Los desahucios crecen un 20% en la Comunitat pese a que el Gobierno suspende los casos graves

En la Comunitat los desahucios han aumentado un 20% con respecto al mismo periodo del año anterior. Los datos hablan por sí sólos. Y tal y como denuncian desde el despacho Sanahuja Miranda Abogados tras analizar los datos del Consejo General del Poder Judicial, la situación es de alerta porque podrían seguir aumentando.

En la región valenciana durante el primer trimestre de este año se produjeron 1.863 desahucios, la mayoría derivados de alquileres pero sobre todo de ejecuciones hipotecarias y mientras «miles de familias quedan desamparadas», denuncian desde el despacho.

Pero aún resulta más grave la situación cuando sigue todavía vigente la suspensión de aquellos casos más vulnerables, aprobada por el Gobierno durante la pandemia. Fue en 2021 cuando se aprobaron dos Real Decreto ley diferentes para frenar el ritmo de desahucios, entre otros aspectos, todo ello para aquellos que se vieron inmersos en situaciones de vulnerabilidad social y económica surgidas por el Covid.

«Pese a la implementación de estas medidas por parte del Gobierno, la cifra de desahucios sigue siendo alta y lo peor es que una vez dejen de aplicarse, que previsiblemente será a final de este mes, se prevé que los desahucios vuelvan a aumentar, en especial los relacionados con el alquiler, ya que las ejecuciones de tipo hipotecario cuentan con otras medidas de protección», explican desde el despacho Sanahuja Miranda Abogados. Esta situación la achacan a que pese a la intención del Gobierno de reducir las cifras, siguen creciendo los lanzamientos porque hay un gran número de casos que no pueden acogerse a las condiciones establecidas por este blindaje social.

De hecho desde el despacho Abogados Stop Desahucios lo explican: «Sólo aquellos que pueden justificar que su situación deriva de la pandemia pueden acceder a la suspensión», comenta Ismael Heskouri, abogado del despacho que trabaja en muchas ocasiones en colaboración con asociaciones y plataformas de afectados.

Para el letrado el aumento de los casos se debe a los coletazos aún latentes de la crisis económica del 2009 y, cada vez más, de la pandemia. Y advierte «irá a más en 2023». Según argumenta, muchos casos se deben a la crisis porque los procesos son largos. «El desahucio hipotecario tarda mucho en ejecutarse, puedes estar un año de impago, puedes tardar otro año en que se haga efectivo y además te deben dar alquiler social durante diez años en el caso de los bancos, por eso podría coincidir con aquellos casos de la crisis económica. Pero también a raíz de aquello surgió el caso de las filiales, fue el método que buscaron los bancos para no pagar el alquiler social a las familias durante tanto tiempo», comenta.

Para el abogado también se habría agravado por la pandemia que dejó a muchas familias sin recursos económicos al suspenderse muchas actividades comerciales. «También está ocurriendo con los alquileres, al arrendador le interesa ganar dinero y así, echan a las familias que no pueden pagar y suben el precio, la vivienda se ha convertido en un negocio y al final salen perdiendo los más vulnerables», insiste.

En lo que coinciden los expertos es en que los datos se seguirán agrandando si los Gobiernos no ponen de su parte y si no se buscan alternativas para frenar la especulación en torno al mercado de la vivienda y el alquiler. «Muchas familias desahuciadas sufren aún más cuando recuperan ingresos y de nuevo están empleadas y quieren volver a tener su casa, quieren pagar la hipoteca, y se encuentran con que esa propiedad ya no les pertenece».

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