Desconcierto en la Ciudad de la Justicia

valencia. El desconcierto se ha apoderado en la Ciudad de la Justicia. Se ignora cuándo se retomará la normalidad y las relaciones entre la Conselleria de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se han ido tensando desde el incidente. Pero, de momento, nadie se explica con declaraciones públicas. En algún caso, se trata incluso de esconder. En su primera rueda de prensa, la consellera Gabriela Bravo habló de «coordinación total» con el TSJ. Pero el malestar, tras el telón de la exposición pública, va en aumento.

El desconcierto produjo ayer alguna situación incluso cómica si no fuera porque los juzgados estarán al menos una semana parados, lo que supone la suspensión de unos mil juicios. Llamada a primera hora de la mañana a la Conselleria de Justicia. ¿Si un funcionario quiere ir a trabajar puede hacerlo? «Sí, claro. No hay ningún problema», respondieron. Aunque aclararon que no perseguirán al que no vaya. La contestación se ajusta al informe que en la noche del pasado miércoles difundió el gabinete de Bravo. Lo sorprendente es que unos minutos más tarde, en la puerta del edificio, la Guardia Civil y el personal de seguridad que controla los accesos a la sede dan el alto. «No se puede pasar». Más allá de profesionales que vayan a recoger sus pertenencias, aclaran. Pero los agentes aseguran que no se puede trabajar en el edificio. Para redondear la confusión, la propia Conselleria ha trasladado a través de una comunicación interna, a la que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, que el edificio está cerrado hasta que el TSJ vuelva a reactivar la actividad judicial. Esto ocurrirá, en principio, el próximo martes.

Más interrogantes. ¿Quién dio la orden de desalojar el edificio? «Nosotros, no». La respuesta procede de la Conselleria de Justicia. Apuntan a que la decisión se tomó desde la Sala de Gobierno del TSJ, celebrada el pasado miércoles. Pero no son ellos los que tienen la competencia sobre las dependencias, precisan. Sin embargo, otras fuentes judiciales, recalcan que no hubo realmente ninguna comunicación oficial de desalojo. Sólo se produjo una llamada telefónica de la Sala de Gobierno a todas las instancias en las que se comunicaba que los plazos que entraban en vigor el jueves seguirían en suspenso. Además, añaden que en una situación extraordinaria como la que se está registrando también podían haberlo hecho. La Fiscalía, por ejemplo, sí comunicó que se debían abandonar las instalaciones por las condiciones ambientales.

Los letrados de la Administración de Justicia -la denominación actual de los secretarios judiciales- irrumpieron ayer en esta calma tensa entre administraciones. Lo hicieron para criticar al Tribunal Superior de Justicia (TSJ). El Sindicato Sisej criticó al alto tribunal por tomar decisiones «de forma unilateral» tras el incendio. De esta forma dio la imagen de que «la Administración de Justicia es propia del Poder Judicial». En un comunicado, afirmaron que la confluencia de las administraciones estatal y autonómica junto con el Poder Judicial «dificulta la operatividad y la toma de decisiones en la Administración de Justicia, pero esto no justifica la falta de coordinación en la respuesta».

El sindicato mostró su desacuerdo con la manera de actuar del TSJCV, «cuya Sala de Gobierno ha tomado decisiones de manera unilateral, dando la imagen de que la Administración de Justicia es propia del Poder Judicial y negando, de facto, las distintas competencias y responsabilidades que en ella confluyen». Consideraron igualmente «inadmisible» la manera en que el TSJCV ha gestionado la información, «recurriendo principalmente a las redes sociales y no a los conductos oficiales», lo que ha supuesto que la información «no llegara adecuadamente a sus destinatarios, generando una imagen de falta de transparencia». Fuentes oficiales del TSJ negaron este extremo. Todos los avisos se trasladaron previamente a todas los sectores afectados. Se da la circunstancia de que un miembro del sindicato forma parte del equipo más próximo a Bravo.

En estas circunstancias, la Sala de Gobierno volvió a reunirse ayer para analizar el último informe que presentó la consellera en la noche del miércoles. Tras el estudio del documento, insistieron en que las conclusiones «confirman y refuerzan» la decisión que adoptaron 24 horas antes. Así, acordaron mantener la suspensión de los plazos procesales hasta el próximo lunes (incluido). El TSJ, en una resolución, asegura que hay actuaciones pendientes -se refiere a la limpieza del edificio- o bien que no se ha comunicado su ejecución. Recuerda que el informe del Invasat hablaba de la necesidad de una limpieza especial de las dependencias. Es más, incluso adelantaba que se iba a modificar el plan de vigilancia para la salud de los trabajadores y se añadiría el control de enfermedades respiratorias.

A Bravo no le gustó la decisión del TSJ de paralizar la actividad. Podía interpretarse -y así se ha hecho- como un ejercicio de precipitación por su parte. No quiere 'cargar' la Conselleria con la responsabilidad de cerrar el edificio. De hecho, sostienen que se puede trabajar en las dependencias más allá de las zonas siniestradas. Su estrategia, o así se desprende del devenir de los acontecimientos, ha sido depositar toda la responsabilidad en el TSJ. En una semana comparece en Les Corts.