![El yate varado en la playa de Pinedo](https://s2.ppllstatics.com/lasprovincias/www/multimedia/2024/07/05/yate-RSsZxsi4UZwTLXGvMyxNY6L-758x531@Las%20Provincias.jpg)
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El mes pasado encalló un yate en la playa de Pinedo por causas todavía no conocidas. Para conseguir devolverlo a alta mar hubo que organizar toda una operación de rescate que contó con la participación de remolcadores y maquinaria pesada. La broma costó cerca ... de 75.000 euros que Costas va ahora a cobrarle al dueño de la embarcación. O al menos lo va a intentar.
Durante los últimos meses se han sucedido varios incendios provocados en la Devesa de El Saler. Las fuerzas de seguridad localizaron a su presunto autor que, además de otras penas se tendrá que enfrentar a la petición del Ayuntamiento de Valencia de que se haga cargo de los costes de los servicios de extinción por una cantidad que supera los 109.000 euros.
Son dos ejemplos de lo que puede costar una imprudencia en el mar o en el campo. El verano es una época propicia para que muchas personas repitan este tipo de comportamiento. Son momentos donde una simple chispa puede hacer que ardan miles de hectáreas o que bañarse con bandera roja provoque la movilización de lo socorristas para efectuar un rescate.
Todas estas acciones conllevan un coste económico que la administración puede soportar sobre sus arcas o bien lo puede trasladar a los autores de los hechos. Además, existen multas que pueden ser disuasorias y evitar que los usuarios cometan una imprudencia. Pero, a la vista de los hechos, estas no consiguen frenar determinados comportamientos en los que en ocasiones el usuario llega a poner en riesgo su vida bien lanzándose a darse un baño en una zona no permitida o bien adentrándose en lugares con riesgos que desconoce por su inexperiencia y acaba necesitando que actúen los equipos de emergencia.
Como se ve el coste de la broma puede ser muy elevado. Hasta cinco mil euros por un rescate en montaña o, incluso, penas de cárcel que pueden alcanzar los veinte años.
En este sentido, Alex Mestre, vocal del Consejo General de Colegios de Mediadores de Seguros, ha asegurado que quien tiene que pagar los rescates o intervenciones depende de las circunstancias. «Una cosa son los profesionales que están federados y otra, los domingueros que es donde las autoridades pueden repercutir los costes».
Mestre ha señalado que a veces las administraciones no actúan porque no saben si sacarán algo en claro. «En general las reclamaciones han ido en aumento», ha expresado y ha inidcado que «las circunstancias determinan el éxito o el fracaso de una reclamación». También ha recomendado informarse antes con un profesional para determinar si compensa asegurarse y en qué medida.
Hace unos días unos espeleólogos se perdieron en la cueva La Soba en Cantabria. El gobierno autonómico movilizó todo un dispositivo de emergencia para localizarlos. Estuvieron perdidos durante todo un día hasta que fueron salvados el lunes siguiente. El rescate supuso la puesta en marcha de un equipo muy numeroso, con helicóptero incluido, que costó 569 euros las primeras horas y a continuación 113 por hora. La comunidad cántabra tendrá que hacer frente al gasto a no ser que se demuestre que los espeleólogos cometieron una imprudencia y para ello se ha abierto un expediente.
Provocar un incendio es una de las imprudencias que pueden costar más caro. Basta una chispa en el lugar equivocado para que se abran las puertas del infierno. Las penas de cárcel que se contemplan para el que cometa esta imprudencia -desde que se endureció el Código Penal en 2015- alcanzan los veinte años y los 24 meses de multa (es en este caso el juez quien fija la cuota diaria de acuerdo de acuerdo con las características del acusado). Pero la sanción más habitual es entre uno y cinco años de cárcel y una multa de 12 a 18 meses.
El problema son los agravantes. En el caso de que el incendio ponga en peligro vidas, la pena oscila entre los 10 y 20 años asociada a una multa de 12 a 24 meses. Si el siniestro es grave, baila entre los tres y los seis meses de cárcel y la multa varía entre los 18 y los 24 meses. En el caso de que el fuego no se haya extendido, la prisión oscila entre los seis meses y un año con una sanción de ente seis y doce meses.
¿Y qué sucede si estamos navegando en una embarcación, sufrimos un percance y necesitamos ser auxiliados? La factura puede dispararse. Lo mejor en estos casos es recurrir a Salvamento Marítimo que son los que tienen más medios para llevar a cabo estas operaciones. Si la actuación implica salvar vidas, el coste es nulo. El problema es la recuperación de la embarcación. En ese caso, se aplica una tasa que viene a determinarse a partir de las características de la nave y los medios que se han necesitado y que ronda los 350 euros por hora.
Si el apartado anterior sólo estaba al alcance de algunos, bañarse con bandera roja es una infracción que puede cometer cualquiera que se acerque a una playa. Lo que no todos saben es que es un infracción que se recoge en las ordenanzas municipales y en muchas localidades está sancionada y no con multas pequeñas. Hay que tener en cuenta que quien la comete no sólo pone en riesgo su vida sino la de los socorristas que pueden adentrarse en el mar para rescatarnos. De hecho, en algún ayuntamiento la multa puede alcanzar los 3.000 euros al considerarse una infracción muy grave. En el caso de infringir esta norma en la playa de la Malvarrosa o Pinedo en Valencia, el coste oscila entre los 750 euros y los 1.500 al igual que en la de Gandia.
No todos tienen el mar cerca, un privilegio de los que viven en el litoral o en sus proximidades. Muchos otros encuentran más a mano en muchas ocasiones un río, una balsa, un azud. El problema es que algunas de estas zonas también está prohibido el baño durante el verano. Y la prohibición viene acompañada de una sanción económica. En otras regiones españolas, como Castilla y León, las multas alcanzan los 1.500 euros por infringir esta ordenanza. En la Comunitat las cantidades son mucho más económicas. Es el caso de los 600 euros que ha impuesto Bolbaite por bañarse en el río o los 400 euros impuesto por daños medioambientales.
Como anécdota, en Valencia el Ayuntamiento ha prohibido los baños en el parque central se multan con 750 euros y hacer lo mismo en las fuentes de la ciudad puede costar entre 750 y 3.000 euros dependiendo que la infracción sea considerada leve, grave o muy grave.
Las multas en este caso pueden llegar a los 1.500 euros en el caso de que se decida escalar en alguna zona no habilitada. Las sanciones pueden ser mucho mayores en el caso de que alteren la nidificación de alguna especie protegida. En Euskadi se dio la circunstancia de que dos escaladores se enfrentaron a una sanción de 400.000 euros por alterar el hábitat de una especie de aves
Circular por una pista forestal puede ser un descuido. Pero hay que tener cuidado porque también está sancionado y más ahora con las altas temperaturas y la sequedad que hay en el monte. En la Comunitat Valenciana se considera como una infracción leve y las multas pueden oscilar entre los 60 y los 600 euros. Ahora bien, las sanciones por circular campo a través se mueven entre los 600 y los 18.000 euros.
Para el aficionado a la montaña pero para el que no conozca bien la zona en la que se encuentra, es un riesgo. Puede acabar perdido o atrapado y necesitar de los servicios de emergencia para salir bien parado. Los rescates pueden llegar a costar 5.000 euros en el caso de que se utilice un helicóptero.
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