R. González
Valencia
Lunes, 2 de noviembre 2020, 23:22
Las entidades del tercer sector de la discapacidad todavía no han cobrado las subvenciones que el Consell aprobó hace tres meses. La deuda de Igualdad y Políticas Inclusivas, que dirige Mónica Oltra, se acerca a los seis millones de euros. Esa lentitud les está afectando de forma «dramática», aseguró ayer Luis Vañó, presidente del Comité de Entidades de Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana (CERMI CV).
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Esta plataforma incidió en las terribles repercusiones derivadas de la ralentización que provoca la "burocratización". Nueve de cada diez entidades tienen dificultades para poder asumir los gastos corrientes y un 60% ha tenido incluso que recurrir a créditos bancarios. Esa demora en el pago también se traduce en que el 45% tiene problemas para abonar las nóminas y un 20% ha rescindido algún contrato. Según Vañó, entre 40 y 60 personas han visto modificada su situación a través de un ERTE o se han quedado sin empleo.
El dinero que se adeuda por el decreto de concesión directa también está repercutiendo en la labor que desarrollan las entidades. El presidente de CERMI CV reconoció que ha reducido la prestación de servicios. Entre los afectados se encuentran los de autonomía personal, servicio a domicilio y atención psicológica. En ese sentido, Luis Vañó recalcó que "los beneficiarios reales de estas ayudas son las personas con discapacidad".
El representante del comité hizo hincapié en que en la actual situación no es momento de que la burocracia frene las ayudas, sino que hay que "priorizarlas", ya que se trata de un colectivo vulnerable. En su opinión, "todo el trabajo realizado durante el confinamiento se puede ir al garete" si no se abona el dinero inmediatamente. "No se está cumpliendo la rapidez que dijo la vicepresidenta", criticó Vañó, y lamentó que haya ayudas para otros mientras que "el tercer sector se queda en el limbo".
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