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R. González
Valencia
Jueves, 26 de noviembre 2020, 16:35
La deuda de la Generalitat con las entidades de acción social afecta a más de 300.000 personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. La Plataforma del Tercer Sector de la Comunitat Valenciana, que agrupa a estas ONG, destaca que esa tardanza en abonar los cerca de 10 millones correspondientes a los decretos de concesión directa de subvenciones va a repercutir en su labor y eso perjudicará a una de cada diez personas a las que prestan asistencia, según ha señalado su presidente, Luis Vañó.
Estas entidades lamentan que, a puertas de finalizar el año, el Consell todavía no les haya desembolsado la cuantía que les adeuda. Cerca de 5,5 millones corresponden al desarrollo de programas para personas con discapacidad y problemas de salud mental. El resto se enmarcan en actuaciones en materia de inclusión social, intervención comunitaria con la población gitana, subvenciones a asociaciones juveniles y programas de tercera edad y enfermedades neurodegenerativas. Así que, de no cobrar, «no se podrán prestar en su totalidad», asegura Vañó. Eso implicará reducciones en servicios de autonomía personal, asistencia domiciliaria, transporte, fisioterapia o propuestas para jóvenes, entre otros.
La Plataforma del Tercer Sector reclama el pago inmediato de las subvenciones que, según recalca, deberían haberse abonado hace cuatro meses porque eran prioritarias. Luis Vañó critica la intención del gobierno autonómico de querer saldar esa deuda mediante el sistema de 'confirming' «al no tener dinero», porque eso perjudica «por partida doble» a las entidades. Este sistema supone que el banco les adelanta el dinero de la ayuda, pero no toda la cantidad que les han concedido, puesto que se queda una parte en concepto de intereses. A eso hay que sumarle que «el 70% de las entidades han tenido que solicitar préstamos» mientras llegan las subvenciones para poder así hacer frente a la difícil situación derivada de la pandemia, por lo que están abonando intereses también de ese dinero, explica el presidente.
En ese sentido, el colectivo reprocha a la Generalitat que por culpa de «no haber sabido priorizar y dar una solución más rápida» les toque pagar a ellos y, por ende, a las personas más vulnerables a las que ayudan.
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