El Consell rechaza una ley para que los padres elijan clases en castellano

Se trata de un paso obligatorio y previo a cualquier debate parlamentario sobre la petición de la entidad. Y el posicionamiento, teniendo en cuenta que una nueva ley supondría dinamitar el sistema lingüístico actual, deja claro que no hay ningún interés en el Botánico de tocar una coma de su norma, que ha causado polémica especialmente en las zonas castellanoparlantes.

Con la Ley de Plurilingüismo todos los alumnos de un centro se forman con el mismo modelo, diseñado por el profesorado y validado por el consejo escolar o la titularidad (en los concertados). En Primaria el 57,7% de las escuelas tienen el valenciano como lengua mayoritaria (más del 45% del tiempo lectivo, que se comparte con el español y el inglés). Previamente, cuando existía el doble programa lingüístico (unos niños formándose en una lengua oficial y los de la clase de al lado en la otra) las líneas de castellano estaban presentes en más de 900 centros. Con la norma 'botánica' se redujeron a algo más de 400. Y en Secundaria, el 61% del alumnado estudia con el valenciano como lengua mayoritaria -y por tanto el 39% hace lo propio con el castellano- cuando en 2015 los porcentajes eran del 28% y el 72% respectivamente.

La proposición de Ley de Libertad de Elección de Lengua de Hablamos Español plantea que cualquier alumno pueda cursar sus estudios con el castellano o el valenciano como lengua mayoritaria pudiendo elegir los padres, y permitiendo que los poderes públicos también diseñen «modelos en los que sean vehiculares ambas lenguas» sin que se coarte el anterior derecho. Además recoge la idea de que las oficiales se estudien como materias y esboza una planificación, fijando que se oferte determinado modelo (con castellano o valenciano como lengua base) si al menos 25 alumnos de una zona o municipio lo reclaman. En caso de no llegarse al mínimo, podrían matricularse en un centro de otra localidad o área de influencia o permanecer en el suyo con derecho a utilizar libros en su lengua de preferencia, en los exámenes o para dirigirse al profesorado.

El dictamen del Consell defiende que la ILP «contraviene la jurisprudencia en materia de lengua vehicular», en el sentido de que «el pretendido derecho de opción lingüística, tanto en el sistema educativo como en el centro, carece de raíz constitucional», citando varias sentencias del alto tribunal. Se defiende así que el derecho a la educación que garantiza la Carta Magna «no comporta que la actividad prestacional de los poderes públicos pueda estar condicionada por la libre opción de los interesados (...), y por ello están facultados para determinar el uso de las dos lenguas que son cooficiales en una comunidad». Otra frase que se destaca de las sentencias del Constitucional es que «no hay que pretender que (la enseñanza) se imparta exclusivamente en una de las dos lenguas oficiales». En este sentido Hablamos Español, muy crítica con este posicionamiento del tribunal, defiende que esta jurisprudencia no obliga a las administraciones a imponer una lengua distinta al castellano. Es decir, que la regulación que hagan es una cuestión de voluntad política. De ahí la ILP.

El escrito del Consell dice además que «lejos de modelos caducos que segregan según la lengua de aprendizaje», en clara alusión a la doble línea del PP, el ejecutivo valenciano ha impulsado «acciones políticas tendentes a incrementar el capital lingüístico de la ciudadanía, a superar las barreras idiomáticas y a eliminar los prejuicios hacia las lenguas coexistentes dentro de un mismo territorio». Y pone como ejemplo la Ley de Plurilingüismo, que pretende «garantizar un conocimiento óptimo de las dos lenguas oficiales, y al menos, una extranjera».

La «corrección de desequilibrios sociales y territoriales» para vertebrar la sociedad valenciana, profundizar en las diversas variedades lingüísticas, promover el respeto a la identidad plural« o el »reconocimiento del valenciano como lengua propia de todos los valencianos y la necesidad de aprendizaje de las lenguas de comunicación internacional« son otros argumentos que utiliza el Consell para justificar su modelo.