El decretazo del Consell obliga a cambiar libros y a rehacer horarios de profesores

El decretazo aprobado por el Consell de cara al inicio del curso ya está teniendo consecuencias en la organización de los centros, como el goteo de comunicaciones a los padres sobre los libros que cambian, los horarios de los docentes que no coinciden con las previsiones iniciales o la composición de algunas aulas, especialmente en los colegios con doble programa lingüístico. También ha generado incertidumbre pues no queda claro si las escuelas, en las aulas de tres años, pueden ofrecer alguna hora de clase en lengua inglesa, una opción que estaba generalizada hasta el pasado ejercicio y que sin embargo el modelo del Consell, el impugnado en los tribunales, no permitía. El decreto ley aprobado el viernes, que entra en vigor hoy aunque debe ser convalidado por Les Corts, resulta contradictorio en este punto.

Esta normativa dice que en 1º de Infantil -tres años-, se aplicarán unos niveles lingüísticos de nueva creación -A, B y C- cuya carga horaria en las diferentes lenguas es calcada a los Avanzados, Intermedios y Básicos recogidos en el decreto de 2017, suspendido cautelarmente a la espera de sentencia. Los centros deberán aplicarlos en función de la distribución que ofrecieron a los padres en la última admisión, es decir, del nivel del decreto que aprobaron en su día. La norma también establece que en el resto de cursos -de 2º de Infantil hasta 6º de Primaria- se mantiene el modelo de años anteriores, el del PP, lo que implica aceptar la cautelar y renunciar a la intención inicial de la conselleria: que toda la etapa de Infantil -tres, cuatro y cinco años- se adaptara este ejercicio al decreto de 2017.

Estas instrucciones se conocieron el viernes, y la relación de libros y materiales a utilizar, en todos los cursos, se trasladó a las familias terminadas las clases, entre principios y mediados de julio. Entonces, pese a que se conocía la paralización cautelar, las directrices de la conselleria era que nada cambiaba respecto a las previsiones iniciales. Es decir, los centros eligieron libros en base a su nivel lingüístico derivado del decreto suspendido para sus clases de Infantil y teniendo en cuenta que desaparecía la doble línea -Ppec y Ppev- ya que todas las aulas aplicaban el mismo programa. Y ahora se indica que las de cuatro y cinco años se mantienen como en años anteriores, incluido el doble programa, de ahí los cambios en los materiales inicialmente seleccionados.

Los ejemplos trasladados por los padres son numerosos. Un centro del l'Horta Nord ha informado de que tras el decreto ley «se han visto obligados a modificar» los ejemplares de 2º y 3º de Infantil correspondientes a la línea en castellano (Ppec) -que se mantiene- así como los de 1º de Primaria, pues era una escuela que se adelantó al calendario del decreto suspendido más allá de adaptar sus clases de Infantil.

Algo parecido ha sucedido en otro colegio de Mislata, donde se explica que en las clases vehiculadas en castellano se deberán sustituir los libros seleccionados, basados en un nivel Avanzado -valenciano como lengua principal- por sus equivalentes en castellano. «Sugerimos que las familias vayan a las librerías donde compraron los libros y soliciten el cambio de los mismos», se recomienda, antes de pedir disculpas por las molestias causadas.

Otros centros todavía no habían trasladado el martes la nueva relación de libros, aunque sí anunciaron cambios. Es lo que sucedió en una escuela de Elche, que informó a los padres de que los libros de Infantil se darían a conocer el miércoles. Previamente se les había facilitado un listado correspondiente al nivel Avanzado para toda la etapa. Con el decreto ley, en tres años aplicarán el nivel A -su equivalente- y en cuatro y cinco habrá doble programa (Ppec y Ppev).

También ha habido casos en que se han comunicado cambios más discretos, como el de una única asignatura de Primaria en un centro que había avanzado al calendario general, recomendando que se acuda a la librería correspondiente. Más allá de los ejemplos concretos y para hacerse una idea del impacto, el 70% de los colegios cambiaron su programa lingüístico aplicado hasta entonces con decreto de 2017. Por tanto, pueden verse obligados a modificar la previsión de libros que hicieron a finales del curso. Sin olvidar que 235 recuperan la doble línea.

Por su parte, tal y como explicó José Moyano, presidente de la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (Anele), las empresas «tratarán de minimizar los perjuicios a las familias» facilitando el cambio de manuales y lotes y evitando que se repercutan costes añadidos.

En cuanto a los horarios, fuentes de la inspección explicaron que se han trasladado dos casuísticas. La primera es cómo proceder en centros incompletos. Son los que agrupan alumnos de Infantil de diferentes edades, por ejemplo de tres y cuatro años -en principio con programas lingüísticos distintos-, y la única solución que se vislumbra es crear desdobles, lo que implica cuadrar de nuevo los horarios. Y la segunda se refiere al inglés en tres años. Si bien hay centros que pretenden ofrecerlo al considerar que el decreto ley lo contempla, la normativa, en el punto dos del artículo 3, dice que se asignarán los programas A, B y C en función de la carga horaria en castellano y valenciano ofrecida en la última matrícula. No habla del inglés, de ahí que se sospeche que, en realidad, existirá bilingüismo, no plurilingüismo. Justo lo que preveía el decreto de 2017.

«Nosotros no vamos a meternos en cómo se organiza el tribunal, no voy a decirle lo que tiene que hacer. Tiene el derecho de organizarse y la obligación de dar respuesta». Las declaraciones corresponden al conseller Vicent Marzà durante la entrevista concedida el lunes a Radio Valencia Cadena Ser, tras la pregunta de por qué no se había pedido, en su último recurso, que el TSJCV se pronunciarse durante el mes de agosto, una información que trasladó el pasado domingo la administración de justicia.

En arreglo a la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, no es el tribunal quien tiene esta potestad, sino que debe ser alguna de las partes incluidas en el proceso la que debía dar el paso.

«En casos de urgencia, o cuando las circunstancias del caso lo hagan necesario, las partes podrán solicitar al órgano jurisdiccional que habilite los días inhábiles en el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales o en el incidente de suspensión o de adopción de otras medidas cautelares», tal y como reza el artículo 128, que añade que en estos supuestos el juez dispone de tres días para emitir un auto tras oír a las partes. En este caso concreto, también lo pudieron solicitar las organizaciones favorables al decreto suspendido que se personaron en la causa o la Diputación, algo que no tendría mucho sentido.

Si se hubiera formalizado esta solicitud, en agosto se habría resuelto el recurso que Educación presentó el 31 de julio y en el que defendía el cumplimiento de la cautelar, lo que habría evitado la incertidumbre que ha servido de justificación para aprobar el decreto ley. Al no hacerlo, el primer día hábil para estudiarlo fue el pasado viernes.