La decana de violencia exculpada de acoso laboral se marcha a la Fiscalía del Supremo

Lo intentó en su momento con la jefatura de la Fiscalía de Valencia y también con la del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV). Pero ambas apuestas resultaron infructuosas. Los nombramientos dependen fundamentalmente del criterio del fiscal general. El Consejo Fiscal, órgano consultivo, vota a los candidatos a determinadas plazas, pero el resultado no es vinculante.

Guiralt ingresó en la carrera en 1986, con destino en Barcelona. En 1991 tomó posesión como fiscal en Valencia. En 2004 fue nombrada fiscal coordinadora de Violencia Doméstica y en 2005, fiscal delegada de Valencia de Violencia sobre la Mujer. Forma parte de distintos grupos de expertos contra la violencia de género.

El nombramiento tiene, además, una segunda derivada que contribuirá a reducir la enorme tensión que desde hace años se vive en la sección de Violencia de Género de Valencia y que terminó incluso con una denuncia de acoso laboral que obligó a la Fiscalía General a la apertura de un expediente.

El Tribunal Supremo, no obstante, descartó recientemente la tesis de las demandantes, cuatro compañeras de la sección, que mantenían haber sufrido mobbing con determinadas decisiones de su responsable. De hecho, reclamaban que Guiralt fuera apartada de su responsabilidad y que se aplicara de inmediato el protocolo contra el acoso que dispone el ministerio fiscal.

Las quejas de las compañeras se fundamentaban en el inadecuado reparto de asuntos y sobre todo en la distribución de las guardias. Asunto este de especial importancia ya que supone una remuneración extra en las nóminas. Las cuatro recurrentes sostuvieron que existía un «arbitrario» reparto de estos servicios, circunstancia que atacaba su dignidad. Citaron la vulneración de abundante normativa y hablaron de una especie de «acoso laboral sistemático», que les había llevado a trabajar en un ambiente de «ansiedad y estrés».

Los magistrados del Supremo, que dieron la razón a la delegada de violencia, insistieron en diferenciar lo que pueden ser criterios diferentes en el reparto del trabajo de lo que constituye una situación de verdadero acoso. En un supuesto de esas características se evidencia «una situación de hostigamiento sistemático que se reconoce por la confluencia de una serie de acciones continuadas y enlazadas en el tiempo, que obedecen a un plan premeditado con el propósito de hostigar, asediar o acorralar a un trabajador, mediante humillaciones o menosprecios, generando una situación de aislamiento, e infundiendo un temor en la víctima que le impida seguir acudiendo al trabajo». Nada de todo lo anterior se había producido en este caso.

Durante los últimos años, especialmente convulsos por las circunstancias anteriores, ninguna de las fiscales involucradas en este conflicto había cambiado su puesto pese a que era una opción factible para cualquiera de las profesionales. Finalmente, la salida de Guiralt y el nombramiento de una nueva responsable deberían contribuir a rebajar la tensión en el departamento.