El Defensor del Pueblo pide agilizar las citas en Extranjería

El Defensor del Pueblo ha recomendado revisar de forma «urgente» la aplicación informática de cita para trámites de extranjería y analizar si es necesario incrementar las plantillas de las oficinas donde se realizan dichos trámites, ante el «número importante de quejas» en Madrid, Barcelona, Girona, Valencia, Murcia, Sevilla, Alicante o Palma de Mallorca.

«Se han recibido en esta institución un número importante de quejas relativas al deficiente funcionamiento del sistema de cita previa de extranjería. En los últimos meses se ha incrementado el número de provincias en las que se detectan estas dificultades de acceso», subraya en una recomendación. Según precisa la institución, en un primer momento dichas quejas venían referidas a zonas puntuales del territorio nacional, como Barcelona o Madrid.

El Defensor del Pueblo explica que esta ausencia de citas afecta de modo similar a todo tipo de trámites relacionados con ciudadanos extranjeros. Además, puntualiza que, en las actuaciones iniciadas con distintas delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, se les ha comunicado que el origen del problema es «la ausencia de medios personales y materiales suficientes para hacer frente a las tareas encomendadas, lo que supone que se oferte un número de citas inferior a las necesidades existentes».

Sin embargo, indica que no parece que esa percepción sea compartida por la Secretaría de Estado de Política Territorial Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Como ejemplo de lo anterior, señala que en el caso de Barcelona, en 2018, el organismo informó de la suficiencia de funcionarios asignados a esa Subdelegación del Gobierno.

Esta situación provoca que los interesados acudan a locutorios, gestorías y establecimientos similares donde, con medios informáticos avanzados, obtienen citas de manera masiva, «impidiendo que los particulares puedan acceder a las mismas». Según relataba una de las mujeres participantes en una concentración de protesta en Madrid, Gilma, natural de Honduras, llegó a pagar 50 euros por una cita en un locutorio.

El Defensor del Pueblo entiende que «existen herramientas informáticas disponibles que permitirían atajar de manera inmediata este problema» e identificar los casos en los que exista una obtención fraudulenta, o incluso delictiva, de citas.