Los contratistas abogan por un peaje blando en la AP-7 para inversiones

El fin de la concesión de la autopista AP-7 (que discurre entre Tarragona, Valencia y Alicante) el próximo 31 de diciembre y su liberalización a partir del día siguiente, como ha confirmado el Ministerio de Fomento, ha puesto sobre la mesa tanto la necesidad de ejecutar los enlaces para mejorar la conectividad de los municipios con esta carretera como la de abrir el debate sobre el modelo de gestión de la vía. Un aspecto que incluso el ministerio ha planteado en alguna ocasión al hilo de la sostenibilidad del sistema viario en España.

De los enlaces apenas ha habido avances, ya que las conexiones de Vinaròs y Oliva Sur anunciadas para este año aún no se han licitado. Y sobre el modelo de gestión, esta misma semana los empresarios alicantinos -aglutinados en las delegaciones de la Cámara de Comercio y la CEV- reclamaban una mesa de diálogo tras las elecciones para abordar el futuro de la AP-7 dentro de un documento sobre las diez infraestructuras prioritarias para la provincia.

Se trata de una petición que también han realizado la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana (CCCV) y la Federación de Empresas de la Comunidad Valenciana Contratistas de Obras de la Administración (Fecoval), que señalan el coste de mantenimiento de la autopista (367 kilómetros más para la red estatal) como una de las desventajas de Fomento al asumir la AP-7. En total, unos 16 millones más al año a la partida de conservación.

Así, estas dos entidades abogan por implantar un peaje blando que permita destinar los recursos a inversiones tanto en la propia autopista como en otras carreteras estatales. «Este peaje en forma de tasa por uso o viñeta debe ser finalista. Es decir, que su resultado se aplique directamente a tres conceptos: las labores de mantenimiento de las infraestructuras, la construcción de infraestructuras todavía necesarias pero que la Administración no ha tenido capacidad económica para atender y, por último, la reversión de una parte al sector del transporte para abaratar sus costes y mejorar su competitividad», enumera el presidente de Fecoval, José Luis Santa Isabel.

A su juicio, si el itinerario alternativo se completa (en referencia a las variantes de la N-332 o la prolongación de la CV-10) y si el peaje de la AP-7 disminuye «y se destina a los tres dines propuestos, nos aseguraremos tener unas infraestructuras en perfecto estado y con alto nivel de servicio».

En la misma línea se expresa el director-gerente de la Cámara de Contratistas, Manuel Miñés, quien aboga por una relicitación de la AP-7 con una tasa que se destinaría «una parte al mantenimiento de la autovía con carácter finalistas. Y otra parte del canon, mucho menor, se podría destinar al sector del transporte por carretera».

Además, con el peaje blando, como habría un nuevo concesionario para la gestión de la autopista, éste asumiría un pago 'upfront' (pago anticipado) que permitiría -junto con parte del peaje tarifario- la creación de un fondo que podría destinarse a acometer las infraestructuras y conexiones para mejorar la permeabilidad entre la AP-7 y los municipios o para otras inversiones.

Así se refleja también en un informe realizado por el Instituto de Estudios Económicos de Alicante (Ineca) a cargo de los expertos Armando Ortuño, Joaquín Melgarejo, Vicente Mateu y Jairo Casares. En él se analizan tres escenarios con los pros y los contras de los distintos escenarios que se abrirán con el futuro de la AP-7: liberalización total, nueva concesión con el peaje actual o un peaje blando con bonificaciones a los residentes.

Esta última fórmula, según el estudio, permitiría a Fomento obtener un superávit de explotación de la carretera que, descontado los gastos de mantenimiento (cifrados en 168 millones), se traducirían en 269 millones para destinar a inversiones en infraestructuras, como la propia autopista, la N-332 (donde no se han ejecutado todavía las variantes de población) y las conexiones de la AP-7 con los municipios.

Esa reducción del peaje para los residentes, recoge el informe de Ineca, podría ronda el 40-60%. Aunque habría «reticencias iniciales» la valoración de la sociedad mejoraría al explicar el tipo de actuaciones de las que se beneficiarían.