La mesa de expertos creada por la Generalitat para fijar las bases de la futura financiación de las universidades públicas valencianas ya ha trasladado sus conclusiones, que servirán para crear un modelo en el que parte de los fondos estarán condicionados a los resultados obtenidos en los ámbitos de docencia, investigación y transferencia de conocimiento.
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Tal y como informó ayer la conselleria que dirige Carolina Pascual, el nuevo sistema tendrá una vigencia de diez años y entrará en vigor en el curso 2022-2023.
Actualmente las transferencias de la Generalitat, la principal fuente de ingresos de las instituciones públicas, se calculan en su mayor parte atendiendo a los costes de funcionamiento, por lo que dependen claramente del tamaño. En 2010 se pactó un nuevo modelo a aplicar hasta 2017 que nunca llegó a entrar en vigor debido a la anterior crisis económica, y ya preveía una distribución de fondos (aproximadamente el 60% del total) basada en resultados y objetivos.
La idea es recuperar esta filosofía, aunque fijando de nuevo los criterios a tener en cuenta, algunos de los cuales se desprenden de la propuesta de los expertos, que fijan tres ejes a incentivar.
En el referido a la docencia de calidad apuntan a una «alta inserción laboral acorde con la formación de los egresados», mientras que en el ámbito investigador destacan «la producción científica, medida con índices de excelencia», y la captación de recursos económicos y humanos en convocatorias competitivas.
En cuanto a transferencia, se concreta como futuro indicador el número de patentes registradas, y se hace hincapié en la importancia de fomentar «la captación de ingresos derivados de proyectos de transferencia o trabajos de investigación y desarrollo tecnológico, contratados por agentes públicos y privados».
Las conclusiones de la mesa se van a plasmar en un documento técnico que se trasladará a las universidades para pactarlo. «Siempre hemos defendido un plan de financiación plurianual, por objetivos y consensuado y seguimos apostando por ello», dijo Pascual, quien destacó «la importancia de la estabilidad y sostenibilidad en la financiación para que las universidades valencianas puedan crecer y consolidar su proyección internacional».
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Según las fuentes consultadas por LAS PROVINCIAS, aunque parte de los fondos se transferirán en base a los resultados obtenidos también existirá una financiación básica que responderá al tamaño de las instituciones. Y una de las claves, de la que dependerá el mayor o menor consenso, está en las cantidades de partida. Los rectores han advertido en varias ocasiones que el nuevo modelo debe acompañarse de un aumento de la financiación y no limitarse a un reparto distinto de las cuantías actuales, que apenas han evolucionado en la última década.
Por otro lado, la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) publicó ayer el informe 'Las universidades españolas. Una perspectiva autonómica 2020', que permite comparar la situación de los diferentes sistemas en multitud de parámetros. Por ejemplo, el valenciano flaquea en cuanto a la inserción laboral, pues la tasa de paro de los graduados superiores se situaba, en 2019, en el 9,8%, sólo por detrás de Andalucía, Extremadura y Canarias. En cambio, destaca en rendimiento de los alumnos (en cuanto a asignaturas aprobadas sobre las matriculadas) o en relación a las patentes registradas.
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