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La Generalitat hará este jueves oficial la compra del edificio de Correos de la plaza del Ayuntamiento de Valencia. En total, el Consell se gastará 23,9 millones de euros en la adquisición ... de este edificio de los años 20, uno de los más singulares de la capital. Además, lo convertirá en una Casa de las Regiones, una especie de museo y centro de eventos donde se pondrán en valor las distintas regiones de Europa. Lo curioso es que lo hace no sólo en uno de los peores momentos de la pandemia sino también mientras las consellerias piden a gritos más espacio para los funcionarios. Según datos ofrecidos por la Conselleria de Hacienda, los distintos departamentos de la Generalitat necesitan 25.267,40 metros cuadrados, sobre todo en la provincia de Valencia.
El Consell tiene un importante déficit de espacio, según explican desde Hacienda. «Se está llevando a cabo una política de fomento de la rehabilitación frente a la obra nueva para la adquisición de nuevos espacios útiles para el desarrollo de la labor profesional de los funcionarios», comentan desde la conselleria que dirige Vicent Soler. «Se está apostando por rehabilitar inmuebles que ya están construidos y rehabilitarlos para disponer del espacio que necesitamos, con la firme voluntad también de incorporar al patrimonio valenciano y abrirlos a la ciudadanía, inmuebles de gran valor arquitectónico y cultural», explican.
De hecho, en 2021 el Consell compró el Palau de Boïls d'Arenós, y se adquirió el Palau del Tremolar, que está en pleno proceso de restauración y adecuación. Este 2022 se dispondrá de Correos de Castellón, un edificio emblemático e histórico y que se rehabilitará para adaptarlo como espacio de trabajo efectivo. Así, en 2023 deben de concluir las reformas del Palau de Calatayud, el Palau de Borrull y la construcción de un nuevo edificio en Campanar. Todos estos inmuebles tendrán un uso pero, por el momento, están en obras y no albergan servicio alguno, pese a la acuciante necesidad de espacio de las consellerias.
Según datos ofrecidos por Hacienda, los departamentos han necesitan 18.487,4 metros cuadrados en Valencia, 3.959 en Alicante y 2.830 en Castellón «para ubicar distintas áreas o servicios territoriales». El Palau de Borrull, en Castellón, será para Hacienda; el nuevo edificio de Campanar, para Educación, y la Casa de los Caramelos, para Presidencia. La sede de Correos en Castellón tendrá que ser reformado y será para la conselleria Innovación.
Será también este año cuando el Consell disponga de Correos, un edificio emblemático que la Generalitat quiere convertir en una Casa de las Regiones, tal como contó este diario el pasado mes de diciembre. Como quiera que los trabajadores de la empresa estatal no saldrán del inmueble hasta finalizado enero, todavía no está muy claro en qué se concretará ese espacio. «Será un centro de interpretación de las regiones para generar un espacio de debate y exposición sobre las distintas zonas de Europa», explican desde Presidencia. La compra se hará oficial a las 12 horas de hoy cuando el presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, visite al presidente de la Generalitat, Ximo Puig.
La compra llama la atención no tanto por la adquisición en sí sino por el uso que se va a dar al edificio. Se da la circunstancia de que la Generalitat dispone de 111 propiedades en desuso, pero se trata de inmuebles de difícil uso para la administración. Según Hacienda, hay 56 rústicas, 28 solares, cinco condominios, tres trasteros, dos casillas, dos locales, una finca y cuatro viviendas, así como siete solares ya subastados, dos que se van a ceder y una obra (del edificio de Borrull en Castellón). Todos estos bienes inmuebles están repartidos en 39 poblaciones. Por tanto, la Generalitat dispone de propiedades, pero no de espacios que permitan albergar sedes o subsedes de consellerias, siempre segúnd atos ofrecidos por la propia administración autonómica.
«No disponemos de edificios disponibles útiles y aptos. Los inmuebles que están sin uso no son aptos, bien sea porque son fincas rústicas, parcelas, terrenos, trasteros o viviendas en lugares poco accesibles y que, por lo tanto, no reúnen las condiciones óptimas -ni mínimas- para convertirse en puestos de trabajo para la Administración», explican desde la Conselleria de Hacienda.
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