La cónsul, su ex y la falsa trama de visados en Valencia

No pasó mucho tiempo desde la denuncia y el final de las labores diplomáticas de Catherine León. LAS PROVINCIAS ha tratado sin éxito de contactar con esta mujer. El denunciante acudió a la Guardia Civil para comunicar la existencia de una trama relacionada con la expedición de determinada documentación oficial. Las informaciones que supuestamente manejaba este hombre –y que conocía por haber mantenido con ella una relación sentimental– consistían en que se permitía la expedición de visados para entrar en la República Dominicana a cambio de un dinero que iba a parar al bolsillo de la cónsul. Unas cantidades que no se corresponderían con los aranceles que establecen las leyes del país caribeño para estas actuaciones consulares.

Para acreditar estas graves imputaciones, el denunciante aseguraba que disponía de conversaciones de aplicaciones de mensajería con el titular de una agencia de viajes, que sería el local que canalizaría el envío de pasaportes al consulado para añadir desde allí los visados. La expareja de la cónsul entregó con su denuncia un dispositivo informático.

No tardó en desmontarse todo en el juzgado. La instructora comunicó al Consulado el inicio de este procedimiento judicial. En aquel momento, desde el órgano diplomático se informó de que Catherine León ya no era la responsable. Se ignoran los motivos. Pero parece extraño que no tuviera relación con este episodio judicial. La juez no tardó en dar carpetazo al procedimiento. Lo hizo, además, con un sobreseimiento libre, una fórmula que equivale a la de cosa juzgada. Impide, de esta forma, una reapertura de las diligencias.

Las actuaciones practicadas acreditaban «la inexistencia de indicios racionales» de los delitos denunciados. Además, dedujo testimonio de estas actuaciones para su remisión al Decanato de los Juzgados de Llíria a fin de que se investigara a la expareja por un posible delito de denuncia falsa. Una decisión que no suele ser habitual en procedimientos de este tipo. No obstante, la magistrada encontró poderosos indicios de que la acción penal escondía otros intereses. Por ejemplo, tras declarar el dueño de la agencia de viajes se comprobó que la conversación de WhatsApp aportada en la denuncia estaba incompleta. Se sospechó incluso de su manipulación y «no respondía a acto ilícito alguno», concretaron desde el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Para completar este extraño puzzle, las pesquisas permitieron conocer la existencia de otro tipo de circunstancias alrededor del caso. Así, el denunciante tenía algunas deudas económicas con los dos investigados, cuentas que no habían sido saldadas. De igual modo, la cónsul había denunciado a su ex por la comisión de varios delitos. Uno de los procedimientos derivados de estas acciones se tramita en un juzgado de violencia sobre la mujer, señalaron desde el TSJ.

Estas denuncias fueron anteriores a la comunicación a la Guardia Civil de la supuesta trama de visados por lo que no se puede descartar una venganza como motivo principal de la persecución a la representante dominicana. De igual modo, llama la atención de la jueza que el denunciante tardara tanto tiempo en alertar de estas prácticas fraudulentas pese a que el hombre tenía alguna relación, directa o indirecta, con el órgano diplomático desde el año anterior.

La decisión de la juez no es firme. El denunciante ha recurrido el auto de archivo. La Fiscalía, en cambio, plantea la nulidad por falta de jurisdicción. El ministerio fiscal señala que sólo serían competentes para indagar en la conducta de la cónsul si esas prácticas contribuyeran a fomentar a través de España, de algún modo, la inmigración ilegal. No es el caso. Pero sí pide que el expediente sea comunicado al Ministerio de Exteriores por si quieren informar a la República Dominicana. Todavía no hay respuesta del juzgado.