Los deslindes afectan a casas y paseos marítimos de Bellreguard, Puçol y Dénia

La zona más perjudicada por esta medida se encuentra en el litoral norte de Dénia, donde se superan los 10 kilómetros de longitud en total. La Asociación de Afectados por la Ley de Costas en las playas dianenses estima que hay más de 3.600 inmuebles afectados. De ellos más de un centenar pasarán, si no hay cambios, a dominio público y los dueños perderán la propiedad y pasarán a disponer, a cambio, de una concesión por 30 años prorrogables.

Bellreguard se encuentra en una fase anterior a la que atraviesa la capital de la Marina Alta. El proyecto de deslinde provisional previsto para esta localidad de la Safor se publicó en enero. En ese caso, la parte del paseo marítimo que es propiedad municipal entrará dentro el ámbito del DPMT.

Aquí no habrá vecinos que vean cómo sus posesiones se convierten en dominio público, según ha confirmado Javier Cremades, de la plataforma Somos Mediterrania en esa comarca. En cambio, contabilizan que alrededor de 200 viviendas quedarán dentro de los ámbitos de servidumbre de tránsito y servidumbre de protección.

En el caso del primer tipo, los dueños deberían demoler la zona afectada, pues ese tramo de seis metros a partir de la línea de DPMT hacia el interior deberá dejarse expedito para el uso público peatonal y para los vehículos de vigilancia y salvamento. En cuanto a quienes poseen una parcela o casa en servidumbre de protección, experimentarán una serie de limitaciones como que no se les permitirá ampliar el volumen, la altura ni la superficie de edificación existente. Pero sí podrán llevar a cabo obras de reparación.

Cremades ha remarcado que cuando se publicó en el BOE, no había una memoria justificativa. Ese documento apareció poco después de haberse personado en la Demarcación de Costas de Valencia. Pero estaba incompleto, ya que carecía de los anexos. De manera que el colectivo decidió presentar una alegación. Ahora a los afectados les toca esperar al acto de apeo, que todavía no tiene fijada una fecha.

No es la primera vez que algunos pasarán por esa situación. Hace algo más de dos décadas se impulsó un deslinde en Bellreguard. En aquella ocasión el Ayuntamiento recurrió y ganó su lucha en los tribunales en 2011. Cuando las aguas parecían haberse calmado, ha vuelto a comenzar el proceso.

También el litoral de Puçol se encuentra inmerso en un proceso de deslinde. Allí el acto de apeo tendrá lugar el próximo día 15, según ha confirmado la alcaldesa, Paz Carceller. En esta localidad la línea de DPMT se ha retrasado y «se come el paseo marítimo y nos limita hacer cualquier cosa», ha explicado. Por ese motivo, el Ayuntamiento va a presentar alegaciones.

En cuanto a las viviendas, se quedan justo fuera del límite del dominio público, ha apuntado Carceller. Eso conlleva que ningún residente perderá la propiedad. Eso sí, a partir de la línea comienza la servidumbre de tránsito y, a continuación, la de protección.

El presidente de la plataforma Somos Mediterrania, Manuel López, ha reconocido que ni ellos mismo conocen el número total de viviendas afectadas por los deslindes. Según detalla, en el territorio español el dominio público se ha multiplicado de forma considerable, pasando de 10.000 a 144.000 hectáreas. «Entendemos que es una voracidad sin sentido» por parte del ministerio, ha subrayado.

La Demarcación de Costas de Valencia prevé hacer deslindes y actuaciones de apoyo técnico relativas a la gestión del DPMT en varios tramos del litoral de la provincia, que corresponderían a casi una decena de localidades. Además de Bellreguard y Puçol, figuran Sagunto, Tavernes de la Valldigna, Cullera, Sueca o El Puig de Santa Maria.

Con respecto al caso de Dénia, López cree que se ha sido «un globo sonda para calibrar la respuesta social y ampliar el número de procesos». En cuanto al reglamento de la Ley de Costas de 2022, tiene claro que se hizo para cubrir las rendijas descubiertas a raíz de las victorias vecinales y de los consistorios ante los tribunales.

En ese sentido, cabe señalar que algunos de los expedientes de deslinde se han visto frenados después de que los afectados los llevaran ante el juez. El Guardamar no salió adelante. Tampoco lo hizo el proyectado en Calp y que afectaba a más de un centenar de casas y torres.

Algo similar ocurrió con la playa de la Albufereta. En esta zona urbana de Alicante hace unos años unas 6.000 viviendas estuvieron a punto de experimentar lo mismo que está ocurriendo en Dénia. Tras recurrir a los tribunales, el juez lo tumbó por defecto de forma. Entonces, se volvió a iniciar el trámite, que no llegó a culminar y desde 2015 se encuentra en una especie de «limbo», ha subrayado Rafael Pinilla, responsable de SOS Albufereta, por lo que ahora «estamos relativamente tranquilos».

Y mientras la indignación crece entre los vecinos afectados en los lugares donde están incoados los expedientes y el temor surge en otras localidades que podrían seguir el mismo camino, el Consell está ultimando una normativa autonómica encaminada a intentar frenar los perjuicios que está causando la Ley de Costas. De cara a la campaña electoral Carlos Mazón, ahora presidente de la Generalitat, anunció que el PP impulsaría esta nueva propuesta valenciana de ordenación del litoral para»compatibilizar su uso con la protección».

Mazón ha mantenido en reiteradas ocasiones que la actual Ley es «sectaria, ideológica y alejada de la realidad» y que eso estaba provocando situaciones muy graves en diversas localidades del litoral. De ahí que considere necesario actuar para paliar esos efectos. Su partido se ha reunido con colectivos de afectados para conocer sus inquietudes y en julio, durante una visita a Xàbia, insistió en la necesidad de modificar una ley que calificó de «regresiva» y que va «contra el medioambiente y contra la propiedad privada a la vez». Con la nueva normativa, el gobierno autonómico perseguiría evitar más daños.