«Creímos a la Mutualidad y ahora nos vemos con 400 euros de pensión»

La situación ha salido a la luz cuando los 'baby boomers' están empezando a jubilarse. «La mayoría trabajamos en nuestros despachos unipersonales y no ha sido hasta que hemos visto a compañeros mayores aún trabajando cuando se ha puesto de manifiesto el problema», apunta la portavoz del colectivo en Valencia, Ana Pons.

Sólo en la provincia de Valencia, el número de los afectados está en torno a los 500 personas, más de 11.000 en todo el Estado. No pueden dar una cifra exacta porque la Mutualidad, alegando la protección de datos, no les da esa información.

La pregunta es: ¿cómo es posible que profesionales como los procuradores puedan tener unas pensiones que no llegan ni a una pensión no contributiva? La respuesta está en el sistema mutualista al que estaban obligados a pertenecer.

Ana Pons explica que la Mutualidad nació antes de la existencia de la Seguridad Social, «con un buen motivo, proteger y cubrir las necesidades del colectivo». Fue algo común en todas las profesionales liberales, allá por los años 40 del siglo pasado. Cuando se creó la Seguridad Social, las Mutualidades tenían que tomar la decisión de continuar o integrarse en el sistema público. En el caso de la de los procuradores decidió continuar como independientes, «algo que nosotros desconocíamos», asegura Ana.

Hasta 1995 estaban obligados a darse de alta en la mutua y no fue hasta el año 2000 cuando se dio la posibilidad de poder entrar en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Sin embargo, la mayoría de los mutualistas optaron por permanecer en la mutualidad. «Había dos factores por los que la mayoría optó por quedarse. El primero es que todo el capital aportado lo perderían y no se les contabilizada los años trabajados hasta entonces,  teniendo que comenzar a cotizar de cero. El segundo, que el Consejo de Procuradores nos recomendó quedarnos porque íbamos a tener más coberturas y unas pensiones mejores que la de autónomos», apunta la portavoz del colectivo.

Nada de eso se ha cumplido: la pensión que les queda es muy inferior incluso a la no contributiva que está en 517 euros, sin derecho a incremento anual por la subida de precios, ni a pagas extraordinarias; no han contado con cobertura médica, puesto que se han tenido que hacer seguros privados de salud; ni tampoco para bajas laborales. «Las mujeres procuradoras hemos parido en hospitales privados y nada más dar a luz hemos tenido que seguir trabajando», subraya Ana, quien apunta que al final el capital que han ido aportando a la Mutualidad ha resultado ser igual que quien contrata un plan de ahorro.

Cabe indicar que la pensión que perciben se calcula teniendo como base el capital que han ido aportando a lo largo de su vida laboral. Sobre esa cantidad se introduce el factor de la esperanza de vida y se consigue el promedio mensual. Aquí también se da la desigualdad de género. «Se supone que los hombres tienen menos esperanza de vida que las mujeres. Por tanto, a ellos les queda una cantidad mayor que a nosotras», apunta Pons.

También pueden optar por distribuir ese capital en diez años, por lo que las mensualidades serían mayores, pero una vez pasada esa década, no tendrían ningún ingreso.

Una de las profesionales que a sus 70 años continúa ejerciendo a pesar de estar jubilada es Teresa García. A ella le ha quedado una pensión de 312 euros al mes. Se jubiló en el año 2021. Entonces el capital que tenía era de unos 70.000 euros. «Tuve la necesidad de continuar trabajando porque la pensión no me da para pagar los gastos de mi casa y si no nos dan una solución, voy a tener que venderla».

Ella es una de las profesionales que podrían entrar entre los beneficiarios de la nueva ley que les pasaría al RETA. El Gobierno pretende que los nuevos profesionales colegiados tengan que inscribirse obligatoriamente en el RETA a partir de 2027, y también pasarían los profesionales que estuvieran dados de alta en la Mutualidad antes de 1996.

Teresa está esperanzada, puesto que su pensión sería el doble. Pero considera que la ley debería ser para todos. «Todos estamos en situación de vulnerabilidad . Nos marcaron unas pautas que teníamos que seguir», insiste y apunta que este será su último año ejerciendo. «He trabajado durante 44 años y creo que me merezco un descanso y, sobre todo, pasar con mi familia y mi nieto, el tiempo que no pude estar con mi hija».

Alicia Ramírez, a sus 81 años, acaba de volver de un juicio cuando hablamos con ella. Es otras de las procuradoras jubiladas que continúan trabajando. Cobra una pensión algo mayor, unos 553 euros, y reconoce que cuenta con otras aportaciones porque es viuda y por tanto también cobra pensión del estado. «Sigo trabajando porque tengo la cabeza clara, tengo experiencia, me gusta mi trabajo y domino las tecnologías, pero es una vergüenza que después de 44 años trabajando me quede una pensión de 553 euros», asegura.

Encarna Pérez tiene 71 años y está jubilada. No ejerce desde hace dos años y medio. Su pensión es de algo más de 300 euros, a lo que le suma otros 140 por la Fundación de la Mutualidad. Cien euros arriba o abajo, lo cierto es que asegura que no se puede vivir con ese dinero después de 36 trabajando y pagando todo lo que le han exigido. «En pleno siglo XXI y cuando se habla de la igualdad no puede ser que tengamos que volver a vivir de nuestros maridos. Yo no he trabajado para eso».

Por otra parte, Encarna, que también entraría entre las afortunadas de la pasarela RETA, insiste en que debería ser para todos. «Hay en la propuesta un término que se escama que es el de la vulnerabilidad. ¿Qué se considera como tal, que tengamos que estar pidiendo limosna en la calle?», se pregunta.

Carmen Lis tiene 57 años y, por tanto, le quedan aún algunos años para la jubilación teórica, porque, al igual que sus compañeras, se ve llevando la toga hasta que la salud se lo permita. Tras conocer el caso de colegas, decidió consultar en cuánto estará su pensión. «Mi sorpresa fue que se quedaría en 450 euros y, es más, mi capital que creía era de unos 62.000 euros, está en 50.000. No sé lo que han hecho con mi dinero», asegura.

«Sí, creímos lo que nos dijeron y lo que nos prometieron. Ha sido una tomadura de pelo, pero lo cierto es que nos vemos cobrando una pensión miserable, habiendo trabajado 40 años o más y habiendo pagado todos nuestros impuestos».

Es por ello que también se ha sumado a la reivindicación de todo el colectivo para solicitar que se pase a todos los profesionales del colectivo, sin distinción, al Régimen de Autónomos. «Que el capital que tenemos en la Mutualidad lo pasen a la Seguridad Social y nos lo amorticen por años cotizados. No queremos que nos regalen nada», subraya.

Estos profesionales están pendientes de este martes 19, día en el que se debate en el Congreso de los Diputados una proposición de ley de PP y Sumar al respecto. Desde el colectivo aplauden el apoyo de todos los partidos, pero muestran su descontento con la propuesta de la ministra Elma Saiz de que la pasarela al RATE sólo se aplique a los procuradores pertenecientes a la Mutualidad anteriores al año 1996 y se deje en la misma situación al resto.

No son los únicos, también están en la misma situación los abogados y  el colectivo de arquitectos, ante las movilizaciones de los operadores jurídicos, ha empezado también a estudiar su situación.