Las zonas de juego infantiles tendrán que estar protegidas del tráfico de vehículos

«Las decisiones técnicas han de adaptarse a la vida real y resolver los problemas de la gente en su día a día». Es el objetivo que marca que el decreto de accesibilidad en la edificación y en los espacios públicos de la Comunitat que ha elaborado la Conselleria de Obras Públicas y que acaba de salir a información pública, por lo que se abre el periodo de alegaciones durante 15 días.

La titular de este departamento, María José Salvador, ha explicado hoy los detalles de un decreto que desarrolla la ley de 1998 y que persigue, entre otros aspectos, armonizar la terminología con la normativa estatal y simplificar la normativa con el objetivo de «garantizar la accesibilidad universal».

Entre las novedades, por ejemplo, los edificios de nueva construcción deberán contar con ascensor a partir de las seis viviendas, en lugar de las 12 planteadas en la normativa estatal, además de mejorar la señalización para personas con discapacidad sensorial, un aspecto que también se extiende a los espacios públicos. En las promociones de viviendas unifamiliares se obligará a que el 25% de las construcciones sean accesibles en la entrada y tengan un dormitorio en la planta baja.

El decreto también contempla que las zonas de juego infantiles estén protegidas del tráfico de vehículos mediante vallado, vegetación o distanciamiento. Además, a partir de cuatro elementos de juego tendrán que tener con una accesible para niños con movilidad reducida o dispondrán de áreas de descanso con bancos accesibles.

Las medidas para garantizar la accesibilidad para personas con cualquier tipo de discapacidad también afectarán a espacios naturales como las playas o a las calles, ya que en las de uso mixto (peatones y coches) se exigirá que el pavimento sea táctil o de botones para identificar las zonas seguras para los viandantes. En el caso de los espacios públicos, todas las zonas del edificio deberán ser accesibles mientras que en la normativa estatal es a partir de 100 metros cuadrados.

Preguntada por la accesibilidad en los edificios de la Generalitat, la consellera no ha especificado la situación actual y ha remitido a la comisión interdepartamental creada para ello. Sobre las sanciones a quienes incumplan el decreto, ha apelado a la necesidad de incrementar la labor pedagógica.

Durante la presentación del proyecto de decreto, se ha recordado que el 26% de la población de la Comunitat tendrá más de 65 años en 2031 y que el casi el 9% de los habitantes tienen un grado de discapacidad del 33%.