Cuatro de cada cinco abusos a niños los cometen familiares o conocidos

El mayor peligro está en casa. Cuatro de cada cinco abusos sexuales a menores son perpetrados por personas de su entorno, alerta Save the Children en la víspera del Día Mundial de la Infancia. En su informe 'Los abusos sexuales hacia la infancia en España' incide en la gravedad de los abusos que sufren niños y niñas o el calvario judicial cuando denuncian. En la Comunitat Valenciana se interpusieron el año pasado 766 denuncias por delitos contra la libertad sexual sufridos por menores. Por provincias, Valencia es la que más casos registra, con 379 denuncias, seguida de Alicante, con 298. En Castellón se investigaron 89 delitos de esta naturaleza.

Según Save The Children, el sistema judicial falla a la hora de proteger a los menores que sufren semejante infierno: son obligados a declarar hasta cuatro veces y hay procesos que se alargan hasta cinco años. «La prevención es la clave, pero si llega la violencia sexual es fundamental que sigamos protegiendo a la víctima y evitar que pase por procesos que les pueden hacer aún más vulnerables», reclama Rodrigo Hernández, director de Save the Children en la Comunitat.

Un 45% de los abusos a menores se produce entre los 13 y los 16 años. Y la edad media en la que se inician es de 11 años. Así lo concluye la organización tras analizar 394 sentencias judiciales de abusos en la infancia entre 2019 y 2020, correspondientes a 432 víctimas. La organización añade que casi el 80% de los casos las víctimas son niñas y chicas adolescentes. En cuanto al agresor, el 84% de los abusadores son conocidos por las víctimas en mayor o menor grado. La mitad de los casos analizados se producen en el entorno familiar y aquí la figura del padre la más frecuente.

La organización de protección de la infancia inicie en lo que ya avanzó LAS PROVINCIAS: la mitas de los delitos sexuales que se producen en la región los sufren menores de edad. Y Hernández advierte: «No hay que olvidar que estas cifras son sólo la punta del iceberg». Desde su experiencia, «que las denuncias aumenten no es que haya más casos, sino que cada vez se visibiliza más el problema».

El actual proceso judicial en el que se ven envueltas las víctimas resulta «doloroso», según la organización. «Han de pasar por varias entrevistas, tienen que narrar su experiencia traumática ante diversos profesionales, exponiéndose a revivir el abuso y perjudicar la credibilidad de su testimonio por eventuales contradicciones», describen. Además, «en cuatro de cada cinco casos no se grabó el testimonio del niño o la niña». Es la llamada prueba preconstituida que evita acudir en persona al juicio y revivir el trauma.

Y apuntan otras «graves carencias»: la mayoría de profesionales del ámbito jurídico «todavía no tienen formación especializada en derechos de infancia y en violencia contra menores». Es necesario, entienden, «que se creen espacios amigables para que puedan prestar su testimonio de forma segura y respetuosa», concluye Hernández.

En cuanto a la duración de los procesos, se aprecia una mejora respecto a años anteriores: un 63% de los casos estudiados entre 2019 y 2020 no duraron más de dos años. Sin embargo, sigue habiendo casos que superan los cinco años, lo que demuestra que «todavía queda un margen de mejora».

Save the Children considera «urgente» establecer nuevas estructuras judiciales y fiscales «especializadas en violencia contra la infancia que se encarguen de causas penales por delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes». Ven «fundamental» crear una Fiscalía específica de violencia contra la infancia que participe en todos los procesos con víctimas menores, un organismo diferenciado del que atiende casos de menores infractores.

Según Hernández, en la Comunitat hay compromisos políticos por una jurisdicción especializada para menores víctimas y un proyecto de presupuestos para 2022 que incluye un turno de oficio especializado en materia de infancia. Pero «es fundamental continuar incrementando todos los recursos posibles para luchar contra cualquier forma de violencia hacia la infancia». También «avanzar en el desarrollo de la Ley de Infancia y Adolescencia aprobada por la Generalitat en 2018, con las novedades de la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia».