La conselleria de Mónica Oltra copa una de cada tres quejas al Síndic de Greuges

El Síndic de Greuges dictaminó el pasado año cerca de 1.200 resoluciones en las que establecía una serie de recomendaciones a las administraciones valencianas, informes elaborados a partir de otras tantas quejas recibidas por parte de ciudadanos descontentos con la atención o el servicio prestado por los Gobiernos autonómico, provinciales o locales, principalmente, y que solicitaban el amparo y la intermediación del defensor del pueblo valenciano. De ellas, algo más de 400 iban dirigidas a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que encabeza Mónica Oltra.

Las demoras a la hora de resolver los expedientes de dependientes para que los solicitantes puedan beneficiarse de las ayudas previstas en la normativa es el motivo que más se repite, con más de 300 quejas recogidas en 2017. Así, prácticamente a diario el Síndic de Greuges recibe reclamaciones de dependientes que siguen a la espera de recibir la prestación que les corresponde por ley y que, pasados los seis meses del plazo legal, siguen sin tener noticias de la citada ayuda pública.

Ante esta situación, el defensor del pueblo valenciano traslada constantemente a la conselleria la necesidad de que acelere los trámites puesto que, en la actualidad, son cerca de 30.000 los solicitantes que todavía no han visto resuelta su situación, prácticamente la misma cantidad que a principios de año. Bien es cierto que el aluvión de nuevas solicitudes, unas 22.000 el último año, ha hecho que los esfuerzos por sacar adelante los expedientes (más de 6.000 nuevos beneficiarios el último año) no se hayan traducido en una reducción notable de la cantidad de solicitantes sin ayuda.

Sin embargo, el Síndic también ha emitido recomendaciones al departamento de Oltra sobre otras reclamaciones relacionadas con deficiencias en residencias públicas por falta de personal, peticiones de traslados de residencias no atendidas, demoras en el pago de prestaciones para el acogimiento familiar de menores o retrasos en las valoraciones de discapacidad, entre otras.

Uno de los últimos expedientes impulsados por el defensor del pueblo en la Comunitat, fechado el pasado 29 de diciembre, hace referencia a una queja iniciada a finales de septiembre de 2016. Los familiares de una interna en una residencia de gestión pública de la provincia de Alicante habían trasladado a la dirección general las «graves deficiencias» en la atención a los residentes provocadas, en su opinión, por falta de personal. Después de analizar el caso, con los datos aportados por la propia conselleria, el Síndic solicita al departamento que concrete si dotará a la residencia de los medios necesarios.