Los dependientes valencianos esperan 536 días

Alrededor de un año y medio, cerca de 18 meses o, más concretamente, 536 días. Ese es, de media, el tiempo que tienen que esperar en la Comunitat los solicitantes de ayudas a la dependencia para recibir alguna de las prestaciones previstas en la normativa, un plazo temporal que triplica el máximo legal establecido en seis meses. Así lo recoge un exhaustivo informe elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, documento que constata que la región forma parte del vagón de cola de las autonomías con más demoras. En concreto, la valenciana ocupa el quinto lugar, sólo superada en retrasos por Canarias, Extremadura, Andalucía y Cataluña, y también está por encima de la media nacional, que se queda en 426 días. Para calcular estos tiempos de respuesta de las distintas administraciones autonómicas, los técnicos de la entidad que han elaborado el informe se han basado en las resoluciones realizadas entre el 1 de julio de 2018 y el 30 de junio de 2019.

«Los motivos de estos impresentables retrasos, después de trece años de implantación de la ley, son múltiples pero debemos apuntar dos fundamentales: Los sucesivos recortes sufridos en la financiación de la ley -aún vigentes- que afectaron gravísimamente a la etapa de despliegue, generando enormes bolsas de desatención gracias a la simple pero execrable vía de no resolver los procedimientos por parte de las administraciones. Y el disparatado y proceloso entramado burocrático creado por las diferentes administraciones que, lejos de garantizar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, se convierte en una trampa mortal para el acceso al disfrute de prestaciones y servicios», detallaron desde la asociación. Sobre este último motivo, señalaron que la mayoría de las autonomías -y la valenciana es una de ellas- establecen dos procedimientos administrativos encadenados, la resolución del grado de dependencia y la resolución de prestación o servicio que disfrutará la persona. «Muchas veces, para cuando llegan tales resoluciones, la situación de la persona ha cambiado tanto que hay que volver a empezar revisando su grado o sus prestaciones», lamentaron desde la entidad.

En el caso de la Comunitat, esta situación, sumado al aluvión de nuevas solicitudes, ha contribuido a que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas no haya logrado todavía erradicar las listas de espera. En la actualidad -a fecha 2 de diciembre-, 27.556 solicitantes de las ayudas forman parte de esa bolsa de dependientes que todavía no han empezado a recibir ninguna de las prestaciones contempladas en la ley, prácticamente la cifra más elevada de casi los dos últimos años -desde el pasado 2 de enero de 2018 no se registraba una cifra tan alta-.

Al respecto, desde la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Castellón, recordaron que el cumplimiento del plazo de seis meses que garantiza la ley para la resolución de los expedientes «sigue siendo una de las asignaturas pendientes, puesto que los procedimientos tardan entre 15 y 18 meses en resolverse». «La misma situación nos encontramos en los casos de las revisiones de grado por agravamiento», lamentaron desde la entidad. Esas revisiones deben asegurar que las personas dependientes «están recibiendo en cada momento la prestación que mejor se adecua a sus necesidades y que no obliguen a las familias a tener que hacer frente con recursos propios a la contratación de estos servicios, ya sea ayuda domiciliaria, centro de día, o plaza en residencia, por no contar con la ayuda de la Administración en el momento que se requiere». A este respecto, desde la plataforma destacaron que «la falta de respuesta ágil y de emergencia en determinadas ocasiones críticas en que familias necesitan una respuesta y una solución inmediata sigue siendo uno de los principales problemas».

Ante las citadas demoras, según la asociación de gerentes, «poco puede hacer el ciudadano afectado y más cuando ante la demora injusta solo le queda acudir a la tutela judicial por la vía contenciosa dministrativa, que es lenta, farragosa y costosa».

«Sin duda, uno de los principales déficits sigue siendo la insuficiencia de plazas residenciales y en centros de día, debido al envejecimiento cada vez mayor de la población. Y no sólo por lo que se refiere a las personas mayores, sino también a jóvenes con dependencia que, una vez finalizada a los 21 años su etapa escolar en centros de educación especial, se ven abocados a regresar a sus hogares, echando por la borda el esfuerzo, la atención, y los recursos públicos y también familiares invertidos a lo largo de toda su vida ante la falta de plazas en centros en los que seguir siendo atendidos».

Además de los retrasos y las listas de espera, los dependientes ven en la falta de plazas en centros especializados otro de los principales problemas a los que tienen que hacer frente, por lo que solicitan a la Generalitat la puesta en marcha de un 'plan edificant' asociado a la construcción de centros residenciales y de día para dependientes; similar al impulsado por la Conselleria de Educación con el que el departamento autonómico transfiere la inversión a los ayuntamientos y son los gobiernos locales los encargados de la tramitación y construcción de las instalaciones. «La atención a las personas mayores, pero también a niños en situación de dependencia, es una urgencia social. Pocas políticas requieren de más consenso, política de Estado, colaboración entre Administraciones y altura de miras. Vivir no es lo mismo que existir. La diferencia está en hacerlo con dignidad. Y eso es lo que exigimos a las personas llamadas a gobernarnos: políticas sociales valientes que mejoren de verdad la vida de las personas. Y ya van trece años esperando. ¿Hasta cuándo?», agregaron.