Los contratistas rechazan la exclusión de la Comunitat de las ayudas a camiones en la AP-7

valencia. El Consejo de Ministros aprobará la próxima semana los decretos que incentivarán la circulación de vehículos pesados en la AP-7 y la AP-2, a su paso por la provincia de Tarragona, pues ya no podrán utilizar la alternativa gratuita que suponía la N-340, tal y como explicaron fuentes del Ejecutivo central. La medida se justifica en su alta siniestralidad y las quejas de los municipios afectados y se deriva de un acuerdo alcanzado por el anterior titular de Fomento, Íñigo de la Serna, y la Generalitat catalana. Se bonificará hasta el 50% del precio del peaje a los transportistas que decidan utilizar la autopista entre Peñíscola y Hospitalet del Infant y entre Vilafranca y Torredembarra.

Aunque una pequeña parte de la vía a su paso por la Comunitat se beneficia de la medida -el descuento empieza en la última salida de la AP-7 en Castellón- el resto del trazado queda fuera pese a que en la provincia hay problemas similares. Por ejemplo, los vehículos pesados que recurren a la CV-10 no disponen de una alternativa gratuita con garantías una vez termina el trazado, y no pueden circular por la N-340 entre Nules y Oropesa. Iniciativas de este tipo son una reivindicación habitual de los transportistas.

Por este motivo la decisión del Gobierno no ha sentado bien a los contratistas de la Comunitat, pues la consideran «un agravio comparativo más» por parte de Fomento. La organización lleva años reivindicando un trato igualitario en todo lo relacionado con la obra pública. Su director gerente, Manuel Miñés, recordó ayer la importancia de acometer las actuaciones previstas por el departamento para la Comunitat que siguen a la espera y la existencia de problemas muy parecidos, con vías nacionales masificadas, que fomentan la siniestralidad.

«Confiamos en que la decisión no sea algún tipo de peaje distinto y se corrija esta diferenciación», dijo. Entre los trabajos pendientes en las vías valencianas, Miñés se refirió a la ampliación de la A-7 entre Crevillente y Alhama de Murcia o la prolongación de la CV-10 entre Vilanova d'Alcolea y Traiguera.

La medida ha tenido eco político, pues desde el PP de Castellón se exigió al Gobierno «la misma bonificación en la AP-7 que va a poner en marcha en Cataluña para contentar a los independentistas», en palabras de la senadora Salomé Pradas.

Pese a que el acuerdo entre Fomento y la Generalitat viene de lejos, no se conocían los plazos de materialización, que fueron adelantados la pasada semana por El Periódico de Catalunya, cifrando el importe en 40 millones hasta 2021 para compensar a las concesionarias.

Desde el Ejecutivo dijeron ayer que la medida se puede desbloquear tras el aumento del techo de gasto -hay más recursos disponibles- y que «se abre la puerta a atender reclamaciones similares de otras regiones donde existe consenso sobre la necesidad de actuar».

A finales de junio el presidente Ximo Puig pidió formalmente al ministro José Luis Ábalos una serie de actuaciones en infraestructuras, entre ellas, medidas urgentes para que los camiones pesados se desvíen por la AP-7 (entre Castellón Sur y Oropesa) al menos mientras duraban las obras de acondicionamiento en la CV-10 y CV-13, vías muy utilizadas para el transporte de mercancías ante la limitación de la N-340. Hace un año, cuando se conoció el acuerdo con la Generalitat catalana, el Gobierno Valenciano habló de trato «discriminatorio» y pidió también la aprobación de bonificaciones al tener vías nacionales con una elevada siniestralidad.