Ni denuncias ni órdenes de alejamiento han evitado siete crímenes machistas

La mayor confianza de las víctimas de violencia de género en la respuesta judicial no ha sido suficiente en algunos casos para garantizar su protección. Cinco mujeres y dos niños perdieron la vida en los últimos dos años en la Comunitat Valenciana pese a la existencia de denuncias previas por maltrato y las posteriores órdenes de alejamiento que dictaron los jueces.

El caso de la última víctima mortal, Helena V., de 44 años, estaba clasificado como riesgo medio en el sistema de seguimiento de VioGén, lo que implicaba una vigilancia policial aleatoria y un seguimiento de los Servicios Sociales. Un juzgado declaró probado que la víctima y su hija, menor de edad, fueron agredidas en dos ocasiones por el hombre ahora detenido por el homicidio, concretamente los días 31 de diciembre de 2017 y 2 de enero de 2018. La sentencia no era firme porque el maltratador la recurrió ante la Audiencia Provincial de Alicante, pero la orden de alejamiento del acusado seguía en vigor. La medida cautelar adoptada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Dénia no evitó el crimen.

También falló el sistema de protección de Andrea C., de 20 años, pese a la denuncia por malos tratos que presentó. Su exnovio, de 28 años, obligó a la joven a subir al coche que después estrelló contra una gasolinera el día de Nochebuena de 2017 en Benicàssim. Ambos murieron. Su caso fue clasificado con un riesgo medio, como el de Helena en Dénia, tras una condena previa por maltrato y hasta tres delitos de lesiones recogidos en la denuncia que presentó la víctima.

El 24 de noviembre de 2017, otra mujer que había denunciado a su maltratador murió en Vinaròs. Katharina, de 35 años y nacionalidad alemana, fue asesinada de un disparo en la cabeza por su expareja, que después se suicidó. Hasta dos veces acudió la víctima a la policía germana en busca de ayuda. Luego huyó de su país y se afincó en la localidad castellonense, pero los antecedentes de violencia de género no llegaron a España y Katharina no tenía ninguna protección. El asesino recorrió 1.500 kilómetros con su coche, desde la ciudad alemana de Essen al pueblo de Vinaròs, para cometer el crimen.

Las historias de desprotección se repitieron en otro tres casos en Vinaròs, Elda y Castellón, donde maltratadores con órdenes de alejamiento asesinaron a dos mujeres y dos niños. La muerte de estas personas preocupa tanto como las cifras. El 32,65% de las víctimas mortales de violencia machista en 2018 había presentado denuncia previa.

Los expertos no son ajenos a los fallos del sistema. Es más, los reconocen. «Es difícil decir qué ha fallado sin conocer las circunstancias del caso más que por las noticias, pero parece evidente que hay que incidir en la valoración del riesgo», afirma Susana Gisbert, fiscal especializada contra la violencia machista. La especialista incide en el «riesgo medio» catalogado para la víctima de Dénia. Es decir, no tenía protección policial las 24 horas, aunque un agente se encargaba de vigilar periódicamente su situación. «Quizás habría que revisar con más frecuencia las valoraciones de personas ya condenadas o los parámetros».

La fiscal recuerda para concluir un problema enquistado para acabar con la lacra de la violencia machista: «Siempre faltan medios. Cuantos más efectivos haya para vigilar el cumplimiento de las medidas, mejor será este». Y a ello se suman las propias víctimas. «Hasta que no seamos atendidas debidamente por personas cualificadas que realmente sepan valorar el riesgo, el sistema fallará», subraya Chelo Álvarez, representante de la Asociación Alanna. «Cuando una mujer se arma de valor y denuncia, necesita que la atiendan con la empatía suficiente para que la denuncia recoja todo lo que ha sufrido con su pareja, no un hecho puntual», añade.

Además, un grupo de expertos del Ministerio de Igualdad estudiará los detalles de los tres últimos crímenes machistas cometidos entre el domingo y el martes en España para valorar un posible efecto imitación, como sucede con los suicidios.