Costas propone arrebatar el Casal d'Esplai y el parador con el nuevo deslinde en El Saler

El organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica que dirige la vicepresidenta Sara Aagesen ha trabajado en esta nueva propuesta para delimitar un nuevo dominio público marítimo-terrestre de casi 5.700 metros divididos en tres tramos de las playas del sur de la capital desde el pasado 25 de septiembre.

El expediente, cuyo periodo de exposición pública y presentación de alegaciones concluye el 28 de este mes, pretende correr la línea divisoria entre ambos dominios en 5.000 metros desde la gola de Pujol hasta la de El Perellonet, distancia que supone la mitad del monte de El Saler, junto a otros dos intervalos de 205 y 406 metros en el arenal de la Garrofera.

Los mapas recogidos en la documentación de Costas a la que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS reflejan que la nueva demarcación afectaría de pleno al parador turístico de El Saler y el Casal d'Esplai, ambos equipamientos de titularidad pública. El primero pertenece al Ejecutivo central por medio de la empresa turística Paradores de Turismo de España S.M.E.S.A. mientras el segundo está bajo la jurisdicción de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Valencia.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en la Comunitat reconocen la afección del nuevo proyecto de deslinde sobre ambos complejos aunque aseguran que en los tramos abordados en el expediente «no existe ninguna vivienda, urbanización o restaurante afectado».

Desde la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas explican que de llevarse a cabo el proyecto para cambiar los deslindes, el parador turístico se vería abocado a una incompatibilidad jurídica al tratarse de un alojamiento estatal que pasaría a estar en suelo de dominio público, donde su uso hotelero resulta incompatible con dicha demarcación. «No pueden decir una cosa en el Sidi y otra en el Luis Vives», rematan las mismas voces estableciendo una comparativa con los problemas legales en los que se encuentra inmiscuido el Sidi Saler.

En cuanto al Casal d'Esplai, desde la entidad comunitaria de afectados por la normativa de costas defienden que el albergue pasaría de ser un bien municipal del Ayuntamiento a ser propiedad del Gobierno «suponiendo una pérdida patrimonial para Valencia». Es más, aún con el cambio de titularidad mediante, el Consistorio estaría obligado a conservar tanto el suelo como el estado de la edificación. Asimismo, también apuntan a que se tendría que producir una negociación pública sobre la forma de su futuro uso.

Desde la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas opinan que sendas modificaciones de los límites fijados en la orden ministerial de 1976 representan «el primer paso» para el derribo de ambas construcciones.

El contenido de la propuesta también explica que Costas realizó un informe preliminar sobre la caracterización de las dunas, teniendo en cuenta los porcentajes de cobertura vegetal arbustiva y/o leñosa en el caso de las secundarias. A lo largo del expediente se explica que en aquellas zonas donde la superficie forestal sea menor al 75% de la cobertura serían susceptibles de entrar en el deslinde.

De hecho, la entidad costera asegura que las conclusiones de su estudio «son acordes» al documento geomorfológico realizado en 1995 desde la desembocadura del Turia hasta la Gola de El Perellonet con motivo de la tramitación de los deslindes en este tramo de costa, pese a estar elaborado con base en los criterios que recogía el derogado Reglamento de Costas de 1989. Además, también se valora imponer un terreno de protección de 100 metros adicionales a la distancia ya fijada por el nuevo deslinde.