La consulta se calienta: denuncian presiones a favor del valenciano y la pública sale a la calle para rechazar las votaciones

Por su parte, la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública ha convocado concentraciones para mostrar su rechazo al proceso alegando que pone en peligro la enseñanza en la lengua autonómica. Llegarán el sábado día 22 en las tres capitales provinciales.

Escuela de Todos explica, a través de un comunicado, que «numerosas familias» les han contactado para mostrar «su indignación ante el uso partidista de los centros por parte de 'Families pel Valencià' con el apoyo y connivencia de sus equipos directivos», aludiendo a la asociación nacida al calor de la ley por la que se regula la libertad educativa que difunde material sobre el proceso y sobre la importancia, desde su punto de vista, de elegir la lengua autonómica como base de la enseñanza.

«La presión está resultando casi asfixiante desde que el lunes la consellería hizo pública la fecha de la consulta», se añade. La colocación de cartelería en el interior y exterior de las instalaciones, «consignas pro-valenciano» a través de los chats oficiales, emails de la dirección «pidiendo el voto» o charlas a los alumnos por parte de los docentes son algunos de los casos que denuncia la organización, que apuesta por elegir, en el proceso, la lengua materna de los alumnos, si bien entre sus fines defiende el castellano como lengua vehicular.

Escuela de Todos aporta algunas pruebas que ya ha denunciado a través de su cuenta en 'X' (antes Twitter). Por ejemplo, el colegio Rajoletes de Sant Joan ha empleado su redes sociales y canales internos para trasladar infografías y vídeos con un claro posicionamiento, y el IES Mare Nostrum de Alicante tiene cartelería en el mismo sentido.

Además, en el colegio concertado Mare de Déu de L'Olivar de Alaquás se envió un email desde la dirección que recuerda que el ideario del centro recoge la enseñanza en valenciano, pidiendo que la «respuesta» de los participantes sea «responsable» con «la decisión que tomaron en su momento optando por nuestra escuela», así como «comprometida con el modelo educativo que hasta ahora estamos ofreciendo al alumnado».

Otros casos son los del CEIP Miguel de Cervantes de Xirivella - un cartel difundido en redes internas en el que se lee «un sí como una casa» para el valenciano- o el colegio Lluís Vives de Oliva, con pancartas partidistas colgadas en la valla. En este caso ya fue retirada por la inspección, una intervención que afectó a otros centros de la localidad y que organizaciones como Families pel Valencià tacharon de «censura».

Según la información que la Conselleria de Educación ha trasladado en los últimos días, este tipo de prácticas son irregulares, pues los centros públicos deben desarrollar sus actividades «con sujeción a los principios constitucionales, garantía de neutralidad ideológica y respeto de las opciones religiosas y morales a los que hace referencia el artículo 27.3 de la Constitución», como recoge la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación. En cuanto a los concertados, que sí pueden fijar un ideario, también deben guardar las formas, según la orden normativa que desarrolla la consulta. Esta dice que las familias «tienen derecho a emitir su voto de forma libre, por lo que la dirección de los centros públicos y la titularidad de los privados concertados adoptarán las medidas oportunas para garantizar el derecho de las familias a cumplimentar la preferencia de lengua base de forma respetuosa con las decisiones individuales».

«El nacionalismo lingüístico está intoxicando con bulos a las familias y convirtiendo el proceso de elección en una guerra de lenguas. Sin argumentos pedagógicos se asusta a las familias con un supuesto gasto extra de libros o se intenta asociar el éxito educativo y el multilingüismo con el valenciano», sentencia Escuela de Todos, que habla de una «acción coordinada de centros insumisos ante la ley educativa, AMPAS y asociaciones nacionalistas tal y como ocurrió el 1 de octubre de 2017 en Cataluña».

Por otro lado, la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública, que agrupa a organizaciones sindicales, estudiantiles, de Ampas, de directores o de la inspección educativa, así como a entidades como Escola Valenciana, ha convocado movilizaciones para mostrar su rechazo a la consulta por «vulnerar los derechos lingüísticos del alumnado que quiere enseñanza en valenciano». Las concentraciones se desarrollarán el sábado día 22 (las votaciones empiezan el 25) en las tres capitales de provincia: a las 18 horas en la plaza de la Virgen de Valencia, a las 11.30 en la plaza Mayor de Castellón y a las 19.30 en plaza Séneca de Alicante.

La plataforma alega que el procedimiento «amenaza el modelo de escuela en valenciano y pone en riesgo su uso como lengua vehicular, esencial para la cohesión social y la normalización lingüística», defiende que da «oportunidades laborales y que las personas que conocen dos lenguas (valenciano y castellano) están mejor preparadas para adquirir una tercera», argumenta que «forma parte de nuestra particular identidad y riqueza, herencia de nuestros antepasados que se debe transmitir a las nuevas generaciones» y que las administraciones públicas deben garantizar su enseñanza tal y como indica la Ley de Uso.