El Consell anuncia una rebaja en el agua desalada que Europa prohíbe

Puig reiteró que el Consell seguirá ayudando a los regantes porque «el gran objetivo no es la utilización política permanente del agua». «Lo que interesa a los regantes y a la Comunitat es tener agua para siempre, y eso lo vamos a conseguir», dijo.

Además, garantizó que la Generalitat se mantendrá «donde ha estado siempre desde el minuto cero» respecto a este trasvase. «Hemos ido más de 40 veces a los tribunales y continuaremos yendo, pero queremos agua para siempre, no como ustedes que estuvieron durante un año sin aportar ni una gota al Tajo-Segura», declaró en alusión al gobierno del PPCV antes de 2015.

En este sentido, la Generalitat ha encargado un informe a la Abogacía para que estudien las posibles vías jurídicas para poder presentar un recurso. Con el documento se avanzará en las distintas posibilidades.

El problema de esta ayuda es que la Unión Europea prohíbe las subvenciones directas a los medios de producción para evitar la competencia desleal. Hasta ahora el Gobierno ha podido fijar el precio del agua desalada gracias al decreto de sequía de la cuenca que venció el pasado diciembre. Fuentes de la Generalitat señalaron que se buscará la arquitectura legal necesaria para no infringir la legislación europea. En este sentido, explicaron que pueden incluirse en las subvenciones 'de minimis' que reciben los agricultores o en otro tipo. Pero resaltaron que no habrá ningún problema.

Por su parte, los agricultores no ven con buenos ojos esta ayuda. En opinión de José Vicente Andreu, presidente de Asaja-Alicante, se trata de «un parche y no de una solución» del Consell. «Diez céntimos no arreglan nada» y añadió que «si no se solventa el problema del trasvase, esta cantidad no es ninguna solución».

Andreu calificó de «tibia y desilusionada» la política del Consell ante el recorte en el trasvase. «No vale que se eleve la voz al final. Hace tiempo que se tenía que haber oído con más energía, con más firmeza», expreso el dirigente de la asociación de agricultores.

También criticó la actitud del Consell el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, que señaló que la redacción de la disposición novena y la disposición final tercera del decreto -en las que se basa el Gobierno valenciano para estar moderadamente «satisfechos» con la decisión de Ribera- «es lo mismo que no decir nada». Indicó que el contenido de esas dos disposiciones es «tomarnos por imbéciles».

Los regantes van a presentar un recurso contra el decreto en el Tribunal Supremo y no descartan continuar con las medidas de presión.

Por su lado, el portavoz adjunto del PP en Les Corts, Miguel Barrachina, señaló que «es una vergüenza que la única opción de Ximo Puig para los regantes sea que va a subvencionar el agua desalada».

Por su lado, la Diputación de Alicante se ha unido a la Región de Murcia y ha anunciado que presentará un recurso contra el decreto. El presidente de la corporación, Carlos Mazón, avanzó que han iniciado los trámites.