El Consell se queda sin tiempo para aplicar la nueva ley de plurilingüismo el próximo curso

Y todo debe quedar resuelto, como también se ha dicho públicamente, antes de que empiece la admisión de alumnos, cuyos trámites previos arrancan a finales de marzo aunque la presentación de solicitudes por parte de las familias llegue a caballo entre abril y mayo. De lo contrario, participarían a ciegas en el procedimiento, eligiendo centro a sabiendas de que en los meses siguientes cambiaría el peso de las lenguas. Porque alguna modificación habrá, teniendo en cuenta que Educación ha anunciado que la lengua base, la principal, dependerá del resultado de una consulta entre todas las familias censadas, un sistema completamente distinto al actual.

La intención del departamento es impulsar una nueva ley para todo el territorio -no sólo las zonas castellanohablantes- para derogar la heredada del Botánico. E iniciará su andadura como una proposición de ley que presentará el grupo popular, en solitario o junto a Vox.

Este paso, que a día de hoy no se ha dado, supone el pistoletazo de salida para la tramitación parlamentaria, que debe respetar una serie de plazos y fases consecutivas que empiezan con la publicación en el Boletín Oficial de Les Corts y con la petición del criterio del Consell sobre la pertinencia de la norma, con sus quince días de margen, para que pueda entrar en el siguiente pleno para su toma en consideración, que la mayoría del PP y de Vox hará posible.

Entonces pasaría a la comisión de Educación del parlamento, activándose la fase de presentación de enmiendas a la totalidad o parciales (otros 15 días) que también podrían requerir de un informe de conformidad del ejecutivo (15 más) si implican incrementos o minoraciones de los ingresos presupuestarios. Se alcanzaría así el debate plenario sobre las de totalidad, que se da por sentado atendiendo al más que previsible rechazo de los grupos de la oposición. Superado el trámite, la comisión tendrá que deliberar sobre las enmiendas parciales, publicar una ponencia o una ordenación de las mismas y convocar una nueva reunión para su votación, resultando un dictamen que abrirá la última puerta: el debate de aprobación en otro pleno de Les Corts.

Por si fuera poco, en 2017 se articuló un proceso de participación ciudadana que permite a cualquier interesado intervenir ante la comisión, antes de la presentación de enmiendas. Eso sí, deben ser autorizados por los grupos parlamentarios, siendo muy probable que tanto PSPV como Compromís recurran a esta opción, consiguiendo al menos dilatar un poco más el proceso. Ya se hizo, pero a la inversa, con la ley lingüística vigente.

En resumen, para que el cambio lingüístico llegue el próximo curso se necesitan tres plenos, cuando lo habitual es que se convoque uno cada mes, aunque las prisas pueden llevar a pedir convocatorias extraordinarias.

También cabe la posibilidad de que se declare la tramitación de urgencia, que reduce los plazos a la mitad pero no evita pasos parlamentarios. Ya lo hizo el Botánico para llegar a tiempo con su proyecto, cuyos tiempos ayudan a entender por qué los partidos ahora en el Consell lo tienen más que complicado.

Entonces la propuesta se publicó en el boletín el 13 de octubre de 2017, y su aprobación, tras todo el recorrido, el 21 de febrero de 2018, surtiendo efectos dos días después. Cuatro meses en total. Si se traslada este plazo a la situación actual, aún cuando la proposición se presentara mañana mismo, no hay margen suficiente para tener la nueva ley antes de la admisión.

En la ecuación también influye el calendario, salpicado de festivos de Magdalena, Fallas, Semana Santa y Pascua. La Junta de Síndics de Les Corts se reúne este martes, y se prevé que se clarifiquen los plenos a celebrar y toda la pauta de actividad parlamentaria hasta julio.

Además, la entrada en vigor no implica una aplicación automática. De manera paralela tiene que diseñarse la aplicación informática para la consulta a los padres, y la lógica indica que se activaría con la nueva ley vigente, por una cuestión de seguridad jurídica. Y en base a los resultados, la dirección general competente debería dictar la autorización administrativa necesaria para que los programas lingüísticos resultantes fueran válidos.

En noviembre, en su comparecencia en Les Corts, el conseller Rovira dejaba clara la hora de ruta a seguir. «Esperemos tener ya aprobada para el próximo curso la ley que derogará la Ley de Plurilingüismo (botánica)», dijo.

Más recientemente, el secretario autonómico se pronunciaba en términos similares, aunque con algo más de cautela. Como recogió Europa Press, se intentaría que el nuevo marco normativo estuviera listo para el próximo curso escolar, aunque dependería de la tramitación parlamentaria y de la aplicación informática. Además se recordaba que todo tendría que estar listo para el proceso de admisión.

«Esperamos llegar a tiempo», dijo McEvoy, antes de puntualizar que, por si acaso, se decidió introducir ya en la ley de acompañamiento la reforma para que el valenciano dejar de ser lengua vehicular en zonas castellanohablantes. Esta modificación, por la vía de urgencia, sólo afecta a parte del territorio, a diferencia de lo que sucederá con la futura ley, la definitiva, que sustituirá a esta regulación extraordinaria.

LAS PROVINCIAS contactó con Educación para saber si se contempla la opción de retrasar la aplicación de la ley un curso si no se llega a tiempo, aunque no obtuvo respuesta. Tampoco se pronunció el grupo parlamentario popular, que fue interpelado sobre los plazos que manejan para poder cumplir con el compromiso trasladado.