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Las listas de espera en la dependencia se habrán acabado en 2022. Esta fue la promesa de Mónica Oltra cuando estaba al frente de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. En el segundo semestre de 2022 ella ya no se encuentra al ... frente de este departamento y las listas de espera continúan en la Comunitat Valenciana.
Es cierto que ya no se encuentran al nivel de 2015 y que se ha producido un notable descenso respecto a las cifras que había esos años. Pero también es verdad que los valencianos que esperan a que se resuelva su expediente son cerca de 14.000. Y además, se ha producido un ligero repunte respecto a los meses anteriores.
A uno de julio la lista de espera de la dependencia suma 13.121 personas, más de 500 que un mes antes cuando la cifra se situaba en 12.602. Se trata de un incremento del 4%.
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Hay que tener en cuenta que el año comenzó con 14.226 personas en las listas de espera y ahora son 13.121 los expedientes que siguen pendientes de resolución.
El aumento al inicio de julio trunca la tendencia bajista que se mantiene desde fines del año basado. Han sido seis meses consecutivos en los que el número de personas en las listas de espera habían ido disminuyendo progresivamente.
La reducción de las listas de espera sigue así siendo una asignatura pendiente para la conselleria que ahora lidera Aitana Mas ya que es un compromiso electoral que no se ha cumplido.
El retraso en la concesión de estas ayudas fue una de las principales armas utilizadas por Compromís para atacar la gestión del Partido Popular antes de llegar al Gobierno de la Generalitat. La propia Oltra cargó con dureza contra los dirigentes populares achacándoles los retrasos. Es cierto que las listas de espera han experimentado un fuerte recorte pero también que no se ha cumplido el compromiso adquirido por la vicepresidenta al poco de asumir su cargo.
Tras casi siete años de gestión del Botànic, las listas de espera siguen siendo una realidad en la Comunitat.
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Por provincias, la de Valencia es la que más retrasos acumula con 7.208 personas pendientes de que la conselleria acabe de estudiar su expediente. En Alicante hay 4.745 en revisión y 1.168 en Castellón. En estos momentos hay 127.478 personas recibiendo algún tipo de prestación de la dependencia, Además, durante el mes de julio se recibieron casi cuatro mil solicitudes.
Por otro lado, la Conselleria de Igualdad durante el mandato de Oltra tuvo varios encontronazos con la Sindicatura de Greuges por las críticas que desde esta institución han estado vertiendo contra su gestión al frente del departamento. La nueva titular de Igualdad y Políticas Inclusivas, Aitana Mas, se reunió con el síndic Ángel Luna para tratar de limar asperezas.
El exceso de burocracia es uno de los motivos por los que el Síndic de Greuges ha criticado la gestión de la Conselleria de Igualdad. Para este «resulta inexcusable concluir que se debe abordar una revisión de los procedimientos de gestión de estas prestaciones».
Otro de los problemas es que todavía se tarda mucho tiempo en que se reconozca un grado de dependencia. La conselleria prefiere no dar una cifra temporal alegando que no hay un plazo medio, pero desde la Plataforma de la Dependencia se señala que en estos momentos pueden pasar hasta dos años entre que se pide la evaluación y llega la confirmación del grado.
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Ya no son los siete u ocho que se tardaba en anteriores legislaturas pero sigue siendo un tiempo extremadamente largo que a veces concluye con el fallecimiento del demandante antes de que se cierre el expediente. En concreto, durante los casi siete años que lleva Oltra al frente del departamento han muerto más de 35.000 personas esperando que finalicen los trámites.
El Síndic se mostró muy duro con la gestión de Oltra en la presentación de la memoria de 2021. La Sindicatura afirma que el sistema no está funcionando bien. «Burocracia, retrasos, tiempo que los ciudadanos pierden para recibir una prestación que a veces es vital para vivir», denunció Luna, muy contundente con situaciones «lamentables». «No funciona. El sistema no funciona». Y no lo achaca sólo a la falta de medios, sino a la «ineficaz gestión» de los recursos.
Por otro lado, la conselleria tiene encima de la mesa más de 25.000 reclamaciones de responsabilidad patrimonial presentada por familiares de dependientes fallecidos antes de que se les reconociera uno de los grados.
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