De investigadora a demandante

«Los institutos –de investigación– deben tener las herramientas adecuadas para poder contratar al personal de forma digna. El problema es que no se les dota de esos instrumentos y la ley de la ciencia da argumentos a estas instituciones para que puedan seguir contratando de forma precaria a los investigadores. Los institutos están atados de pies y manos y sólo lo pueden hacer así». Delia Castellano es una trabajadora del Instituto de Investigación Sanitaria (IIS) La Fe de Valencia y pone rostro a la precariedad laboral que sufren la mayor parte de los científicos; problemática que ayer se hizo patente con las protestas de estos profesionales en varias ciudades españolas, entre ellas Valencia.

Delia, como narró a LAS PROVINCIAS, trabajó para el IIS La Fe entre 2009 y 2019, década en la que encadenó hasta cuatro contratos temporales «y eso te precariza mucho, porque estás sometida a que cada tres años estés en la cuerda floja». El último de los contratos «no se resolvió y me tuve que ir al paro. Tras diez años trabajando, a ver qué haces», recordó. La primera consecuencia fue la desestructuración del grupo de investigación en el que estaba integrada y el retraso o, directamente, la suspensión de proyectos en los que estaba trabajando. «La principal línea de investigación en la que estábamos trabajando era la regeneración del tejido cardiaco tras un infarto de miocardio con diferentes tipos de tratamientos experimentales, como células madre y exosomas. También en una línea de regeneración de piel para grandes quemados. La primera se ha ralentizado en algunos procedimientos un año o año y medio y la segunda ha desaparecido», resumió esta profesional.

Castellano, ante esta situación, optó por la vía judicial. «Decidí demandar porque creía justo que después de diez años trabajados tenía labores estructurales dentro del grupo de investigación. Dominamos unas técnicas y tenemos una experiencia investigadora que te sirve igual para un proyecto que para otro, y en el juicio hemos podido demostrar que mis labores eran estructurales. La sentencia, de finales de 2020, indica que mi despido fue improcedente, y me han reconocido la antigüedad desde 2009 y que hago labores estructurales en investigación. Pude elegir entre recibir una indemnización por despido improcedente o volver a mi puesto de trabajo y pedí lo segundo con contrato indefinido», relató sobre su lucha para recuperar su empleo.

El caso de Delia sirve de ejemplo de la situación en la que se encuentran estos especialistas, como indicó a este diario Rafael Vázquez, vocal de la Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios, portavoz de la entidad en la Comunitat, e investigador consolidado del ISS La Fe. «Los políticos de este país no piensan en ciencia, no nos escuchan, no se dejan aconsejar», lamentó, para insistir en que, entre otras cuestiones, «lo que se debería revisar es cómo estabilizar a estos profesionales, puesto que no está bien regulado».

La reforma de la ley de ciencia contempla una figura laboral que está sujeta a evaluación cada cierto tiempo, como explicó Vázquez, por lo que «deja a la institución que te acoge la voluntad de renovarte o despedirte. Estamos abocados a la arbitrariedad de la dirección y a que, aunque lo estés haciendo bien, te puedas ir a la calle por otros motivos ajenos a tu trabajo», criticó.

La inversión que destinan a ciencia las administraciones es otra de las quejas. «Con el plan de choque de Pedro Sánchez se ha aumentado del 1,24 al 1,36% del PIB, pero seguimos estando a la cola de Europa y de ese porcentaje poco más de la mitad viene de los poderes públicos».

Tanto la situación de precariedad actual como una reforma de la ley de ciencia que no cumple sus expectativas llevó este jueves a decenas de investigadores a manifestarse en la plaza del Parterre de Valencia, aunque las manifestaciones se sucedieron también en otras ciudades como Madrid, Barcelona, Oviedo, Santiago de Compostela y Sevilla, promovidas por la Coordinadora Marea Roja de la Investigación.

Por su parte, el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, mandó un mensaje al colectivo: «El proceso de diálogo ya hace tiempo que se ha iniciado y creemos que sería más provechoso sentarse a dialogar en esta etapa que tenemos por delante».

Tras las diferencias entre parte de la comunidad científica y el Gobierno central, Duque aseguró que el Ministerio de Política Territorial y Función Pública convocará «en un par de semanas» a los sindicatos en una Mesa General de Negociación para abordar la modificación de la norma. «Es una mesa preceptiva y haremos el diálogo durante estas semanas». El ministro también recalcó que «todas las semanas« se ha estado convocando a sociedades y colectivos científicos para discutir sobre la reforma. «Creo que sería mejor primero dialogar y luego ver cuál es el resultado; es un orden de cosas más correcto», afirmó.