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J. A. MARRAHÍ
Valencia
Lunes, 26 de marzo 2018
La posibilidad de recuperar un pellizco de los costosos gastos de formalización de escrituras hipotecarias está generando montañas de papel que crecen en dos estancias de la Ciudad de la Justicia. Los expedientes corresponden al juzgado de Primera Instancia 25 de Valencia, el encargado de lidiar a nivel provincial con el aluvión de reclamaciones de cláusulas abusivas que han llegado en el último año.
Asistimos al desconcertante escenario: algunos de los escritos forman pequeños 'rascacielos' de papel que se elevan desde el suelo hasta alcanzar la altura de un niño. Otros expedientes esperan su momento en hileras de cajas acumuladas a lo largo de casi 15 metros junto a uno de los ventanales interiores de la Ciudad de la Justicia. Demasiados casos para tan pocas estanterías.
En este panorama trabaja la magistrada titular, otras cuatro de refuerzo y ocho funcionarios, dos gestores, cuatro tramitadores y personal de auxilio judicial. «Es de los juzgados que mejor funcionan de España, pero aún así está desbordado por el volumen de trabajo», admite el decano de los jueces, Pedro Viguer, cuyo departamento ha urgido a la Conselleria de Justicia un nuevo refuerzo para poder hacer frente a la ingente acumulación de demandas. En concreto, precisan otros tres funcionarios de tramitación y Viguer confía en que la petición «será atendida como ya ha ocurrido con los refuerzos anteriores» para este atribulado órgano judicial.
Junio de 2017 El juzgado de Primera Instancia 25 de Valencia es designado para asumir, con refuerzos, la sobrecarga ante el aluvión de demandas de ciudadanos por clausulas abusivas en sus préstamos hipotecarios.
Septiembre de 2017 Pico en la llegada de reclamaciones en Valencia. Entran 1.700, una media diaria de 118 casos que estudiar.
Febrero de 2017 Una sentencia del Tribunal Supremo reduce las aspiraciones de los demandantes al repartir cargas entre solicitantes de préstamo y prestamista. Con el fallo, se frenan las demandas hasta caer a 333 en lo que va de marzo, la cifra más baja desde junio del año pasado.
Para comprender su situación bastan unas pocas cifras que brinda el Decanato de los Juzgados de Valencia: desde junio ha recibido más de 9.600 demandas de ciudadanos por este tipo de pleitos. Su esfuerzo ha logrado resolver 1.500 casos y realizar 2.000 señalamientos para juicios, los más tardíos catapultados hasta noviembre. Hay 5.600 demandas ya en trámite, pero otras 4.000 siguen pendientes de incoar «y es ahí donde sufrimos el principal retraso», lamenta el decano Viguer.
Si echamos la vista atrás en el 'annus horribilis' de Primera Instancia 25, nos topamos, por ejemplo, con septiembre del año pasado, un mes en el que llegaban 118 demandas de media diaria. En parte, la enorme cantidad de litigios de suscriptores de préstamos responde a que las resoluciones judiciales por cláusulas abusivas han sido, en los últimos meses, favorables a sus intereses.
Según datos del Poder Judicial, más del 98% de las sentencias dictadas el año pasado por juzgados especializados en cláusulas abusivas fueron favorables a los demandantes. En 22 de las 50 provincias españolas, el cien por cien de las resoluciones estimaban sus reclamaciones. Por ejemplo, en el último trimestre un 95% de las sentencias dictadas en Valencia favoreció los intereses de los demandantes, un 100% en Castellón y un 94% en Alicante.
Pero ahora hay un punto de inflexión que está comenzando a aliviar, en parte, la complicada situación de Primera Instancia 25. Se trata de la sentencia del Tribunal Supremo conocida a finales de febrero. En ella, el Alto Tribunal establece que el pago del impuesto por la constitución de las hipotecas incumbe al consumidor.
El Supremo respondió así a dos recursos sobre reclamaciones de consumidores contra cláusulas de préstamos hipotecarios que les atribuían todos los gastos e impuestos generados por la operación. Su postura actual es que el pago de la constitución del préstamo «incumbe al prestatario», mientras que «por el timbre de los documentos notariales, el impuesto correspondiente a la matriz se abonará por partes iguales entre prestamista y prestatario, y el correspondiente a las copias, por quien las solicite».
La resolución ha empezado a calar y las cuentas de litigiar ya no son tan ventajosas para los demandantes. De hecho, este mes la media diaria de reclamaciones ha caído a 24. Pero lo acumulado es mucho y todavía pasarán muchos meses hasta que las montañas de expedientes se derrumben.
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