Crece la presión para que cierren los colegios ante el descontrol de la pandemia

Las voces que reclaman el cierre de los centros ante el avance de la pandemia crecen con el paso de los días. A las peticiones que han llegado hasta la fecha desde colectivos de Ampas o entidades de padres a título individual se ha sumado el sindicato Csif, que ha presentado un escrito ante la Conselleria de Educación instando a la clausura de toda la red, pasando ya a la modalidad telemática. Otras organizaciones como el Stepv o la Federación de Enseñanza de CC.OO. PV no llegan a este extremo, aunque sí han reclamado al departamento más flexibilidad para poder cerrar aulas o centros donde el virus haya mermado en exceso la plantilla y se ponga en riesgo la aplicación de los protocolos de prevención, como mantener el aislamiento de los grupos, a la espera de que lleguen los docentes sustitutos.

La reclamación de Csif se justifica en la necesidad de «evitar que aumenten los contagios en los centros» y en «garantizar la seguridad de alumnado, docentes y, en general, de toda la comunidad educativa». A su juicio, en la actualidad no se consigue «debido, en gran medida, a la falta de aplicación de medidas por parte de la conselleria, como la instalación de filtros depuradores de aire Hepa en todas las aulas, medidores de CO2, reparto continuo de mascarillas Fpp2 a todos los profesionales o pruebas PCR al alumnado y profesorado de un aula en caso de que se produzca un positivo y antes de volver de un confinamiento».

También se insiste en la necesidad de que se dote de medios tecnológicos a todos los alumnos y profesionales que los precisen y se recuerdan las declaraciones de Ana Barceló en Les Corts del pasado lunes, alertando de la gravísima situación.

La Federación de Enseñanza de CC. OO. PV también ha reaccionado con un comunicado en el que se pide una adaptación de los protocolos ante la carga de trabajo de los docentes debido a las bajas acumuladas, a las que se suman las derivadas de las cuarentenas por contactos estrechos. «El incremento desmesurado de casos de forma generalizada puede estar dificultando la cobertura de bajas«, señalan.

También se pide a Educación que fije un criterio «de qué porcentaje de la plantilla sin cubrir y la amplitud de un brote se necesita para reducir al máximo la presencialidad o para cancelarla». Por último, se valora que «en estos momentos de escalada en la curva de la tercera oleada hay que reducir la presencialidad para limitar al máximo la movilidad de la población«. La organización no llega a pedir un cierre general pero sí desliza una postura intermedia.

Horas antes se pronunció el Stepv, el sindicato mayoritario, reclamando a la conselleria la clausura de aulas o de centros (se entiende que pasando a teledocencia) cuando no se puedan garantizar las medidas de seguridad por la falta de personal, que la organización llegó a cifrar en algunas escuelas por encima del 40%. Por ello pidió unas instrucciones claras para aplicar cierres puntuales, incluso sin positivos, hasta que se garantice la sustitución del personal necesario.

Además, mientras permanezcan abiertos los centros, también se insistió en mejorar la prevención: más mascarillas, medidores de CO2, filtros Hepa y PCR para todas las personas que hayan compartido espacio con un positivo. La organización también lanzaba una reflexión: si la pandemia está descontrolada, el Consell y el Gobierno deberían valorar la aplicación de medidas más duras, ya sea en cuanto al toque de queda o llegando incluso a un confinamiento domiciliario.

Días antes la Confederación de Ampas Covapa (una de las tres con interlocución directa con la conselleria) reclamó el cierre de los centros ante la situación y al considerar que no se puede garantizar la seguridad. Lo mismo pide la Plataforma Libre Elección Educativa de la Comunitat, que alerta de que se han disparado los contagios entre menores de 19 años tras las Navidades.

Sin embargo, las otras dos confederaciones defienden la postura contraria. La Gonzalo Anaya, la mayoritaria, consideró que las cifras oficiales de aulas confinadas acreditan que son espacios seguros y que el problema se sitúa fuera de los centros, mientras que desde Concapa (de la concertada), se posicionaron a favor de la presencialidad mientras las autoridades sanitarias no digan lo contrario, aunque extremando las medidas y dotando a los centros de todos los medios necesarios.

Educación niega que haya una falta generalizada de personal, aunque reconoce dificultades para cubrir bajas, que vincula con la presión asistencial de los centros de salud, que demora la emisión de los partes oficiales que son necesarios para activar las sustituciones.

En los próximos días se pondrá en marcha un procedimiento excepcional que permita mejorar las coberturas, iniciando el proceso sin este documento, sólo con una comunicación del docente que ha dado positivo o que está en cuarentena e introduciendo los datos en el sistema a posteriori.

Además, el secretario autonómico, Miguel Soler, volvió a defender que los centros son seguros y ayudan a detectar casos, y destacó que de los datos del primer cuatrimestre se desprende que el 89% de los contagios llegaron de fuera y sólo el 11% se produjo en las escuelas, según las declaraciones recogidas por Europa Press.

Por su parte, la portavoz de Educación del PP en Les Corts, Beatriz Gascó, ha denunciado la «pasividad» de la conselleria ante la alta incidencia del virus entre los docentes y ha pedido que los test PCR en los centros educativos se hagan en menos de 24 horas para evitar situaciones de riesgo.

En un comunicado, ha urgido la actuación inmediata de Educación porque «no puede ser que haya aulas confinadas porque la realización de pruebas tarde más de una semana y los resultados todavía más». También pide la comparecencia del conseller Vicent Marzà en el parlamento porque «los datos oficiales que ofrece la propia conselleria son esclarecedores y desmienten el absurdo triunfalismo con el que insulta a los docentes».