Crece el malestar de los profesores por el reparto de plazas sin oposición: ya suma 16 recursos judiciales

La cifra se desprende de las resoluciones que se han ido publicando en el Diari Oficial desde que el pasado noviembre se aprobara la convocatoria. Y el asunto no es baladí teniendo en cuenta que del criterio de los jueces dependerá la validez de un mecanismo que servirá para estabilizar a 7.555 profesionales y que afecta a más de 26.000 aspirantes. Dicho de otra forma, una sentencia en contra puede obligar a modificar la adjudicación o incluso, como pretenden los impulsores de algunos de los recursos, conseguir que se invalide todo el procedimiento.

El concurso de méritos no es exclusivo del ámbito docente ni de la Generalitat, pues viene obligado por la ley estatal que persigue reducir la temporalidad en el empleo público, además de evitar de cara al futuro que se abuse de la figura del falso interino, es decir, la contratación de profesores con carácter temporal para cubrir plazas estructurales, que son necesarias de manera indefinida y por tanto en su momento tuvieron que ser incluidas en una oposición.

En el procedimiento no median exámenes. Se basa en una baremación que decide qué aspirantes, en cada cuerpo y especialidad, se convierten en funcionarios de carrera, dando especial peso a la experiencia previa.

Los servicios prestados han permitido sumar hasta siete puntos, aunque sólo se valorarán los últimos diez años de ejercicio. La formación académica da derecho a tres y computa tanto el expediente académico del título necesario para dar clase como otras carreras conseguidas, postgrados, premios extraordinarios o la formación en idiomas. El último bloque, el de Otros Méritos, alcanza los cinco, y se han podido alegar cursos de formación permanente o el haber aprobado, a partir de 2012, alguna oposición aunque el interesado no accediera a la plaza definitiva. Aunque no hay garantías, con este diseño los interinos veteranos tienen más oportunidades que los jóvenes para estabilizarse.

Catorce de los recursos están protagonizados por docentes a título particular y dos han sido impulsados por las asociaciones Defensa del Turno Libre y Diversidad Funcional Docente. Esta última organización cuestiona que no se haya reservado un cupo de plazas para profesionales que padecen algún tipo de discapacidad, como sí ha sucedido en alguna comunidad y es habitual en cualquier procedimiento selectivo.

En su momento Educación justificó su decisión en que al tratarse de un concurso de méritos y no existir pruebas de por medio todos los aspirantes partían en igualdad de condiciones, en el sentido de que se resuelve con una baremación. En realidad no ha sido la única administración en proceder así, pues también lo ha hecho el Gobierno, en su ámbito competencial, y el ejecutivo de La Rioja, lo que les ha valido la amonestación del Defensor del Pueblo en su última memoria, que alega que contravienen la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

También fundamenta su posición en que las personas con discapacidad «se enfrentan a barreras y dificultades para acceder al empleo en la Administración, lo que determina una incorporación tardía y afecta a los años de experiencia profesional que serán valorados como méritos en los procesos selectivos». También trae a colación esta desventaja respecto a las menores posibilidades que tienen en otros aspectos que se incluyen en el baremo, como la formación académica. El pronunciamiento es importante, pues da esperanzas al colectivo en su batalla judicial.

Según ha podido saber LAS PROVINCIAS, varios de los 14 recursos impulsados a título particular corresponden a personas que también reclaman la citada reserva, algunos de ellos asesorados por el sindicato mayoritario, el STEPV, que tiene previsto acudir al TSJCV si la Conselleria de Educación desestima el recurso de reposición que presentó en su día contra la convocatoria por este mismo motivo.

Entre los particulares también destacan los profesores de régimen especial, como los pertenecientes a los cuerpos de profesores y catedráticos de música o artes plásticas y diseño. Algunos docentes consultados explican que detrás puede estar el malestar por permitirse que aspirantes sin experiencia en este tipo de especialidades hayan podido presentarse a las mismas alegando únicamente un título universitario. Y al haber pocas plazas, esta especie de intrusismo aumenta la competencia.

Por su parte, la asociación Defensa del Turno Libre representa a funcionarios de carrera, opositores e interinos que consideran que la estabilización lesiona sus intereses y aspiraciones profesionales, por el ejemplo a la hora de acceder a plazas de concursos de traslados, como les sucederá a los funcionarios que actualmente están en la fase de prácticas.

La entidad, de ámbito nacional, defiende que el acceso a la función pública debe basarse en los principios de igualdad, mérito y capacidad y ha impugnado procedimientos de estabilización de diferentes administraciones. Su objetivo final, más allá de conseguir anular el concurso, es llegar a que algún tribunal plantee una cuestión de inconstitucionalidad contra la citada ley estatal.

También se ha dado algún caso más particular, como el interino que acudió a la justicia tras detectar que el baremo aprobado para los aspirantes de la Comunitat es ligeramente diferente al aplicado en las comunidades que pactaron gestionar el concurso de manera conjunta, perjudicando a los que piden como primera opción alguna plaza valenciana y hayan alegado el título de doctor.