La delincuencia se reinventa en tiempos de pandemia

La criminalidad se ha adaptado a la pandemia en pocos días. Los traficantes agudizan su ingenio para vender la droga a domicilio. Los delitos tecnológicos se disparan tanto como los atracos a farmacias y a usuarios de cajeros automáticos. Suben también los robos en estancos y supermercados, pero descienden los homicidios, las agresiones sexuales, los delitos contra la seguridad vial, los hurtos y las denuncias en términos generales.

El confinamiento, las calles vacías y la restricción de movimientos tienen consecuencias para las fuerzas de seguridad del Estado y para la ciudadanía: las infracciones penales bajaron hasta un 50 por ciento en la primera semana de estado de alarma.

Tras analizar las estadísticas y los nuevos patrones delictivos, la Guardia Civil y la Policía Nacional han reforzando la vigilancia en puntos sensibles, como los cajeros automáticos y las farmacias. Ante la falta de víctimas en las calles desiertas, los delincuentes aprovechan al máximo las pocas oportunidades que tienen para robar, como pueden ser las extracciones de dinero en las sucursales bancarias o cuando los comerciantes están a punto de cerrar sus locales.

La presencia policial es mayor, incluso con agentes de paisano, a finales de mes en las inmediaciones de los bancos para prevenir robos a personas mayores cuando regresan a casa tras cobrar sus pensiones. La policía aumenta la vigilancia en estrecha colaboración con los departamentos de seguridad de las principales entidades bancarias.

El aumento de los controles policiales ha disparado también el número de traficantes detenidos en la Comunitat Valenciana. Hacerse pasar por repartidor de comida, pasear con un perro, sustraer un taxi, ocultar dosis de cocaína en la mascarilla o guardar cola en la puerta de un supermercado son algunas tretas para vender o comprar droga. Los camellos que controlan el menudeo se reinventan para mantener su negocio ilícito, pero no siempre les sale bien.

Las fuerzas de seguridad del Estado y las policías locales han duplicado el número de detenciones en las últimas semanas por un delito contra la salud pública. La mayoría de los individuos fueron arrestados en controles rutinarios de la policía cuando trasladaban pequeñas cantidades de sustancias estupefacientes para venderlas al por menor.

La colaboración de un trabajador de Glovo fue clave para la detención de un camello que le encargó el traslado de un paquete con marihuana a un domicilio particular. El repartidor desconocía el contenido de la fiambrera que transportaba en su moto, pero acudió a la central de la Policía Local de Valencia nada más percibir el olor de la droga y delató al traficante.

También ha aumentado el número de detenidos por delitos de desobediencia, resistencia y atentado a un agente de la autoridad. La inmensa mayoría de los arrestados incumplieron de forma reiterada el estado de alarma, desoyeron, escupieron o tosieron a policías y guardias civiles o incluso los golpearon o intentaron atropellarlos para escapar.

Según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno, 957 personas fueron detenidas por desobedecer o enfrentarse a los agentes entre el 15 de marzo y el 23 de abril en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón. Muchos de estos individuos tienen antecedentes delictivos y ya habían protagonizado episodios violentos antes de que comenzara la crisis epidémica. En cuanto a las propuestas de sanción por saltarse el confinamiento en la Comunitat, el número asciende a 97.108 en ese mismo periodo y 2,719 ya han sido notificadas a los infractores. El récord de irresponsabilidad lo tiene un vecino de Elche con 47 denuncias en 33 días. El hombre ingresó en prisión el 16 de abril al colmar el vaso de la paciencia del juez que estaba de guardia ese día.

Pero todas las cifras relacionadas con la crisis del Covid-19 no son negativas. Los asesinatos han descendido al ser menor la actividad de los grupos criminales, y la cifra de delitos contra la libertad sexual bajó desde que se suspendieron las fiestas, cerraron discotecas y locales de ocio y la gente apenas pisa la calle.

De la misma forma, las agresiones, la peleas y los delitos contra la seguridad vial también han disminuido. Los equipos de atestados de la Guardia Civil y las policías locales acuden a muy pocos accidentes y realizan menos pruebas de alcoholemia y test de detección de sustancias estupefacientes.

Sin aglomeraciones en las ciudades ni eventos, los carteristas se han quedado sin víctimas ni apenas oportunidades para delinquir por la recomendación de guardar la distancia de seguridad de dos metros, aunque algunos acuden a los cajeros bancarios para hurtar dinero a la mínima posibilidad que tienen.

Tras aumentar otras conductas delictivas como las relacionadas con el cibercrimen, la Policía Nacional y la Guardia Civil han reforzado la vigilancia en las redes sociales y comunicaciones a través de internet para prevenir estafas y otros delitos. El confinamiento obligado ha modificado los hábitos de consumo de los ciudadanos tras aumentar, por ejemplo, las compras 'online'.

El mayor tiempo de uso de los dispositivos digitales y las insuficientes medidas de seguridad favorecen el aumento de la delincuencia en la red. Los estafadores acceden ahora a muchos más hogares que antes y tratan de rentabilizar la angustia y el miedo de los ciudadanos con el tráfico de mascarillas, falsas vacunas o tratamientos milagrosos. Envían correos electrónicos de forma masiva con reclamos y engañan muchas veces a las personas más vulnerables.

El coronavirus es el camuflaje ideal para los ciberdelincuentes. Algunos piden donaciones para equipamiento médicos, suplantan a clientes o proveedores, solicitan datos para transferencias o realizan ataques informáticos de forma organizada.

Compañías como Sothis, especializada en tecnologías de la información y gestión industrial, han lanzado un paquete de servicios gratuitos sobre ciberseguridad para proteger a las empresas de posibles ciberataques y ayudarlas a minimizar el impacto del Covid-19. El objetivo de la iniciativa es ofrecer recursos tecnológicos y planes de formación durante la duración del estado de alarma para impedir el robo de datos personales o detectar la suplantación de identidades, entre otros objetivos.

De esta forma, las empresas evitan brechas de seguridad en sus sistemas informáticos, detectan campañas de 'phishing' y reciben también un asesoramiento gratuito para cumplir la normativa de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).