![Varios acusados apuntan a la vida íntima del alcalde de Polop como móvil del crimen](https://s2.ppllstatics.com/lasprovincias/www/multimedia/202001/14/media/cortadas/acusados-crimen-polop-ktEF-U901226963598hH-1248x770@Las%20Provincias.jpg)
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EFE / EP
Alicante
Martes, 14 de enero 2020, 17:55
Varios de los siete acusados del asesinato del alcalde popular de Polop (Alicante) Alejandro Ponsoda, fallecido a tiros en 2007, han apuntado a la vida íntima del político como posible móvil del asesinato. Así lo han dejado entrever en sus escritos de defensa el considerado por la fiscalía principal cabecilla de la trama, el número dos de Ponsoda y posterior alcalde del PP, Juan Cano, y el abogado de uno de los supuestos sicarios, el checo Radim R.
Uno de los acusados ha negado intereses «urbanísticos» y otros han acusado de «fabulador» al testigo protegido.
En su escrito leído ante el jurado popular que enjuicia desde este martes el caso en la Audiencia Provincial de Alicante, Juan Cano ha señalado que en las horas previas al crimen Ponsoda había estado en la sauna Adonis de Benidorm y después en una conferencia sobre el sida en el ayuntamiento de Polop.
En una intervención posterior, el letrado del presunto autor material de alguno de los disparos Radim R. ha señalado en la sala que era sabido que el fallecido alcalde de Polop mantenía relaciones sexuales sin las debidas «precauciones» profilácticas y que, igual que le contagiaron las enfermedades que padecía, las pudo transmitir a terceros, en una época en la que ya no convivía con su esposa.
Por ello, ha añadido, esta circunstancia «abre el abanico de posibles móviles» que han dado origen al caso, según este letrado.
El abogado de Juan Cano, sucesor del alcalde de Polop asesinado a tiros en 2007 Alejandro Ponsoda, ha afirmado que su defendido es inocente y ha rechazado que le pudieran haber motivado «intereses urbanísticos» en una supuesta rivalidad con la víctima.
Los acusados de matar en 2007 al alcalde de Polop de la Marina (Alicante) han coincidido en descalificar el testimonio del testigo protegido que les incrimina, al que ven como un «fabulador» que, no obstante, sirvió para «desatascar» una investigación policial que no avanzaba por la falta de resultados.
A través de sus escritos de defensa, así lo han trasladado al jurado popular que les enjuicia desde este martes y durante las tres próximas semanas en la Audiencia Provincial de Alicante los siete acusados del asesinato de Alejandro Ponsoda (PP) cometido el 19 de octubre de 2007: cuatro como cabecillas e inductores y tres como autores materiales de los disparos.
La representante del ministerio fiscal ha apuntado este martes a la «animadversión» que los cuatro acusados de ser los inductores del crimen del alcalde de Polop (Alicante) sentían hacia Alejandro Ponsoda como origen del encargo de su asesinato en el verano de 2007 mientras que las defensas han cuestionado al testigo protegido, al que atribuyen haber sido un confidente de la Guardia Civil.
Fiscalía y acusación particular piden 25 años para los acusados de idear y ejecutar el asesinato del alcalde, mientras que las defensas aseguran que no hay indicios racionales de criminalidad. Este martes se ha celebrado en la Audiencia provincial la primera sesión del juicio, ante un jurado popular, contra los siete acusados del crimen: cuatro inductores -el exconcejal de Urbanismo y exteniente de alcalde de Polop, Juan Cano, sucesor de Ponsoda; el empresario Salvador García y los dos responsables del local de alterne Mesalina de Finestrat donde se urdió el crimen- y tres autores materiales.
Sobre las 21.20 horas del 19 de octubre de 2007, Ponsoda fue tiroteado en las puertas de su domicilio, en la pedanía de Xirles, en tres ocasiones y a través de la ventana de su vehículo, aunque solo recibió un impacto. Ponsoda falleció el 27 de ese mismo mes en el hospital.
En sus razonamientos, tanto la Fiscalía como la acusación particular han afirmado que Ponsoda era una persona «buena, querida y humilde» pero Juan Cano, en colaboración con Salvador García, Ariel Alberto Gatto y Pedro Jesús Hermosilla -responsables del Mesalina-, «por la animadversión» que sentían hacia él, encargaron su asesinato a Raúl Montero Trevejo, Robert Franek y Radim Rakowski, por 50.000 euros.
Previamente, según los hechos relatados, Cano y los otros tres presuntos inductores e instigadores propusieron el asesinato por 35.000 euros al que luego se ha convertido en el testigo protegido y que se negó a realizar el encargo hasta en dos ocasiones.
Sin embargo, las defensas cuestionan precisamente al testigo protegido y el letrado de Cano, sucesor de Ponsoda y principal acusado de ser el inductor, también rechaza el móvil político porque alega que el exedil no tuvo ninguna intervención en la elaboración de las listas de 2003 y muestra «de su buena relación» es que ambos encabezaron la de 2007.
Además, este letrado, al igual que los del resto de los acusados, argumenta que los hechos no se corresponden con las diligencias practicadas y que hay una total ausencia de indicios racionales de criminalidad, por lo que procede el sobreseimiento y piden la libre absolución.
Por su parte, el letrado defensor de Salvador Ros ha mantenido que no tenía móvil, ni ningún tipo de interés comercial ni urbanístico con el alcalde de Polop y que «paradójicamente con quien tenía mala relación era con Juan Cano». El letrado ha indicado que su presencia en el club Mesalina comenzó en 2008 con motivo de la ruptura con su mujer.
Las defensas de otros dos de los procesados alegan que no se han encontrado las armas, ni huellas, ni vestigios« en sus clientes y las de dos de los presuntos autores materiales coinciden en que la causa fue archivada en junio de 2011, por falta de pruebas y han mostrado su queja ante la presunta criminalización que han sufrido por parte de los medios, lo que ha vulnerado el derecho a la tutela efectiva.
La magistrada presidenta del Tribunal del Jurado, Cristina Costa, en el aparatado de cuestiones previas ha rechazado, para evitar la dilación del proceso, la petición de la defensa de Juan Cano y del resto de los acusados de la presencia de diferentes testigos, entre los destaca la del exsecretario del Ayuntamiento de Polop, que había declarado en la instrucción que Ponsoda le contó que le habían amenazado desde Valencia.
La magistrada sí ha admitido la incorporación de la transcripción «integra y completa» de las conversaciones telefónicas y los SMS entre dos testigos y que no figuran, pese a que se habían admitido como prueba.
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