Educación crea 123 aulas públicas de dos años y eleva la tensión con las guarderías valencianas

La iniciativa nació como proyecto piloto en el curso 2015-2016, con 25 clases -450 plazas-. Fue de las primeras decisiones que tomó el Consell del Botánico para facilitar la escolarización en edades tempranas a las familias con rentas especialmente bajas. Su extensión ha sido constante, hasta el punto de que actualmente funcionan 496 unidades de este tipo a lo largo de la geografía valenciana, lo que se traduce en unas 9.000 plazas de dos años (a 18 cada aula) integradas en colegios públicos ordinarios, a los que se accede muy mayoritariamente a los tres (en 1º de Infantil). A esta oferta ya consolidada se sumarán 2.214 puestos adicionales, los derivados de las 123 unidades nuevas.

La creación y posterior crecimiento de la red fue muy criticada por la iniciativa privada, que no sólo se enfrentaba a la pérdida de alumnado por la crisis de natalidad iniciada en 2009 sino también a la competencia que implicaba la nueva oferta, apostando por cubrir las necesidades de escolarización garantizando la gratuidad de sus plazas mediante ayudas autonómicas o incluso municipales. Aunque esto se ha conseguido en el curso actual -la enseñanza ya no tiene coste independientemente de la titularidad-, los nacimientos siguen en caída libre y hay cantidad de puestos privados libres. De ahí que las críticas se centren en la duplicidad de puestos escolares, en que las instalaciones de los colegios no siempre son las más adecuadas o en que pedagógicamente es mejor garantizar la continuidad del primer ciclo de Infantil (de cero a tres años) en el mismo centro, evitando el paso anticipado a los Ceips.

Según explican desde la Conselleria de Educación, en la provincia de Alicante se prevé la creación de 33 aulas, en la de Castellón se ofrecerán 32 más y en la de Valencia otras 58. También señalan que la planificación «se ha hecho teniendo en cuenta fundamentalmente poblaciones que por sus características demográficas o por su situación geográfica presentan una mayor necesidad de ampliación del servicio educativo a partir de los dos años». A estas plazas podrán optar los niños nacidos en 2021 a través del procedimiento ordinario de admisión, que se iniciará, previsiblemente, entre finales de abril y principios de mayo.

«No compartimos la idea de que se estén utilizando criterios como la falta de oferta o que se actúe en zonas sin servicio, ni tenemos información oficial sobre cómo están funcionando, pero sí tenemos claro que suponen un gasto de dinero innecesario, dando un mal uso a los recursos públicos», explica Carmen Bardal, la presidenta de la asociación de centros privados Acade-Adeiv.

«Estamos de acuerdo con que se actúe en localidades en las que no hay oferta, pero no con que se fomente la duplicidad de plazas, como está sucediendo. Nos consta que se van a crear nuevas unidades en localidades donde hay suficientes vacantes privadas de dos años, y también que existen aulas públicas que tampoco se han llenado», añade. «Y no podemos aceptar de que se parta el ciclo de cero a tres años, para el que existen instalaciones específicas como las de la red existente, perfectamente preparadas para su atención», completa, antes de reclamar una auditoría sobre la cobertura y ocupación de la red pública.

La Federación Nacional de Centros de Educación Infantil (Fenacein) calcula que en el curso actual hay más de 20.000 plazas vacantes en toda la red de la Comunitat, contando aulas de cero a tres años públicas (incluyendo las municipales) y privadas. De estas 6.600 son de dos años, tanto de colegios públicos como de escuelas infantiles específicas de la Generalitat y de las corporaciones locales. «Se sigue creando oferta cuando hay plazas vacías en públicos y privados y la natalidad sigue bajando», reflexiona su presidenta, María José González-Mayo, que también es la secretaria de la asociación autonómica Salvem 0-3. «Encima la nueva oferta se hace con cargo a los fondos Next Generation, que sólo cubrirán dos años en cuanto a financiación, pero después las aulas se quedan ahí, por lo que habrá que asumir el coste. La medida no tuvo sentido en un principio, pero ahora tiene menos. Es gasto innecesario», resume.

«Con la natalidad bajando a pasos agigantados no creemos necesaria semejante extensión en zonas y municipios donde existen puestos que no se cubren», tercia Alberto Villanueva, presidente de la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (Feceval), que alude a los casos de Valencia ciudad (que ganará ocho aulas en siete colegios) y de varios municipios del área metropolitana donde la oferta pública compartirá espacio con las vacantes de la privada. «Los fondos europeos que obligan a crear estas plazas deberían destinarse a municipios donde haya necesidades reales por atender», completa, refiriéndose, por ejemplo, a las zonas rurales donde actualmente no existe este servicio educativo.