El derribo de dos torres en Benidorm que costará 300 millones

Mientras en el litoral de Dénia los vecinos están enfadados por los nuevos deslindes que harán que más de un centenar de casas privadas pasen a dominio público, en Benidorm hay dos torres de apartamentos de 22 plantas, cuyos propietarios llevan cinco años pendientes de la sentencia judicial que ordena el derribo de estos dos edificios porque no se ajustan a la Ley de Costas. La demolición y las indemnizaciones a los dueños pueden superar los 300 millones, un coste que debe asumir la Generalitat Valenciana.

Los dos rascacielos del residencial Gemelos 28 se encuentran en primera línea en Punta Llisera. Sus inquilinos disfrutan de unas vistas espectaculares, pero siguen a la espera de si sus hogares o segundas residencias se pueden salvar. El Ayuntamiento va a luchar para frenar el derribo porque considera que es un gasto evitable, ya que ese solar no se quedará vacío pues se podrán volver a construir de nuevo los edificios retranqueándose cinco metros. De esta forma respetarán los límites que marca la normativa.

La edil de Urbanismo, Lourdes Caselles, recuerda que cuando se construyeron estas dos torres «cumplían perfectamente la Ley de Costas vigente en ese momento». Tras una denuncia de un vecino porque le tapaban las vistas, comenzó un largo proceso judicial, que culminó en 2012 con la decisión del Tribunal Supremo de declarar ilegal el permiso otorgado a la promotora de Gemelos 28, pese a la existencia de un fallo anterior favorable en el caso de las licencias de ocupación al considerar que estaban bien concedidas. Cinco años después, el Tribunal Superior de Justicia le ordenaba a la Generalitat que procediera al derribo y que recompensara a los propietarios. El recurso que presentó ante el Supremo no prosperó y la sentencia se hizo firme en 2018.

Su ejecución supondría un importante desembolso. Para empezar, el coste de la demolición se encarece al no poder realizarse de golpe y tener que hacerse planta por planta. El motivo es que se han de extremar las precauciones porque junto al lugar en el que se levantan se encuentra una pradera de posidonia oceánica y hay que evitar que los cascotes caigan al mar. Además, el gobierno autonómico ha de pagarle a los dueños de los apartamentos una suma equivalente al precio que pagaron en su día más un 20%.

Tiempo atrás se creó una comisión en la que se encontraban representados, entre otros, la conselleria, el ministerio y el Ayuntamiento de Benidorm. Este último propuso, como alternativa al derrumbe, que se cediera un terreno para ampliar el paso peatonal, explica Caselles. Una propuesta que todavía no ha obtenido respuesta, aunque la edil de Urbanismo confía en que al final «rija el sentido común».

De momento, el juzgado ha solicitado al Registro de la Propiedad notas simples con el precio de compra de cada uno de los apartamentos afectados para calcular la indemnización. Por su parte, la Generalitat ya ha pedido al Consistorio el proyecto de construcción de las dos torres para preparar la redacción del proyecto de derribo. Desde la Conselleria de Medio Ambiente no han facilitado todavía a LAS PROVINCIAS en qué fase se encuentra el proceso ni los plazos que se han marcado.

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