El Consell rebajará el nivel exigido a los profesores para dar clases en inglés

Exactamente se eliminará la disposición incluida en la Ley de Plurilingüismo del Botánico que exigía, a partir del curso 2027-2028, un C1 para poder impartir materias no lingüísticas en inglés. Hasta entonces continuaría el requisito inferior, el B2, que con la nueva regulación se mantendrá 'sine die'. Si bien se consolidará un nivel de destreza más bajo, también es cierto que se ha considerado perfectamente válido en los últimos años para dar clase. Otra cosa es la asignatura de Lengua Extranjera propiamente dicha, que precisa de otros requisitos que acreditan un dominio avanzado.

Más allá de la dificultad que supondría para miles de docentes la obligación de llegar al C1, por lo que implica en términos de reciclaje profesional, y el consiguiente riesgo de no disponer de manos suficientes para aplicar los programas lingüísticos -todos los centros deben y deberán dar una materia en lengua extranjera, además de la de Inglés-, la iniciativa se justifica en que se pretende incentivar que los profesionales vayan a por el nivel avanzado, en lugar de imponer su certificación dentro de cuatro cursos.

Al menos es lo que se desprende de la proposición de ley que ya tramita Les Corts, que dice que «los centros adoptarán las medidas oportunas en sus planes de formación del profesorado para que estos docentes -los que asuman las materias en inglés- puedan recibir la formación necesaria hasta alcanzar el C1». El articulado se refiere al diseño de los programas de formación permanente que elaboran las escuelas, que pueden disponer de recursos económicos para ello, en el sentido de que deberán fomentar el perfeccionamiento de los idiomas extranjeros, entre otros contenidos.

No es la única iniciativa sobre la cuestión que contempla la propuesta del PP y Vox, pues también recoge otros incentivos para los profesionales que den el paso de asumir una asignatura no lingüística en inglés. Así, se darán puntos en los concursos de traslados de ámbito autonómico, el procedimiento que permite cambiar de plaza definitiva, por ejemplo para acercarse a la localidad de residencia, o se priorizará su participación en las actividades de formación del profesorado (se entiende que más allá del plan específico de su centro, como puede ser la oferta de los Cefires).

Además, los profesionales que impartan estas materias en la ESO, Bachillerato o Formación Profesional «tendrán preferencia en las elecciones de turnos y horarios sin perjuicio de los derechos reconocidos al personal docente de los cuerpos de catedráticos», por lo que se infiere que, tras estos, tendrán prioridad en la elección.

 

Es cierto que la futura ley no vincula estos últimos beneficios con disponer de un C1 (sólo se refieren a que impartan asignaturas en inglés, algo que se podrá hacer con un B2), aunque es lógico pensar que tendrán más opciones de asumir estas clases los docentes con un nivel más avanzado.

En cuanto al requisito lingüístico en valenciano, el C1, será necesario para dar cualquier clase en Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato o en centros para personas adultas, pero ya no será necesario para los cuerpos específicos de Formación Profesional o de estudios de régimen especial como los de música, danza, artes plásticas y diseño o escuelas oficiales de idiomas (salvo que se trate de cursos de valenciano). PP y Vox han justificado esta relajación en evitar que el requisito suponga una barrera a la hora de atraer especialistas, si bien hay que tener en cuenta que el disponer del citado nivel seguirá dando ventaja en los procedimientos de provisión de puestos, pues se valorará como mérito.

Respecto a las primeras etapas, en las que sí se necesitará el antiguo Mitjà, se establece una excepción especial pensada para funcionarios de carrera que tienen plaza en otra comunidad autónoma y quieren trasladarse a la valenciana mediante una comisión de servicios por una necesidad social o familiar (como un traslado laboral). Podrán obtener destino por un plazo de cuatro años, pero una vez agotado no tendrán más remedio que conseguir el certificado si quieren continuar ejerciendo en la Comunitat.

La proposición de ley, que previsiblemente empezará a desplegar efectos el próximo curso, supone un cambio de modelo en el peso de las lenguas oficiales en la enseñanza, que a grandes rasgos se basará en las preferencias que trasladen las familias en la admisión de alumnos y mediante una consulta (para los ya matriculados). Pero además incluye una batería de medidas adicionales a nivel organizativo, como que cualquier escrito que se envíe desde el centro sea bilingüe o que los alumnos (a partir de la ESO) puedan elegir en qué lengua realizan sus exámenes y demás pruebas de evaluación.