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El acoso, la violencia de cualquier tipo ejercida entre iguales con un componente de reiteración, ya no sólo se produce en el entorno educativo, aunque las relaciones entre víctima, agresores y espectadores se deriven del espacio escolar. La principal manifestación de esta realidad es el ciberbullying, que existía antes de la irrupción de la pandemia aunque se ha incrementado claramente.
Es una de las conclusiones que se derivan de la última sesión de la comisión especial de Les Corts que se centra en el estudio de esta lacra social, en la que han participado tres expertos con el objetivo de ayudar a los grupos parlamentarios a fomentar políticas que permitan combatirla y que se podrían resumir en echar el resto en la prevención, que lleva aparejada grandes dosis de educación.
La crisis sanitaria no marca un antes y un después a la hora de abordar el problema, pero sí ha influido. Por ejemplo, poniendo de relieve la problemática del suicidio entre adolescentes por los efectos emocionales de los dos últimos años -su idealización entre las víctimas ya existía, pero ahora las alertas son máximas y no se silencian-, o incluyendo la infección por covid como un motivo más para acosar. Un gran ejemplo de la perversión del fenómeno.
"Entre las víctimas año a año observamos la misma tendencia: el aspecto físico y los déficits de habilidades sociales y emocionales figuran en primer lugar como motivaciones para el acoso. También se da por timidez, hobbies o por tener una diversidad funcional. E incluso está el covid, por haberlo sufrido o porque haya rumores de que ha afectado a la familia", ha explicado Diana Díaz, directora del teléfono Anar que gestiona la fundación del mismo nombre.
En su exposición ha presentado algunos datos extraídos de las llamadas recibidas en el teléfono de prevención del acoso del Ministerio de Educación que también lleva la organización.
En el perfil medio de edades de las víctimas destaca la franja de doce a trece años, aunque se detectaron casos de siete y ocho. Y teniendo en cuenta que "el acoso se gesta entre 13 o 15 meses antes de pedir ayuda, pues los menores tardan en hacerlo", ha añadido, antes de hablar de los lugares más habituales, como el recreo o los cambios de clase.
En este sentido, ha alertado de casos de ciberbullying que se producen dentro del aula, de ahí que entre sus recomendaciones esté la regulación del uso del móvil -"los propios adolescentes reconocen que tiene efectos"- y se ha mostrado preocupada por el incremento de las agresiones grupales.
Díaz también ha propuesto fomentar el conocimiento de las diferentes líneas telefónicas de ayuda, mejorar la formación emocional entre todos los actores de la comunidad educativa o aumentar la presencia de docentes y orientadores (al menos uno por cada 250 alumnos).
La ronda de intervenciones la ha abierto Rodrigo Hernández, responsable de Save the Children en la Comunitat, quien ha incidido en la importancia de desarrollar la Ley Orgánica de Protección de la Infancia o de garantizar una educación digital "para que los alumnos sean capaces de detectar cuándo están en entornos peligrosos".
"Tenemos buenas herramientas", ha dicho, en referencia al Plan de Prevención de la Violencia Escolar (Previ) que se aplica en la Comunitat, "aunque hay que asegurar la formación y sensibilización de alumnos, equipos docentes y padres para prevenir y actuar ante este este tipo de situaciones", ha añadido después de dejar a los diputados una frase tan cierta como contundente: "Cuando se da un caso (de acoso) ya hemos fracasado".
Hernández también ha facilitado información estadística extraída del registro central de incidencias de la conselleria (el último informe data del curso 2017-2018) o del II Estudio sobre percepción del bullying elaborado por la empresa Totto y la organización Educar es Todo, que saca conclusiones a través de encuestas a miembros de la comunidad educativa. Por ejemplo, que uno de cada cinco niños afirmó haber sido víctima, que el 90% de los participantes actuaría en caso de conocer un caso o que más de la mitad de padres y profesores creen que los centros tratan de ocultar situaciones que se producen en los centros.
La última intervención ha correspondido a Fran Fernández, coordinador general de Lambda, que ha insistido en que aún queda mucho camino por recorrer frente a la homofobia o la transfobia en el ámbito educativo. Es decir, en el respeto a la diversidad sexual.
Fernández se ha mostrado a favor de que esta sensibilización se recoja en la formación inicial del profesorado y sea requisito para dirigir centros (ha hablado de másteres en diversidad sexual y de género), de ampliar las horas asignadas a los coordinadores de igualdad y convivencia -"se ha demostrado que cuando hay un responsable sensibilizado el panorama cambia"-, y de implantar protocolos específicos para casos relacionados con la identidad sexual.
También ha aportado datos extraídos de un trabajo de campo realizado por Lambda entre colegios de la provincia de Valencia a los que fueron invitados y en el que participaron más de 7.000 personas. "En todos había diversidad y en todos detectamos violencia contra la diversidad", ha dicho.
En cuanto a las cifras, ha desvelado que el 5% de los alumnos encuestados dijeron que les molestaba ver besándose a dos personas del mismo sexo, un 3,5% aseveró que no serían amigos de una persona LGTBI o que un 4,3% veía mal la existencia de un matrimonio igualitario.
"Parece poco, pero para arruinarle la vida a una persona sólo hace falta otra que coincida en su aula y que todos los demás miren hacia otro lado", ha sentenciado.
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