El «descontrol» en la atención del alumnado con necesidades especiales indigna al profesorado valenciano

Varios centenares de docentes han tomado el centro de Valencia para denunciar las grietas de un sistema clave para la enseñanza, pues asume la detección de necesidades especiales entre el alumnado y el diseño de las estrategias a adoptar en las aulas para facilitarles el éxito educativo. Burocracia, falta de medios personales y materiales, dificultades para coordinarse con otros profesionales y precarización de las condiciones laborales han sido algunas de las reivindicaciones planteadas por los asistentes y por el sindicato STEPV, convocante de la protesta.

Durante la marcha se ha dejado notar un nutrido grupo de integrantes de SOS Orientación CV, plataforma creada al calor de la implantación del sistema vigente que sirvió para poner fin al modelo aplicado durante tres décadas en la Comunitat.

Desde septiembre cada centro público de Infantil y Primaria dispone de un orientador -como ya sucedía en los institutos- en detrimento de los Servicios Psicopedagógicos Escolares (SPEs), que eran los equipos que asumían las funciones citadas pero en un ámbito comarcal, asistiendo a varias escuelas. Estaban conformados por distintos perfiles profesionales como orientadores, trabajadores sociales, educadores o fisioterapeutas, lo que facilitaba el estudio de casos especialmente complejos desde diferentes disciplinas. En resumen, la orientación es una pata básica del sistema de inclusión, consistente en dar a cualquier alumno los medios necesarios para su desarrollo educativo. Trabajan con situaciones de discapacidad, retrasos madurativos, trastornos del espectro autista, de déficit de atención o de conducta, por citar algunos ejemplos.

Durante la protesta se han escuchado consignas y se han mostrado carteles reclamando la vuelta de los SPEs, críticas a la carga burocrática -«mucho papeleo, pero la atención al alumnado para cuándo»-, a la precarización de las condiciones laborales -«cuerpo de Secundaria, derechos de Secundaria», a la falta de materiales -«ahora somos magos, evaluamos sin recursos ni instrumentos»- y quejas por la falta de participación del colectivo afectado en el diseño del nuevo modelo -«hoy no nos podéis silenciar»-. También se ha llegado a pedir la dimisión del conseller Vicent Marzà y de la directora general de Inclusión, Raquel Andrés.

«Estamos exigiendo mejoras en la intervención con el alumnado y de condiciones laborales», explica Juanvi Blázquez, orientador educativo. «Tenemos menos material (pruebas, test, cuestionarios) que con el anterior modelo. En mi caso por ejemplo me llegó prácticamente en diciembre, por lo que no pude valorar a algunos alumnos de cara a la solicitud de las becas del ministerio. Lo reclamabas pero no lo tenían organizado», ejemplifica, en referencia a las ayudas estatales destinadas a alumnos con necesidades especiales.

El profesional defiende la existencia del anterior modelo acompañado de un aumento del personal en los centros -«desde los SPEs lo llevamos reclamando desde hace una década»- y «al menos haber dispuesto de un curso de transición» para facilitar la aplicación. También echa de menos «la fluidez» para trabajar con otros profesionales sobre alguna intervención más compleja. «Tengo un colegio a cinco minutos al que no le puedo pedir materiales o reuniones al no ser de mi agrupación de zona, y en lo que va de curso sólo he podido reunirme dos veces con mi orientadora territorial de referencia», lamenta, antes de referirse a una burocracia «que nos satura».

En cuanto a condiciones laborales, en la protesta se ha recordado que pese a ser un cuerpo de Secundaria los orientadores deben adaptarse al horario del centro asignado, que por ejemplo puede no tener jornada intensiva a diferencia de los institutos, o que se ha perdido el complemento retributivo que existía en los SPEs, además de que la mayor rigidez en las horas semanales de permanencia en el centro dificulta las labores de coordinación con otros profesionales para compartir metodologías, instrumentos de valoración o abordar intervenciones difíciles.

Cabe recordar que tras la desaparición de los SPEs existe una coordinación a nivel de zona, que asumen los orientadores de los institutos, además de otras estructuras a nivel provincial. Es decir, sin el escalón comarcal que cubrían los extintos servicios.

«Una de las cuestiones clave son las ratios. Con este modelo hay centros de una línea que tienen un orientador y centros de tres que también tienen un orientador. Y en el caso de Secundaria la relación promedio es de un profesional por cada 700 alumnos», alerta Marc Candela, responsable de acción sindical del STEPV, que también alude a «la carga burocrática brutal» y a que las casuísticas que se suelen dar en Secundaria son distintas a las de Primaria, lo que ha provocado dificultades en la coordinación a nivel de institutos. «Las estructuras actuales no responden a las necesidades», concluye, antes de reclamar más dotación de personal y medios materiales, así como recuperar «el equipo multidisciplinar de profesionales» que sí estaba disponible con el modelo anterior.

Tras la manifestación, que ha finalizado en la plaza de Manises, se ha celebrado una asamblea. Previamente desde el sindicato se ha explicado a los asistentes que la pasada semana mantuvieron una reunión con la Dirección General de Inclusión y que esta se comprometió a aplicar mejoras de cara al curso que viene, como la reducción de ratios por profesional.