Vecindarios a medida en la Comunitat

¿Imagina elegir a sus vecinos, pactar un entorno, diseñar junto a un arquitecto el edificio o bloque donde va vivir y acomodarlo plenamente a sus necesidades? Es el espíritu del 'cohousing', una modalidad exportada del norte de Europa y de Estados Unidos y que ya cuenta con seguidores en la Comunitat dispuestos a construir su hábitat soñado. Y ya han pagado por ello, aunque aún esté todo en el aire.

A grandes rasgos, rompe el modelo tradicional en el que uno compra una casa sobre plano, alquila o adquiere un piso ya construido y hereda entonces un vecindario a menudo ajeno. Aquí es todo al revés y muy colectivo: primero conozco a quienes serán mis vecinos, decidimos qué queremos y construimos los hogares en un entorno pactado, con compromisos de apoyo mutuo.

Buena parte de los interesados en esta manera de cohabitar son personas mayores en busca de una jubilación «más humanizada» y alejada del modelo residencial. Como el grupo del proyecto ConVivencia, en la localidad alicantina de Castalla. Actualmente son 24 socios de 35 previstos y ya sueñan juntos con su nuevo hogar.

Será, si todo sale bien, en El Choclo, un terreno rústico de una antigua finca agrícola a las afueras del pueblo, junto al Riu Verd. Basan su modelo en la cesión de uso y pretenden reactivar los cultivos. En esencia, «se constituye una cooperativa propietaria del terreno y del edificio. Las personas tendrán derecho a usar y disfrutar sus espacios, instalaciones y servicios a cambio de una aportación inicial al capital y, después, una cuota mensual».

Se parece al alquiler, pero no lo es del todo «porque se paga a precio de coste, sin los vaivenes del mercado», exponen desde la entidad. Tampoco hay un propietario del que depender «porque los propios socios son copropietarios y ponen sus condiciones», agregan. También se asemeja a una compra por esa aportación inicial que permite arrancar el proyecto y convierte a los participantes en copropietarios, pero hay diferencias. No se puede vender libremente. «Cuando la persona deja el proyecto o fallece, ella o sus herederos reciben lo que entregaron y otro ocupa su lugar con una aportación similar, sin especulación posible», desgranan.

El capital inicial lo han fijado en algo más de 36.000 euros. Es lo que paga cada socio al entrar en la cooperativa. Dota al proyecto de «fondos propios para los costes de promoción que no van a ser cubiertos por préstamos u otros sistemas de financiación» y representa el 30 % de la inversión total.

Una vez construido el edificio, los residentes abonarán una cuota mensual no retornable de unos 500 euros. Es el pago del alojamiento en cesión de uso y sirve para cubrir el préstamo hipotecario, el mantenimiento o las mejoras en las instalaciones. Será fijo y se mantendrá cuando la cooperativa termine de pagar el préstamo, para reforzar los fondos propios. «También prevemos una cuota de servicios para los gastos de suministros, comedor o jardinería y contribuciones a fondos comunes como el de apoyo a la dependencia», detallan.

Otra condición es que el apartamento individual o de pareja sea utilizado como residencia habitual y no como segunda vivienda, apartamento de vacaciones o similar, «sin limitar por ello las posibilidades de viajar, ausentarse una temporada, o intercambiar temporalmente el apartamento» con personas de proyectos similares.

El centro contempla espacios comunes como comedor, cocina, salas de estar, de actividades, lavandería o talleres. Es como un 'micropueblo' dentro de Castalla. Y está ideado, en su arquitectura, para plantar cara a la soledad o a los problemas de dependencia.

El terreno ya está adquirido y se han quemado varias etapas. Pero falta lo fundamental: «Consolidar la viabilidad jurídica, técnica, económica y social, gestionar los permisos necesarios para la autorización del proyecto», explican.

Así resume estos baches Jorge Toledo, arquitecto y gestor de comunidades de 'cohousing', que colabora con el proyecto de Castalla. «El reto ahora es conseguir de la Generalitat la Declaración de Interés Comunitario que permita autorizar la obra en este terreno». Para ello «es necesario que la administración reconozca su carácter asistencial, como alternativa transformadora y mucho más deseable a las residencias tradicionales».

En Asturias, Navarra, Madrid, Galicia o la propia Comunitat, la legislación ya reconoce el 'senior cohousing' o viviendas colaborativas para personas mayores como parte de los servicios sociales, «pero es tan nuevo que tiende a vernos todavía como viviendas sin más, cuando el concepto que desarrolla la cooperativa está más cerca de lo que se exigiría a un centro de mayores de toda la vida».

¿Y si los planes no llegan a buen puerto? Aquí, y en el 'cohousing' en general, «se podría vender el terreno, disolver la cooperativa y devolver la parte de capital proporcional a cada persona». O, sin llegar a deshacer la cooperativa, «buscar otro terreno u opciones».

Una de las participantes en ConVivencia es Mari Carmen, una maestra jubilada de 68 años que reside en San Vicente del Raspeig. «El cooperativismo es interesante. Me parece fundamental una jubilación entre personas con valores afines que preparen juntos la etapa final de la dependencia», valora. Ella ha invertido 37.300 euros en el proyecto de El Choclo. «Nosotros nos iremos, pero la cooperativa permanecerá. Es una hermosa iniciativa social».

Otro de los cooperativistas es José Antonio, un ingeniero jubilado de la misma edad que vive en Castalla. Así resume lo que le mueve a participar: «Esta manera de vivir hace que la etapa 'senior' de la vida tenga un gran contenido y sea feliz». Además, «se descarga a la familia de las tareas de cuidar a una persona mayor y se sustituye por la atención mutua entre los miembros de la comunidad», ensalza.

Agora Alicante Vivienda Colaborativa también está en marcha. En este caso no sólo para mayores. Paloma Chaparro, maestra jubilada de 62 años, es una de las impulsoras. «Todo nació a través de Vida Sostenible, una empresa que presentó un proyecto para conseguir un terreno público de la Generalitat y así hacer posible la vivienda colaborativa. Después surgió la cooperativa Ágora Alicante para a agrupar a los futuros habitantes».

Son una veintena de participantes, entre ellos familias. Hay enfermeras, profesores, trabajadores sociales, autónomos... Los miembros aportaron unos 16.000 euros, con el compromiso de abonar otros 14.000 cuando empiece la obra, cantidad que, en suma, será un 20% del coste de la obra. Y ahora buscan financiación para el 80% restante.

La forma jurídica del proyecto es la cesión de uso, similar al modelo de Castalla, e incluye un plan de cuidados mutuos entre los futuros vecinos. Pero el camino no es fácil. Así explica Chaparro la encrucijada: «Los bancos piden avales, pero una de las condiciones que puso la Generalitat para ceder el terreno es que el habitante no tenga casa en propiedad. Por tanto, la cooperativa no puede avalar el posible préstamo bancario con ninguna propiedad ni con el suelo porque también es de la Generalitat». Viven tiempos de «reuniones para intentar salvar los baches».

Su proyecto está en plano y recreación 3D, pero sin fecha para las obras. Es una edificación diseñada bajo las necesidades y parámetros marcados por los cooperativistas, con el visto bueno del ayuntamiento. Ocupará una parcela de 2.500 metros cuadrados en el barrio alicantino de Rabasa, con 18 viviendas unifamiliares adosadas en dos alturas, de unos 70 metros cuadrados. Con piscina común, huerto, una cocina industrial, un comedor, lavandería, salas multiusos...

«Creo que nos permitirá vivir de un modo más humano. Conozco ya personalmente a mis futuros vecinos. No será todo de color de rosa, pero romperemos con esa frialdad de los edificios en los que no conoces ni al que ves en el ascensor», destaca la cooperativista. «Y no es una comuna, como puede parecer. Vives en tu casa cuando quieres, pero compartes más cosas con los demás y hay más preocupación mutua».

Fran Merino es el director técnico de FECOVI, siglas de la Federación de Cooperativas de Viviendas y Rehabilitación de la Comunitat Valenciana. Ellos coordinan y asesoran a los impulsores de las iniciativas y funcionan como enlace con la Administración. Merino cifra en 18 los grupos de 'cohousing' gestados en la región. Aproximadamente la mitad están integrados por mayores con miras a su jubilación.

«La mayoría tienen ya el grupo motor formado y buscan suelo y financiación». Pero hay cinco «más avanzados que ya cuentan con suelo y proyecto de arquitectura», detalla. Ágora Vivienda Colaborativa y Sistar Cohabitatge, en trámites de reclasificación urbanística, ConVivencia en gestiones para una declaración de interés urbanístico, Resistir Godella, a punto de obtener licencia de obras y Edeta Nova (Mayores Solidarios), en proceso de urbanización del suelo.

Entre las dificultades en el camino, la federación señala cierto «desconocimiento entre los agentes implicados, la complejidad de encajar el modelo entre las normas existentes, encontrar un suelo disponible o conseguir financiación».

Precisamente este mes la Generalitat ha publicado la Ley de Viviendas Colaborativas. El emergente sector confía en que sirva de impulso y rompa esas barreras que lastran el avance del 'cohousing' valenciano. Su objetivo, destaca el Consell, es «regular», estableciendo el «concepto legal, requisitos y régimen jurídico de los titulares», además de las «condiciones para que sean calificadas de interés social».

Otro proyecto 'senior' que se abre paso en Valencia es Sistar Cohabitatge. Aglutina a 26 personas de entre 50 y 68 años y de varias provincias que se constituyeron como cooperativa en 2020. Además, hay una decena de interesados. «Nuestra meta es afrontar la vejez de forma activa y colaborativa hasta la finalización de nuestra vida», anhelan.

Quieren materializar su complejo residencial en Alfara de la Baronía, en Camp de Morvedre, con vistas a la Sierra Calderona y Espadán, en una extensión de más de 39.000 metros cuadrados. En este caso se prevén 32 viviendas colaborativas de 60 metros y zonas comunes con cocina, comedor, administración, biblioteca, sala multiusos, salas medicalizadas, lavandería, jardines, piscina, huerto y barbacoa.

Un aspecto común en el 'cohousing' es un marcado ecologismo, también presente en el grupo de Alfara. Conciben su residencia de jubilación con «eficiencia energética, autoconsumo mediante aerotermia, energía solar y recuperación de agua de lluvia o tratamiento de aguas grises».

Begoña Careaga, es una de las socias. Tiene 66 años y es una enfermera jubilada. «Estamos esperando a resolver trámites legales para obtener la licencia de obras e intentando crecer como comunidad, que gente de nuestra franja de edad se anime a invertir en el proyecto». Según resume, «vamos sin prisa, pero sin pausa», sumando esfuerzos entre profesores, farmacéuticos, médicos o autónomos. «Es ahora, antes de ser más mayores, cuando podemos coger este tren», comprende

Ella confía en que Sistar Cohabitatge sea una realidad en media década. Vivía sola y ha vendido su casa para invertir en el sueño. Y mientras lo espera se ha buscado un alquiler. «Cada socio ha aportado 41.000 euros por unidad de convivencia, pero el gasto final ascenderá a unos 175.000» para la construcción de todo el complejo.

La cooperativista se siente entusiasmada y cree que es hora de cambiar el chip en un panorama de envejecimiento de la población y muertes en soledad. El 'cohousing' «elude un modelo de residencia que no nos gusta y es una solución perfecta para volver a los pueblos en la etapa final de la vida y acabar, en parte, con la España vaciada». Suma «ventajas como costear en común los servicios comunes de fisioterapia o incluso albergar en una de las casas a un cuidador de mayores si fuera necesario».

 

Este nuevo concepto de espacio ideado en común para la vejez también recibe el nombre de jubilar. La Asociación Jubilares lleva ya diez años trabajando a nivel estatal por su proliferación. Representa a más de 200 personas y entidades. Según Isabel Cartón, vicepresidenta y portavoz, «son iniciativas aún complicadas, con vericuetos legales y financieros, pero posibles».

De hecho, ya son una realidad en Madrid, en Torremocha del Jarama. O en Cuenca, en Horcajo de Santiago. Los pioneros fueron los cooperativistas de Santa Clara, en Málaga, con sus apartamentos privados para mayores en un complejo unitario y con espacios comunes. «En breve nacerá en Madrid el jubilar Villa Rositas y está muy avanzado otro en Sevilla, Abante, en Mairena del Aljarafe», destaca.

Cartón tiene 47 años. Es periodista y en un futuro aspira a vivir de este modo. «En muchos casos el germen es una amistad, pero luego la cooperativa se amplía a gente desconocida con puntos de vista en común», remarca.

España, insiste, «tiene una estrategia de desinstitucionalizacion no deseada». Las residencias «no son la mejor solución para la vejez, además de ser muy mejorables». Las personas mayores «quieren vivir en su hogar el mayor tiempo posible, pero muchas van a sufrir la dependencia y necesitarán un apoyo que el 'cohousing' permite».

Sitúa en la treintena el número de convivientes ideal para estos proyectos, «que admiten tanto a parejas como personas solas». ¿Y si un hijo quiere alojarse también? «Pues cada comunidad decidirá en cada caso. El cooperativista ha pagado por su unidad de convivencia y puede admitir a quien quiera en su espacio, como en cualquier casa».

Otra reivindicación es que la Ley de Dependencia «contemple los espacios de 'cohousing' en el marco de los servicios sociales, que no se nos excluya como iniciativa privada porque sería injusto. Son privadas las viviendas de cada cual, pero necesitamos los servicios públicos».

Son pocas las personas que pueden hacer 'cohousing' sólo con dinero ahorrado. «Muchos asumen que toca vender su casa habitual para obtener fondos y entrar en un jubilar para mudarse a la nueva». Pero los impulsores ya han dado ese salto de trampolín para intentar zambullirse en una vejez más humana y compartida. El tiempo dirá si el 'cohousing' valenciano se asienta o se queda en utopía.

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