Los contratistas piden que el plan especial de carreteras de Fomento incluya el by-pass

Al inicio de cada semana regresan los atascos en las principales carreteras de acceso a la Comunitat. Unas retenciones por el elevado tráfico agravadas, como sucedió la semana pasada, cuando se produjo un accidente. Es lo que también ocurrió el lunes a primera hora de la mañana en el by-pass, en el tramo próximo a la salida Bétera-Burjassot en sentido Alicante, cuando un siniestro provocó cinco kilómetros de retenciones.

Ante esta situación habitual en la autovía A-7 (en agosto, por ejemplo, se alcanzaron hasta los 14 kilómetros de cola), y con unas obras de ampliación pendientes de ejecutar desde 2009, la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana (CCCV) pidió ayer al Ministerio de Fomento que incluya las mejoras en el by-pass -en concreto en el tramo que rodea la primera corona del área metropolitano de Valencia- en el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC), que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, presentaron en julio y que actualmente está en negociación.

Dotado con 5.000 millones para obras nuevas y de mejora en las carreteras de toda España, la previsión del ministerio es que los proyectos finalmente seleccionados puedan licitarse y adjudicarse entre 2018 y 2019, según avanzó De la Serna en una intervención en el Congreso de los Diputados.

Los proyectos, además, se impulsarán mediante contratos de concesión, por lo que las constructoras adelantarán, con el apoyo del Banco Europeo de Inversiones (BEI), la inversión para acometer la obra. Una vez puesta en servicio se encargarán de su mantenimiento y conservación durante 30 años.

Para la Cámara de Contratistas, la ampliación del by-pass «debe ser firme candidata a figurar en las obras a acometer por concesión por disponibilidad», apuntó su director-gerente, Manuel Miñés. ¿Los motivos? Su altísima intensidad media diaria (IMD), que ronda los 96.000 vehículos al día con puntas de hasta 120.000 y un 29,5% de vehículos pesados; su tasa de siniestralidad; y su «elevada tasa de retorno», ya que «según los estudios realizados por Seopan, tiene una inversión garantizada económicamente».

En este sentido, Miñés puso sobre la mesa el informe de las grandes contratistas sobre proyectos prioritarios de infraestructuras en España, donde se incluye la ejecución de la ampliación del by-pass y se destaca como uno de los proyectos con mayor tasa de retorno por el ahorro de tiempo y combustible que supondría para los usuarios. Así, por ejemplo, uno de los tramos del by-pass que se ampliarían -el comprendido entre la CV-32 y la CV-35- implicaría un ahorro de 13,53 millones anuales «a deducir del valor de inversión de la infraestructura».

Precisamente el PIC del Gobierno recoge entre las condiciones que deben cumplir los proyectos que éstos superen los análisis de viabilidad económica y presenten un alto grado de maduración en la vía de tramitación para ser licitados lo antes posible, además de superar los 100 millones de coste. Requisitos que, como recordaron los contratistas, cumple la ampliación del by-pass pues el propio De la Serna aseguró recientemente en Valencia que se le ha dado «un acelerón importante» al estar tramitándose la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y en redacción los proyectos constructivos.

«Hay una necesidad imperiosa de la ampliación del by-pass debido a su alto índice de siniestralidad», insistió el portavoz de las empresas de obra pública, que recordó que el proyecto de ampliación retomado en 2014 para el tramo central entre la CV-32 y la A-3 se desglosó por fases para hacerlo viable. Así, la inversión prevista es de 288,54 millones, aunque distribuida por subtramos de 101,8 millones (CV-32 a CV-35), 142,4 millones (de la CV-35 a la CV-370) y 44,3 millones (entre la CV-370 y la A-3).

Junto a las obras en el by-pass, que permitirían pasar de los seis carriles actuales a los 10-12 según los tramos, los contratistas plantearon a Fomento otros dos proyectos por provincia para el plan extraordinario: la prolongación de la CV-10 en Castellón (349 millones) y el tercer carril por calzada entre Crevillent y Orihuela-Beniferri (84 millones).

El número de accidentes en el by-pass es uno de los argumentos que ponen sobre la mesa los contratistas para reclamar al ministerio la ejecución de la ampliación pendiente en el tramo central de la A-7. En este sentido, el director-gerente, Manuel Miñés, recordó que en 2016 se produjeron 180 fallecidos en las carreteras de la Comunitat, un 26% más que en 2015, según las cifras facilitadas por la entidad y que se abordaron en una comisión autonómica de tráfico y seguridad vial de la Comunitat. Unas muertes que, sumadas a los 856 heridos graves, supusieron un coste de 444,13 millones de euros el pasado año.

Miñés también recordó un estudio elaborado por los empresarios de obra pública que concluyó que sólo serían necesarios 152 millones para suprimir los puntos negros en las carreteras convencionales de la Comunitat, con actuaciones como mejoras en la adherencia de pavimentos, la implantación de tres carriles de circulación en algunos tramos o intervenciones en la señalización horizontal y vertical.

En la red valenciana todavía existen 828 kilómetros (el 42%) de carreteras convencionales, de simple calzada por sentido, sin mediana y sin arcenes reglamentarios.