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La modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura se ha convertido en una amenaza para la economía alicantina que trasciende el sector agrícola. La pretensión del Ministerio de Transición Ecológica, respaldado por la Junta de Castilla-La Mancha, amenaza a miles de familias que viven del campo pero también supone un desafío para el turismo o la forma de vida de los habitantes del sur de la Comunitat.
Pese a que en el Gobierno hay cuatro ministros muy relacionados con la Comunitat, ninguno de ellos ha salido en defensa del trasvase. Ni José Luis Ábalos, cabeza de lista del PSOE por Valencia, ni Pedro Duque, número uno de los socialistas por Alicante, han evidenciado su postura. Tampoco lo han hecho sus compañeros de gabinete nacidos en Valencia José Manuel Rodríguez Uribes, titular de Cultura, y Luis Planas, responsable de la cartera de Agricultura.
Los cuatro fueron ayer interpelados por este periódico para conocer su posición sobre la propuesta del Ministerio de Transición Ecológica de reducir el trasvase de 38 a 27 hectómetros cúbicos mensuales e incrementar el caudal ecológico del Tajo. Ninguno de ellos contestó.
Pedro Duque sí que se mostró partidario hace un par de años mientras que el titular de Agricultura, Luis Planas, hace un par de meses declinó pronunciarse sobre el trasvase alegando que su competencia son los regadíos y no el agua.
Este silencio de los ministros valencianos ha sido casi más llamativo y a éste se refirió la consellera de Emergencia Climática, Mireia Mollà, cuando echó en falta el respaldo de los ministros valencianos en defensa de la transferencia.
La presidenta del Partido Popular valenciano, Isabel Bonig, aludió también a la ambigüedad mostrada por los ministros valencianos y exigió ayer a José Luis Ábalos y Pedro Duque que «se planten» ante Sánchez para respaldar el trasvase. Reclamó también a Puig «un frente común» en su defensa.
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en una entrevista de la Cadena Ser recogida por Europa Press, se dirigió a Emiliano García-Page. presidente de Castilla-La Mancha, y aseguró que «más allá de declaraciones altisonantes, lo que se debe actuar es con criterios objetivos« para garantizar el buen estado del río, pero también el agua a los regantes. »Esto no tiene que ser una guerra de confrontación de banderas sino de arbitrar las mejores soluciones«, dijo.
Puig se definió como «profundamente defensor del diálogo, desde la firmeza» pero recalcó que el trasvase es «absolutamente irrenunciable».
El secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica, Hugo Morán, defendió, por su lado, que reducir el volumen de agua a transferir en el trasvase Tajo-Segura obedece a una decisión técnica y que beneficiará a ambas cuencas.
Morán, en un vídeo remitido por el Miteco, explicó que el Gobierno aboga por dar una respuesta «más razonable« a las necesidades de ambas cuencas, en línea con las recomendaciones técnicas.
Recordó que la última modificación realizada en estas normas se produjo en 2013 «desoyendo las recomendaciones técnicas» que indicaban que en situación de nivel 2 no debería rebasarse los 30 hectómetros cúbicos. «De hacerlo se podía colocar al sistema en una situación excepcional, buena parte del tiempo a lo largo del año hidrológico y eso ha redundado en reducir las reservas disponibles. A su juicio, aquella fue una decisión política del Gobierno del PP que »se ha demostrado errónea, equivocada«.
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