La reconstrucción de los destrozos de la dana sigue su avance, pero cuatro meses y medio después es momento de poner cifras que expliquen ... de la manera más aproximada posible la afección real de la catástrofe. Este ha sido uno de los cometidos del vicepresidente segundo de la Generalitat y conseller para la Recuperación, Francisco José Gan Pampols, desde su aterrizaje en el Gobierno valenciano: saber qué y cuánto hay por hacer, cuál va a ser el coste de su reparación y aumento de resiliencia y quién va a financiar dichos trabajos. En el Palacio de la Cigüeña, sede de la Vicepresidencia Segunda, ultiman ya el informe diagnóstico tras las resultados de las mesas sectoriales impulsadas por el Consell por las que han pasado 100 expertos para aportar sus conocimientos y propuestas para el Plan de Recuperación. Una de las principales conclusiones extraída de estos encuentros son los 600 millones de euros en estragos en infraestructuras hidráulicas.
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Pese a que se trata de una cifra «preliminar y sujeta a cambio», esta estimación representa una aproximación bastante fidedigna de los destrozos causados por la dana sobre las infraestructuras del ciclo integral del agua, es decir, es la suma de todos los daños en cauces, presas y embalses, canales de suministro, plantas potabilizadoras y depuradoras así como en redes de abastecimiento y alcantarillado.
Para abordar de manera holística el ciclo integral del agua, la citada mesa técnica reunió a miembros del equipo de Gan Pampols con ponentes de la Conselleria de Agua, el Ayuntamiento de Valencia, la Diputación, Aigües de l'Horta, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Comunitat, la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), Global Omnium y del departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la Universitat Politècnica de València (UPV).
Esta ha sido sólo una de las 14 mesas sectoriales, celebradas en cinco días y con una duración de 37 horas de reuniones, en las que han participado un centenar de personas entre expertos, representantes de organizaciones, colegios profesionales y asociaciones clave en el proceso de reconstrucción. El secretario autonómico Venancio Aguado ha sido el encargado de su supervisión y en los encuentros también ha estado presente el director general Rafael Ignacio González. Aguado ha destacado la importancia para el proceso de recuperación de haber podido contar con factores como la diversidad y el conocimiento de perfiles «altamente cualificados», provenientes de los ámbitos público y privado, unidos a «la experiencia de las personas directamente afectadas».
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Cabe recordar que se ha realizado una cumbre específica para cada tema relacionado con la reconstrucción: industria, comercio y turismo, servicios sociales, medio ambiente, infraestructuras públicas, infraestructuras de transporte, agua, vivienda, agricultura, infraestructuras energéticas, cultura, sanidad y salud mental, deporte y empleo.
«Disponemos de un material valioso que nos está sirviendo de base para el diseño del Plan de Recuperación, una iniciativa que no puede excluir a nadie y que tiene que ser patrimonio de todos los valencianos», explica Aguado que hace hincapié en la necesidad crear las condiciones idóneas para minimizar futuros fenómenos meteorológicos adversos con tal de que una catástrofe de esta magnitud «no vuelva a ocurrir».
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Las mesas sectoriales se suman a las reuniones mantenidas por el mismo motivo con los ayuntamientos afectados y al Comité Técnico Sectorial para la Recuperación, donde hay presencia de todas las consellerias de la Generalitat, que se han celebrado durante este último mes. A ello cabe sumarle el trabajo de campo desempeñado durante este trimestre mediante visitas a municipios damnificados y entrevistas con actores de interés. En el Palacio de la Cigüeña esperan presentar el informe de diagnóstico en lo que queda de marzo para dar carpetazo a la primera de las fases del Plan de Recuperación e iniciar así la redacción de las medidas oportunas. Además, durante todo el proceso se contará con el apoyo de la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC).
Lo cierto es que Gan Pampols ha pisado el acelerador en las últimas semanas para presentar cuanto antes el documento pericial con una cifra de daños más aproximada a la realidad. Muestra de ello son las reuniones internas que ha mantenido con su equipo para valorar el borrador de dicho estudio o, sin ir más lejos, el pasado viernes donde presidió dos actos orgánicos de coordinación orientados ya a la segunda fase del plan. Una de las incógnitas que está a punto de resolverse es si el informe diagnóstico encargado por el vicepresidente incrementará el dato conocido hasta la fecha y sobre el que se ha trabajado hasta ahora: los más 17.000 millones de afección estimada por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie).
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Según ha podido saber LAS PROVINCIAS, existe una serie de aspectos en los que ha habido quórum por parte de expertos que han participado en las mesas sectoriales como la urgencia de apoyar a las pymes y autónomos con ayudas y más formación para evitar su cierre definitivo, reanudando cuanto antes la actividad para fijar a la población al territorio afectado. Es por ello que los especialistas han reivindicado una mayor celeridad en la tramitación de las indemnizaciones por parte del Consorcio de Compensación de Seguros. Asimismo, también hay consenso en que algunas infraestructuras de transporte sirvieron de encauzamiento y embalse del agua, provocando más daños de los esperados, y se puso en valor el sistema creado en tiempo récord para gestionar la ingente cantidad de residuos provocados por la riada.
En la primera de las mesas organizadas se valoró el impacto del desastre en el sector industrial sobre una superficie de 25 kilómetros cuadrados en la que había ubicados 67 parques industriales que se vieron afectados y, como consecuencia, casi 3.000 naves y locales dañados, según datos de la Cámara de Comercio. En la reunión, los participantes lamentaron la gran cantidad de empresas que reportaron daños en sus instalaciones, equipamiento y productos almacenados así como que una parte de las compañías damnificadas se vieron obligadas a cesar su actividad. Ante ello, se propuso dotar a los parques industriales de planes de emergencia, de control remoto de instalaciones y de una señalética inteligente para aumentar su seguridad.
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El comercio ha sido otro de los sectores más damnificados con más de 20.000 locales dañados, según datos de Cámara de Comercio y la Oficina Comercio y Territorio (Pateco). Dentro de este, las empresas de 'retail' especializado, alimentación y bebidas y de productos del hogar fueron las más perjudicadas.
En la reunión de agricultura se expuso que más del 70% de la zona inundada es de uso agrario, unos 40 kilómetros cuadrados según la Asociación Valenciana de Agricultores, hecho que ha perjudicado principalmente a la producción de frutas como cítricos, caquis, aguacates y hortalizas de temporada. También se puso de manifiesto la destrucción de canales de regadío que ha afectado gravemente al sector.
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La destrucción en infraestructuras de transporte también ha sido considerable, con un impacto estimado de 820 kilómetros de carreteras dañadas y casi 600 de líneas de transporte ferroviario. Otras redes de comunicación como el suministro eléctrico o las telecomunicaciones también contaron con un alto grado de afección al quedarse sin servicio eléctrico casi 15.000 familias mientras 300.000 usuarios perdieron la conexión.
Respecto a las infraestructuras sanitarias, la riada ha afectado a 61 centros de salud, tres hospitales, 421 farmacias y ocho centros de día mientras que en el ámbito educativo ha perjudicado a 106 centros públicos. De hecho, en la mesa de Sanidad, los expertos concluyeron que el desastre ha afectado de manera directa a la salud mental de la población, provocando trastornos por estrés y depresión que, según la alerta de los especialistas, se espera que persistan durante los próximos años.
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En cuanto a servicios sociales, la dana ha causado daños en 136 centros privados y 19 públicos. Además, otro problema grave que se expuso durante las jornadas de trabajo ha sido la afectación sobre la vivienda, que ha obligado a que haya familias desplazadas que precisan de una solución habitacional. Además, en materia inmobiliaria también se puso de manifiesto la problemática con los ascensores inoperativos, que ha impedido que personas mayores o con movilidad reducida puedan salir de sus casas meses después del desastre.
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