido a las transferencias ordinarias que salen de los presupuestos autonómicos, ha servido básicamente para cubrir gasto corriente. Es decir, no se ha utilizado para hacer más cosas, sino para cubrir los agujeros derivados del actual reparto, que se mantiene en niveles similares a los de hace una década.
El pleno del Consell ha aprobado este viernes adelantar las cuantías de la última anualidad prevista, la correspondiente a 2022, mediante convenios con las cinco universidades. Implicarán poner a disposición de estas 73 millones de euros que salen de partidas presupuestarias que no se han llegado a consumir al cierre del ejercicio actual, que se añaden a los 21 que ya están consignados en los presupuestos de 2022, y por tanto, llegarán a las arcas universitarias a lo largo del próximo año. En total suman los 94 millones previstos, tal y como explica la Conselleria de Universidades.
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La deuda histórica se refiere a transferencias ordinarias, dinero para cubrir costes retributivos y de funcionamiento que nunca se llegó a pagar entre 2004 y 2008 pese estar contemplado en los correspondientes presupuestos de la Generalitat.
La bola se hizo cada vez más grande y la solución se empezó a perfilar en septiembre de 2014, con la firma de un acuerdo entre las partes y cuando el montante ascendía 768 millones de euros. La Generalitat asumió deudas financieras de los centros (en buena parte provocadas por los retrasos) e inversiones en infraestructuras inaplazables por un valor de casi la mitad de la cuantía total.
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El resto, 391 millones, se prorrateó en anualidades que se extendieron entre 2015 y 2022 y que se abonarían como añadidos a las transferencias ordinarias de los presupuestos. Con la llegada del Botánico se mantuvo el compromiso, quedando liquidado el pago tras el trámite del último pleno del Consell.
La clave, ahora, es el nuevo modelo de financiación, que tal y como prometió la consellera Carolina Pascual ya marcará la distribución de los fondos en 2023. Poco se sabe, más allá de que además de una cuantía básica, en función del tamaño de los centros, intervendrán otros criterios como pueden ser objetivos de docencia, investigación o transferencia.
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Como avanzó la rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre, los centros necesitan, al menos, 120 millones de euros adicionales a las transferencias ordinarias.
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