La ley de desahucio exprés permitirá a 3.000 valencianos recuperar sus casas

«Ahora echando la vista atrás todo quedó en una horrible pesadilla, de la que desperté. Y hoy parece que las personas que nos representan han estado invirtiendo tiempo en dar algo de luz a este gran problema que vivimos». Álvaro Alventosa, el joven valenciano cuya fotografía ilustra esta página, vio como en unos años su piso nuevo y soñado quedaba aislado y destrozado en una finca tomada por los okupas en la calle Sagunto de Valencia. Seis años pasaron hasta que su caso se solucionó. Su historia y su sentir aparece en el artículo situado bajo la foto, pero su frase inicial sirve para transmitir una sensación: la de miles de personas de España y la Comunitat que ven con alivio uno de los últimos anuncios del Gobierno: reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) para contemplar que los desalojos de casas ocupadas se produzcan en menos de 20 días.

La medida afectaría a «personas físicas que sean dueñas o poseedoras legítimas, las entidades sin ánimo de lucro y las entidades públicas propietarias de vivienda social» (excluyendo los inmuebles en propiedad de 'fondos buitre'). Y cruzando los datos del Ministerio del Interior, Policía Local de Valencia y Síndic de Greuges, alrededor de 3.000 valencianos están afectados hoy por esta situación.

Los registros públicos hablan de ese dato. Principalmente por ocupación de viviendas sociales, propiedad del Consell. Según el último informe de vivienda publicado hace unos días por el Síndic de Greuges, 2.130 pisos autonómicos permanecen ocupados. A la estadística hay que sumar los casos proporcionados desde la Secretaría de Estado de Seguridad, con 772 hechos conocidos de ocupación de inmuebles por las Fuerzas de Seguridad en 2017. En toda España, esa cifra supera las 10.000 viviendas. La situación va a más. La prueba está en la estadística de Interior, con un aumento de algo más de un centenar de casos en el último año, al pasar de 639 a 772 en la región. En Valencia ciudad, a fecha del pasado mes de diciembre, por parte de la Policía Local se tenía conocimiento de 104 inmuebles ilegalmente habitados, todos ellos en el núcleo del Cabañal.

El problema de las ocupaciones es una especie de 'pescadilla' que se muerde la cola, pues la falta de ayuda social dispara los desahucios de viviendas legales y muchas familias se ven abocadas a ocupar pisos sociales. «La magnitud de este problema ha excedido las posibilidades de los servicios municipales, que han visto desmoronarse a familias enteras con menores a su cargo sin posibilidad de intervención. Al mismo tiempo, muchas de esas familias afectadas por desahucios y que se han visto en la calle carecían de alternativas habitacionales, por lo que han tenido que acudir a soluciones extremas, como la ocupación de viviendas», explica el Síndic.

El informe añade que la falta de pisos sociales es otro inconveniente para solucionar la lacra: «No sólo se ha carecido de viviendas de emergencia, sino que incluso una parte del parque público de viviendas de la Generalitat Valenciana en numerosos municipios se encuentra cerrada, vacía y sin ocupar porque muchas de estas viviendas están deterioradas y necesitan reparaciones».

Alvaro Alventosa aún llora cuando revive su calvario. Hace un año que salió del pozo, pero «todavía se me hace duro recordarlo». Era la ilusión de su vida, un piso nuevo en la calle Sagunto de Valencia, «un edificio de lujo, en buena zona, con mi círculo de familia, amigos y trabajo cerca... Retoqué algunas cosas, lo pinté». El 6 de enero de 2011 pasó en la primera noche en su hogar, «mi regalo de Reyes». Un regalo envenenado. Los inquilinos alquilados se fueron marchando poco a poco y las viviendas quedaron tomadas una a una por okupas. La suspensión de pagos de la promotora fue la definitiva sentencia. «Me vi solo, como único propietario del edificio, rodeado de okupas, que empezaban a ver aquel precioso edificio de lujo como su campamento personal, almacén de drogas e incluso prostíbulo».

Con el corte de luz y agua Álvaro no pudo más que abandonar su casa dos años después. «El mundo se derrumbó a mis pies. Me vi sin techo, pagando la hipoteca. .. Pasé cuatro años dando tumbos. Hoy no estaría contando esto sin el amor de mis padres». O de la llamada de Sergi, el director de su sucursal de Bankia que, en 2017 y tras publicarse el caso en LAS PROVINCIAS, concedió la dación en pago a Álvaro a cambio de un piso en Calpe de la cartera del banco. Ve con esperanza la nueva ley de desahucio. «Tengo que ver por la tele el primer caso para creerlo». Se le escaparon las lágrimas al conocerlo. Maestro de profesión, apuesta por otro camino. «Educar desde nuestras escuelas sobre el respeto y el civismo».