El Consell se da dos meses más para pactar la mejora de la financiación universitaria

La consellera de Universidades, Josefina Bueno, ha destacado este sábado que el objetivo de su departamento es tener cerrado en marzo, en el horizonte de dos meses, el nuevo plan de financiación para las universidades públicas, una mejora que lleva pendiente varias legislaturas y cuyo retraso ha provocado tensiones económicas en los centros e incluso de carácter laboral.

En los últimos días la Universitat Politècnica de València (UPV) ha vinculado esta falta de concreción con la huelga indefinida de informáticos convocada a partir del día 30, en el sentido de que sin saber la previsión de fondos de los que dispondrá para los próximos años no puede comprometerse con la mejora de la situación laboral y salarial del colectivo, pese a reconocer que sus condiciones son más precarias que en otras instituciones académicas.

«Estamos trabajando semanalmente con las universidades, escuchando todas las propuestas. El diálogo está abierto y hay voluntad por parte de todos para alcanzar pronto ese acuerdo», ha explicado Bueno en declaraciones a LAS PROVINCIAS.

«Los equipos económicos de las universidades conocen la propuesta de plan de financiación plurianual, pero no está cerrada porque se están analizando los indicadores para que sea bien acogido por parte de todos. Ningún gobierno ha estado tan comprometido con las universidades como el Gobierno que lidera Ximo Puig», ha defendido, antes de referirse a otras medidas que sí se han materializado con el Botánico, como el pago de la deuda histórica, cuyas anualidades acordó el PP y que prácticamente se finiquitó en 2022, el aumento de la dotación para investigación, el programa GenT para el retorno de científicos, la bajada de las tasas de matrícula o el incremento presupuestario para becas autonómicas.

En cuanto a la mejora de los fondos que transfiere la Generalitat, que suponen el principal ingreso de las universidades públicas, el presidente Puig se comprometió a que el modelo de financiación plurianual se pudiera aplicar en los presupuestos de 2023, que sin embargo están vigentes mientras que la negociación entre las cinco universidades y la conselleria sigue abierta, siendo el principal escollo los criterios de reparto.

Sobre todo, el peso que debe tener en la dotación final de cada centro la docencia (el número de grados y alumnos) y los resultados de investigación. Pese a la complejidad, Bueno se muestra convencida de que «se alcanzará el consenso» y lo ve «encaminado» para poder sellarlo en marzo, lo que dará «estabilidad financiera» a las universidades.

La otra reivindicación ya endémica de las instituciones académicas tiene que ver con la mejora de las retribuciones del personal laboral de la red pública, como los profesores asociados, un problema que se deriva de la falta de convenio colectivo, siendo la única región que no dispone de este instrumento laboral. Las negociaciones entre sindicatos, universidades y administración se iniciaron en la anterior legislatura y cristalizaron en un preacuerdo presentado pocos días antes de las elecciones de 2019.

Sin embargo, los reparos del Gobierno, al implicar un incremento de la masa salarial del personal público, han impedido hasta la fecha su aplicación. Puig prometió que estaría desbloqueado antes de finalizar 2022, pero todavía faltan los últimos detalles. La demora acumulada ha llevado a los profesores asociados de la Comunitat a sumarse a la huelga indefinida convocada en toda España (enfocada en este caso contra la LOSU) que empezará el 31 de este mes.

Bueno ha recordado que se han reservado 21 millones de euros en los presupuestos de 2023 para atender las reivindicaciones salariales del personal laboral, lo que también incluye a los profesores ayudantes, ayudantes doctores, colaboradores y contratados doctores. Pero antes hay que «ultimar los flecos jurídicos al tratarse de un tema de mucha complejidad».

El pasado octubre la conselleria anunció que la vía sería la modificación de un decreto autonómico, permitiendo acogerse a una excepcionalidad recogida en los Presupuestos Generales del Estado para aumentar la masa salarial. «Estamos ya con esa modificación, en la que trabajan la Dirección General de Universidades, la Dirección General de Presupuestos y los equipos jurídicos», ha explicado la consellera.

Por último ha defendido el incremento de 31 millones en los presupuestos de 2023, respecto al proyecto inicial, para salir al paso de las dudas de algunas universidades, en el sentido de que se llegó a advertir de riesgos para afrontar las nóminas. Por un lado por los incrementos salariales del personal, sobre todo los derivados por normativas estatales y autonómicas de obligado cumplimiento, como complementos específicos por experiencia acumulada o relacionados con logros de investigación, y por otro, ante el elevado aumento de los costes energéticos.