«Si la dana se hubiese desplazado 10 kilómetros al norte, hubiésemos tenido agua en Valencia hasta Blasco Ibáñez»

En este sentido, Marco ha resaltado que si no se hubiese construido el Plan Sur para proteger Valencia el agua «hubiera llegado a la Estación del Norte con toda probabilidad», es decir, los barrios del sur de la ciudad habrían quedado sepultados bajo el lodo. Asimismo, el ingeniero ha aprovechado su comparecencia en la Cámara Alta para defender la fortaleza que mostró la presa de Forata en el episodio de riadas y barrancadas del pasado 29 de octubre.

El experto hidráulico ha comentado no estar de acuerdo con que el embalse estuviera en «riesgo grave» de colapso. «No llegó siquiera a verter por coronación. No llegó ni al límite del aliviadero», ha asegurado en referencia a que el pantano desaguó con un caudal máximo de 1.091 metros cúbicos por segundo, según consta en el informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), lejos todavía de los 1.800 que tiene como límite para el desembalse.

Marco ha insistido en que las compuertas deben abrirse en casos como el episodio de lluvias torrenciales del 29-O dado que «si el agua salta por encima, se pueden romper», como fue el caso de Tous. «La tipología de Forata es la más segura. Me extrañaría muchísimo que una presa de hormigón de arco-gravedad, que es el tipo más seguro que existe, hubiera tenido problemas de altura», ha subrayado el experto.

El profesor ha remarcado que la eficacia de este tipo de infraestructuras hidráulicas se basa en la buena gestión y en el hecho de ser «proporcional a lo que le va a venir». Es más, a su juicio, el día de la dana el desempeño de la presa «fue ejemplar» con lo que «se salvaron muchas vidas».

De cara al futuro, Marco ha pedido actuar en base a la ordenación territorial a la hora de acometer las obras necesarias y ha instado a repensar el proyecto que desviaba parte del caudal del Poyo hacia nuevo cauce del Turia tras lo sucedido el 29-O. «Lo que no haría en ningún caso es una presa, eso jamás», ha aseverado a la par que ha reivindicado actuar de manera urgente sobre poblaciones como Aldaia «cuyo nivel de protección es 0» después de que hayan pasado 60 años desde la planificación de los trabajos.

Sobre la ley de la huerta del Botánico que bloqueó las actuaciones hidráulicas que habrían mitigado la catástrofe, Marco ha desvelado que advirtió al equipo redactor que el diseño de la norma era «demasiado maximalista» y que no se habían dejado las «cautelas suficientes» para hacer obras. El ingeniero se ha mostrado favorable a una ley de protección de la huerta, pero que la legislación debe hacerse de un modo adecuado «no nos peguemos un tiro en el pie como nos lo hemos pegado aquí».

Félix Francés, el otro catedrático compareciente, ha comentado al respecto desconocer si jurídicamente la normativa del Consell de Ximo Puig prohibía expresamente la construcción de infraestructuras «pero lo dificultaba como mínimo». Ambos expertos han criticado que la gran carga burocrática que lleva aparejada la tramitación de obras hidráulicas demore su ejecución.

Marco se ha mostrado tajante a la hora de acometer modificaciones urbanísticas mediante obligaciones «'manu militari'» a los ayuntamiento con tal de adaptar las zonas urbanas existentes a la nuevas leyes de inundabilidad. «Nos lo manda la ley: la europea, la española y el sentido común», ha comentado el catedrático.

El experto ha tildado de «anticuados» los planes generales de ordenación urbana (PGOU) y ha instado a repensar la posible prohibición de viviendas situadas en plantas bajas que no tengan acceso a plantas superiores, a revisar los sótanos o hacer que la maquinaria de los ascensores se ubique en los pisos superiores y no en las plantas bajas en aquellas fincas situadas en zona inundable.

Por otro lado, ambos expertos han alegado que se precisa una mejora en el sistema de alertas. De hecho, Marco ha señalado la coordinación falló «flagrantemente» y ha advertido que la subida de la temperatura propiciará que estos fenómenos de gotas frías se produzcan con más frecuencia pero duda de que tengan una mayor intensidad.

Francés por su parte ha apostado por la necesidad de llevar a cabo una priorización a escala nacional de las infraestructuras para el control de avenidas, al ser la Administración General del Estado la instancia competente en el dominio público hidráulico y «quién debe tirar del carro». El ingeniero ha abogado por utilizar criterios como la reducción de la peligrosidad y el coste económico a la hora de jerarquizar. En este sentido, el catedrático ha explicado que las obras proyectadas en 2006 tenían un coste de 150 millones de euros, pero se cuantificaba que reducían el riesgo en 11 millones de euros al año.

El experto también ha recomendado que se avance en el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) para que sea un sistema de alerta y no sólo de información. Asimismo, ha advertido que ahora mismo una predicción meteorológica «tiene su incertidumbre», por lo que ha apostado por «desarrollar herramientas que ayuden a adoptar la mejor decisión teniendo en cuenta que existe incertidumbre en lo que el sistema te está presentando».

Mientras en el Senado se espera que pasen por la comisión de investigación los comparecientes de cariz político como el president de la Generalitat, Carlos Mazón, o el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la sesión de hoy pasarán otros dos perfiles expertos, pero ninguno de ellos, con funciones de responsabilidad el día del desastre. Este martes acudirán el arquitecto Julio Gómez-Perretta, hijo de uno de los artífices del Plan Sur, y el decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Comunitat, Javier Machí.