Las deudas de los gobiernos con la Comunitat Valenciana

Las urnas ya han hablado. Con Pedro Sánchez y Ximo Puig de nuevo encumbrados al poder central y autonómico, llega la hora de hacer realidad lo prometido en el ruidoso periodo electoral. También lo anunciado y no cumplido en las extintas legislaturas. Aquello proyectado que se quedó a medias o, sencillamente, en la nada. O los impulsos que la Comunitat sigue anhelando pese al paso de gobiernos de uno u otro signo: financiación, agua, mejores comunicaciones... Podrían ser muchas más, pero hemos querido resumir en 70 las deudas pendientes de las administraciones con la Comunitat, ya sea desde el Gobierno central o la Generalitat, por parte de Pedro Sánchez o de Ximo Puig.

Sin dinero, nada es posible a nivel de infraestructuras, personal o medios. Y la Comunitat sigue esperando que el grifo de las arcas públicas se abra a su justa medida. La reforma del sistema de financiación autonómica se ha convertido en los últimos años en la principal reivindicación política del Gobierno valenciano hacia el Ejecutivo central.

El modelo en vigor, aprobado en 2009 durante la etapa de Rodríguez Zapatero y cuya vigencia finalizó el 31 de diciembre de 2013, viene prorrogándose desde ese mismo momento, a pesar de que la Comunitat ha puesto de manifiesto que, en términos por habitante, la región es una de las que sale peor paradas con este sistema. La totalidad de los grupos parlamentarios han reclamado la aprobación de un nuevo sistema que durante el Gobierno de Rajoy no se llegó a concretar y que Sánchez, a su llegada a la Moncloa, ya descartó por lo dificultoso de llegar a un acuerdo. La nueva legislatura debe abordar las negociaciones entre todos los partidos para hacer posible un sistema que acabe con la infrafinanciación de la Comunitat.

Junto a la reforma del modelo de financiación, la región plantea otras dos reivindicaciones clave en materia financiera: la vinculada a las inversiones del Ejecutivo central en nuestra autonomía y la condonación de la deuda histórica.

En el primer caso, el Gobierno de Sánchez aprobó en sus 'fallidos' presupuestos para este año un nivel de inversión que, en porcentaje, se equiparaba al peso poblacional de la Comunitat sobre el conjunto de España. La decisión, histórica porque ningún Ejecutivo había presentado nunca unas cuentas tan ambiciosas, se truncó con el rechazo parlamentario de los presupuestos.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, durante la campaña electoral de las autonómicas, ya animó a Sánchez a volver a presentar ese proyecto de presupuestos para garantizar inversiones por valor de 1.400 millones de euros.

En cuanto a la condonación de la deuda, el Ejecutivo valenciano ha venido sosteniendo que la infrafinanciación arrastrada por la Comunitat como consecuencia de los últimos sistemas de financiación ha obligado a un endeudamiento adicional de las cuentas autonómicas, cuyo agujero se sitúa por encima de los 47.000 millones de euros. El Consell ha ido variando la cifra de la deuda que considera que debería condonarse o reestructurarse, hasta situarla recientemente en el entorno de los 11.000 millones de euros.

En materia de educación, la anterior legislatura concluyó sin que el departamento de Vicent Marzà consiguiera eliminar el problema de los barracones. Por eso unos 14.000 alumnos acabarán el curso en estas estructuras en lugar de aulas adecuadas. A nivel nacional, el PSOE promete una nueva ley educativa consensuada. Mientras, la Comunitat espera una mejor financiación universitaria.

La sanidad también sangra con heridas abiertas. Decenas de miles de valencianos siguen sufriendo las largas listas de espera y hay que dar respuesta a las carencias de los centros de salud o la precariedad laboral que denuncian los investigadores, entre otros muchos frentes.

También asignaturas pendientes en las comunicaciones: el impulso definitivo a las obras del corredor mediterráneo, una respuesta a la línea de tren a Zaragoza, aclarar el futuro de la AP-7 o las anheladas ampliaciones de la V-30 y el 'bypass' que acaben con los atascos y colapsos.

No nos olvidamos de la lista de la vergüenza: la de los 22.000 dependientes sin recibir aún las ayudas que prevé la ley. Mónica Oltra se comprometió a acabar con las demoras y no lo ha logrado. Tampoco con la lideresa de Compromís se han solucionado los retrasos en el pago a familias y centros de acogida de menores.

Entre guerras de trasvases, la falta de agua sigue quitando el sueño a los regantes valencianos. Y las desalinizadoras están bajo mínimos. Mientras, agentes medioambientales están en pie de guerra, el monte sigue sin una gestión eficaz contra los incendios forestales y las grandes obras contra inundaciones están todavía en fase de estudio.

En el área de seguridad es preciso combatir la creciente violencia machista y delitos sexuales, alcanzar los 500 policías autonómicos y solucionar de una vez el deplorable estado de cuarteles como el de Zapadores o los de la Guardia Civil en numerosos pueblos. La Comunitat anhela sus nuevas sedes judiciales y la creación de más juzgados que ayuden a agilizar la elevada carga de trabajo por los litigios. En carretera, se impone el reto de reducir muertes (de momento por el buen camino) o apartar del volante a los infractores más letales.

En el mundo del ladrillo y los hogares, no se ha conseguido rehabilitar el parque público de viviendas sociales, muchas de ellas ocupadas. Y la Ley para la Función Social de la Vivienda, una de las medidas estrellas del Consell, está todavía estancada y pendiente de desarrollo. La cultura sigue a la espera de la ampliación del IVAM, un futuro para el Museo de Bellas Artes o el proyecto para la nave de Sagunto.

Información elaborada por J.C. FERRIOL, J. BATISTA, DANIEL GUINDO, ISABEL DOMINGO, CARMEN VELASCO, J. MOLINS y J.A. MARRAHÍ.

01

El modelo en vigor, aprobado en 2009, finalizó en 2013, pero viene prorrogándose a pesar de que la Comunitat ha puesto de manifiesto que, en relación a sus habitantes, es una de las autonomías que peor parada sale con el actual sistema.

02

El Ejecutivo valenciano sostiene que la infrafinanciación de la Comunitat ha obligado a un endeudamiento de más de 47.000 millones. El Consell cifra en 11.000 millones la deuda que debería condonarse.

03

Los fallidos presupuestos de Sánchez contemplaban unas cuentas ambiciosas para la Comunitat. El presidente Puig quiere ese proyecto de presupuestos para garantizar 1.400 millones de euros en la región.

04

La victoria del PSOE facilita la tramitación de la reforma de Isabel Celaá que prevé eliminar aspectos de la Lomce, desde limitar la concertación para atender demandas de escolarización hasta acabar con los itinerarios formativos. El PSOE promete además una nueva ley consensuada.

05

A nivel estatal se ha insistido mucho en fomentar los estudios profesionales como vacuna contra el fracaso escolar. Los socialistas proponen, entre otras medidas, fomentar la contratación de jóvenes con títulos de FP y una mayor coordinación entre los ministerios de Educación y Trabajo, una idea que también recoge el PSPV.

06

El PSPV se ha comprometido a que, de manera progresiva, todos los niños de dos años escolarizados en centros de Infantil autorizados tengan el puesto escolar gratuito. En esta legislatura se ha conseguido sólo para los que van a escuelas públicas (incluidas las municipales). Compromís, en su programa, no habla del sector privado, aunque ha habido declaraciones en la misma línea que la del PSPV.

07

El Botánico tendrá otra oportunidad para cumplir una promesa del anterior mandato reiterada en la campaña: eliminar los barracones crónicos. Casi 14.000 alumnos acabarán el curso en aulas prefabricadas. Además, con Edificant se prevé introducir mejoras en el 60% de los centros públicos.

08

Una de las propuestas de Compromís es conseguir que el comedor escolar sea gratuito al final de la legislatura. Actualmente reciben beca 127.000 alumnos (la mayoría parcial) de los más de 400.000 que hay en Infantil y Primaria, etapas donde existe por regla general este servicio.

09

Marzà anunció que Educación asumirá la gestión del personal no docente de los centros, casi todos vinculados a alumnos con necesidades especiales. Es una medida clave para evitar que estos estén meses sin un educador o un fisioterapeuta.

10

Más que una promesa de campaña es un compromiso de legislatura. Se pactó que en 2020 se haya concretado ya un nuevo modelo que incremente los fondos, principal fuente de ingreso de las instituciones académicas, y que se repartan en función de resultados y no solo por volumen.

11

Se lo propuso el primer Botánico y se quedó en un cajón. Ahora tendrá otra oportunidad. Es una idea que agrada a Podemos.

12

Seguro que habrá cambios en los precios de matrícula de las universidades públicas. Los que aprueben el curso completo se beneficiarán de la gratuidad de sus estudios al año siguiente (PSPV). Y si se tiene en cuenta la promesa de Compromís, se modularán en función de la renta. Durante la anterior legislatura los precios bajaron un 15%, aunque siguen muy por encima de los de 2011, los previos al 'tasazo' de Wert.

13

Durante la nueva legislatura llegará otra renovación de los conciertos de Bachillerato, rechazados por el PSPV y por Compromís. No habrá cambios en su tratamiento, por lo que se reducirán en la medida de lo posible salvo que el Supremo, que estudia la normativa que ideó el Botánico, la anule.

14

Tras los varapalos judiciales, el Consell se ha visto obligado a permitir que los alumnos de las privadas puedan hacer prácticas en hospitales públicos tras la exclusión de 2016. En septiembre deberían tener acceso. En cuanto a becas, los tribunales están rechazando los recursos de las universidades.

15

Más de 66.000 valencianos están a la espera de pasar por el quirófano y, de media, acumulan 115 días (casi cuatro meses) de demora. La Conselleria de Sanidad debe impulsar un sistema para atajar los graves retrasos que sufren los usuarios, bien incentivando que los hospitales públicos lleven a cabo operaciones fuera del horario habitual (tardes y fines de semana) o impulsando acuerdos con centros privados para derivar pacientes.

16

Médicos y enfermeros de los centros de salud han protagonizado varias protestas para reclamar más tiempo para poder atender a los pacientes, por lo que solicitan un aumento de las plantillas. La propia consellera Ana Barceló prometió refuerzos, que están llegando a cuentagotas y con retraso, y un nuevo modelo de atención menos burocratizado. Resolver las carencias de los ambulatorios es una de las principales obligaciones del nuevo Consell si no quiere que la saturación de este escalón sanitario vaya a más.

17

La conselleria prometió asumir la realización de las resonancias magnéticas y contratar, con un concurso, servicios complementarios para atajar las esperas en la realización de pruebas. Tras un nuevo retraso, está previsto que este mes las tareas pasen a manos públicas.

18

Poner en marcha el anunciado complejo sociosanitario Ernest Lluch en las instalaciones del antiguo Hospital La Fe y acometer la ansiada ampliación del Hospital Clínico en las viejas instalaciones de Agrónomos son dos de las principales obras a las que se enfrenta la conselleria.

19

El personal sanitario de los centros de salud y puntos de atención continuada se quedó sin ambulancias para atender a los servicios a domicilio, lo que ha generado un aluvión de quejas de médicos y pacientes. Sanidad tendrá que dotar a estos centros de un transporte adecuado.

20

Sanidad escenificó antes de elecciones que arrancaba el proceso para revertir la gestión del departamento de salud de Dénia y dejarla en manos de la conselleria. Para ello, la Generalitat deberá iniciar el expediente y hacer frente al coste de la operación, que probablemente termine en los tribunales. El Consell espera agotar la última bala y poder llegar a un acuerdo para comprar las acciones de las concesionarias DKV y Ribera Salud.

21

Uno de los grandes acuerdos entre el Consell de Puig y el Gobierno de Sánchez fue la colaboración para acabar la construcción de promociones de vivienda pública paralizadas desde hace años, entre ellas algunas tan emblemáticas como la promoción inmobiliaria del antiguo Ivvsa en Sociópolis. El acuerdo también se extendía a las nuevas promociones sobre solares públicos, que permitiesen la construcción de viviendas destinadas a alquiler asequible. Anunciado a comienzos de enero todavía no se ha concretado ni el importe ni las fechas.

22

La vivienda, en el centro de la política social del Consell. Fue el camino que se marcó la conselleria del ramo y, para ello, ha invertido estos años 25 millones en la reparación del parque público de la Generalitat, muy deteriorado y escaso. De hecho, cerca de un millar se encuentran en estado ruinoso, cuya rehabilitación debe estar lista en 2020. A eso se suma el número de pisos ocupados ilegalmente, cerca de 800 a comienzos de este año.

23

Trabajar ante el «gran problema» de los desahucios fue otro de los retos que se marcó la consellera de Obras Públicas en funciones, María José Salvador, al iniciarse la anterior legislatura. Sin embargo, la Comunitat encabezó las ejecuciones hipotecarias sobre vivienda el año pasado. Una situación a la que deben hacer frente tanto la Generalitat como el Gobierno. Además, en 2020 finalizará la moratoria antidesahucios de vivienda habitual para familias vulnerables que aprobó el Ejecutivo del PP en 2017.

24

Con el objetivo de ampliar el parque público de vivienda y luchar contra el aumento de precio del alquiler, la Generalitat lanzó un concurso para comprar pisos a particulares o bancos. La primera convocatoria -dotada con 11 millones- no cubrió al completo la demanda, ya que sólo se seleccionaron un centenar de pisos y no en los municipios con mayor demanda. La segunda convocatoria está aún pendiente.

25

Fue una de las leyes estrella aprobada por el Consell -y con varios artículos recurridos por el Gobierno central del PP ante el Tribunal Constitucional- pero ahora queda por delante su desarrollo y aplicación, así como la retirada del recurso. Entre sus puntos, la creación de un Registro de Viviendas Deshabitadas. De momento, la entrada en vigor de la normativa ha permitido que afloren 7.000 pisos vacíos, la mayoría procedentes de entidades financieras.

26

Despejado el futuro del ramal ferroviario entre Sagunto y Zaragoza en Europa (figura en el mapa de redes prioritarias), el Gobierno debe aclarar qué sucederá con la línea ahora que podrá optar a fondos comunitarios a partir de 2021. Porque el proyecto de modernización que impulsó el exministro Íñigo de la Serna concluirá las obras en ese mismo año, por lo ya se plantea recuperar el proyecto de alta velocidad.

27

Decía recientemente el empresario Federico Félix que el corredor mediterráneo «no ha avanzado al ritmo que su relevancia hubiera exigido». Y no le faltaba razón pues el proyecto, presentado en 2011, apenas ha tenido avances en la Comunitat, más allá de haber entrado en servicio el tercer carril entre Valencia y Castellón. El Ministerio de Fomento fijó 2021 como fecha para que estén en funcionamiento todos los tramos del corredor desde Murcia hasta la frontera francesa. Tendrá que impulsar los tramos Castellón-Vandellós y Xàtiva-La Encina -que servirá para hacer realidad el AVE regional- y definir el proyecto de la doble plataforma hasta Tarragona y el túnel pasante para evitar que Valencia sea el semáforo ferroviario de Europa.

28

A falta de nueve meses para la liberalización de la autopista AP-7 (será efectiva el 1 de enero de 2020), esta vía de comunicación se encuentra en la encrucijada de ver cómo todavía no se ha construido ninguna de las diez actuaciones planteadas por la Conselleria de Obras Públicas en un documento remitido al departamento del ministro José Luis Ábalos en julio de 2018. De momento, sólo se ha autorizado la licitación de las obras de la conexión sur de Oliva. Tampoco se ha aclarado si una vez se liberalice, será gratuita o si se establecerá algún tipo de tasa que se destine al mantenimiento de esta infraestructura y permita obtener ingresos.

29

En materia de carreteras, son varios los proyectos de ampliación sobre los que Fomento deberá despejar incógnitas. Uno de ellos es el del by-pass, pendiente desde 2014 y que ya cuenta con el visto bueno definitivodel ministerio desde finales de año. La lista de obras incluye las mejoras de la V-30 (retomado en 2015 y que cuenta con la oposición de los municipios afectados) o la duplicación de la N-220, que Ábalos se comprometió a licitar antes de finalizar 2019.

30

Presentado en diciembre de 2016 y aprobado en abril de 2017, poco más se ha sabido del Plan Director de Seguridad Vial de la Generalitat, más allá de alguna declaración de la consellera María José Salvador en foros especializados. Contaba con 242 actuaciones para reducir la accidentalidad en la red viaria de la Generalitat y en la Comunitat y estaban implicadas cinco consellerias y la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias.

31

La nueva legislatura en la Comunitat tendrá entre las tareas pendientes el desarrollo de leyes y planes aprobados en la pasada. Es el caso del Plan de Acción Territorial de laInfraestructura Verde del Litoral (Pativel), que cuenta con numerosos recursos contencioso-administrativos interpuestos; o el Plan de l'Horta, también con recursos. Además, se conocerá cómo se resolverán las demandas presentadas por los promotores contra la conselleria por no aprobar distintas actuaciones urbanísticas.

32

Algún paso se ha dado ya, como la integración de los títulos de Cercanías en la tarjeta Móbilis, pero 2019 -y por extensión toda la legislatura- debe ser el año de la Autoridad Única del Transporte Metropolitano. ¿El motivo? Si finalmente el PSOE forma gobierno y se aprueba el proyecto de Presupuestos del Estado para 2019, no habrá excusa para que Valencia reciba los 38 millones que reclama para subvencionar el transporte metropolitano que permitirá, entre otras cosas, prolongar el servicio de metro nocturno o mejorar la red. Los PGE sólo recogían 10 millones pero el PSOE se comprometió a elevar la cantidad vía enmiendas.

33

«Mucho por hacer y mejorar». Hasta el propio Ábalos ha reconocido en los últimos meses el déficit de inversión que arrastran las líneas de Cercanías de la Comunitat y que se traducen en, además de la falta de modernización del servicio y trayectos, retrasos y averías del parque móvil. Con el nuevo Plan de Cercanías diseñado y bendecido por todos, el ministerio tiene por delante plasmar en obras reivindicaciones como la mejora de la C-3, la duplicación de la vía entre Cullera y Gandia o actualizar el Xàtiva-Alcoi. Los Presupuestos de 2019 -que no se aprobaron por falta de acuerdo- contemplaban una partida de 325 millones tanto para obras como para compra de material rodante.

34

Es, junto al corredor mediterráneo, una de las infraestructuras ferroviarias más reivindicadas de la Comunitat desde hace décadas, en concreto, desde comienzos de los setenta. Sin embargo, a pesar de los últimos movimientos del ministerio (activación del Plan de Cercanías, por ejemplo), este proyecto lleva desde agosto de 2018 pendiente del informe de impacto ambiental.

35

Tras lograr el récord de los 7,7 millones de pasajeros en 2018, el aeropuerto de Manises tiene por delante en este ejercicio el proyecto de renovación de la terminal T1 (se quiere licitar las obras en 2020) con el objetivo de modernizar las instalaciones y homogeneizar la imagen para que este acorde con la T2.

36

Ni la Agencia Valenciana de Seguridad Ferroviaria ni la Comisión de Investigación de Accidentes, dos de los organismos estrella anunciados por el Consell para garantizar la seguridad ferroviaria, vieron la luz en la anterior legislatura autonómica, por lo que es uno de los asuntos que deberá abordar el próximo titular de este área. Los dos organismos estaban contemplados en la Ley de Seguridad Ferroviaria, aprobada hace más de un año en Les Corts, y un sindicato ya ha presentado un recurso para que se desbloquee la situación. El consejo rector de la agencia tampoco se ha constituido debido al grado de incompatibilidad fijado para los vocales. En el caso de la comisión, su puesta en marcha depende de la Agencia Valenciana de Seguridad que dirige José María Ángel.

37

Cerca de 22.000 dependientes están a la espera de recibir las ayudas previstas en la normativa, pese a que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, con Mónica Oltra a la cabeza, se comprometió a eliminar estas demoras en la pasada legislatura. La falta de plazas en residencias y centros de día es otra de las problemáticas que el departamento tendrá que atajar con el concierto social y nuevos contratos con el sector privado.

38

Durante el último año, la Comunitat ha recibido un aluvión de menores no acompañados, procedentes sobre todo del norte de África. La buena acogida que el Consell dispensa a estos adolescentes convierte a la Comunitat en un lugar ideal de peregrinación. Sin embargo, los centros de recepción están saturados, por lo que la Igualdad deberá bien coordinar el reparto de estos jóvenes con otras autonomías o incrementar el espacio en las instalaciones de acogida. Vecinos de algunos municipios rechaza acoger este tipo de centros.

39

Las valoraciones de la discapacidad, tanto nuevas como de cambio de grado, sufren en la Comunitat retrasos que rondan el año de demora. Agilizar el procedimiento para que los usuarios puedan optar a las ayudas y beneficios debe ser uno de los objetivos de la conselleria.

40

El proyecto estrella de la legislatura de Oltra ha sido la puesta en marcha de la renta valenciana de inclusión, una ayuda económica a la que le ha costado arrancar. Todavía faltan algunos colectivos a los que deberá de dar respuesta esta herramienta de los servicios sociales.

41

Las familias con niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) han protagonizado varias protestas para denunciar que la Generalitat ha reducido la atención que les presta. Igualdad deberá plantear la derogación del nuevo modelo, propiciar que el diagnóstico y la atención de los pacientes con TEA sea la adecuada y garantizar que estos pacientes reciben terapias durante toda su vida.

42

Las entidades que gestionan los centros de acogida de menores tutelados por el Consell, así como las familias, sufren retrasos a la hora de percibir los pagos obligatorios que debe llevar a cabo la Generalitat, lo que dificulta la atención. Corregir estas demoras, otro de los objetivos.

43

La pasada legislatura sirvió de poco para el Bellas Artes de Valencia. Continúa sin autonomía en la gestión, sin aplicar el plan museológico y con una directora provisional. Los próximos cuatro años son decisivos para el futuro del San Pío V. Para desarrollar el nuevo ordenamiento expositivo es imprescindible que el Gobierno apruebe y licite el proyecto museográfico. El Consell tiene por cumplir la promesa del concurso público para la dirección.

44

El hecho de que el Palau de les Arts esté menos dotado económicamente que el Liceu de Barcelona y el Teatro Real de Madrid no es nuevo. Ha sido así desde el nacimiento del coliseo y tanto con el PP como el PSOE en la Moncloa. La infrafinanciación del coliseo no es nueva, pero corregirla desde Madrid es algo necesario. Les Arts atraviesa una nueva etapa con partidos de izquierdas en el poder que tienen por delante el reto de dotar de más presupuesto el Palau, relanzarlo y aumentar la plantilla de la orquesta.

45

En 2003 se presentó oficialmente la ampliación del IVAM a cargo del estudio SANAA. El proyecto arquitectónico quedó en el olvido, pero la necesidad de la pinacoteca por crecer continúa. El IVAM abrió subsede en Alcoi la pasada legislatura, pero el centro aspira a un segundo edificio en la capital del Turia, algo que deberá resolver la Generalitat. Del Ministerio de Cultura, como en el caso de Les Arts, se espera más financiación y mayor apoyo institucional al IVAM.

46

La Conselleria de Cultura abrió la puerta a asumir la Institució Alfons el Magnànim y hará lo propio con Sona la Dipu, ambas dependientes de la Diputación. La diputada de Teatros, Rosa Pérez Garijo, también mostró su disposición a que el proyecto teatral Escalante, que carece de sede propia desde octubre de 2016 tras abandonar el escenario de la calle Cadirers, fuera transferido a la Generalitat. Durante la presente legislatura se deberá profundizar en el traslado de competencias que también pasa por la gestión del MuVIM.

47

En enero de 2018 la Generalitat formalizó la compra de la Nave de Talleres de Sagunto por 2,7 millones de euros. La instalación industrial no está en uso, ni se ha realizado ningún tipo de reforma o rehabilitación ni tiene proyecto definido. La adquisición de la que fuera en tiempos del PP el escenario de la Ciudad del Teatro es uno de los retos que tiene por delante el nuevo Consell. Sólo ha trascendido que se destinará a usos culturales, pero desde Cultura no se han comunicado iniciativas pormenorizadas.

48

Los agentes medioambientales urgen un aumento de personal y la mayoría de pueblos tiene sus planes de ordenación de recursos forestales sin redactar.

49

En medio de tensiones por los trasvases, los regantes urgen agua en cantidad y calidad suficientes. El Jucar-Vinalopó está pendiente de ponerse en marcha y cinco desalinizadoras están bajo mínimos.

50

El Plan Integral de Residuos acaba de entrar en vigor, pero la Generalitat tiene la difícil tarea de llevar a la práctica de forma eficaz la recogida selectiva, con un sistema puerta a puerta para el reciclaje pendiente de concretarse. Además, algunos vertederos rozan ya la saturación.

51

Las muertes en carretera están bajando. Mantener la tendencia y lograr apartar a reincidentes ebrios del volante son los retos.

52

Las obras arrancaron con el objetivo de crear un millar de nuevas celdas que descongestionarían Picassent. Pero se frenaron y no hay previsión para su finalización.

53

El módulo que alberga a los presos más peligrosos no reúne condiciones de seguridad adecuadas, según ACAIP y el Defensor del Pueblo. 2018 acabó con una veintena de agresiones o intentos de agresión a funcionarios. La Administración sólo reconoce siete, lamenta el sindicato.

54

Alcanzar medio millar de agentes en la policía de la Generalitat fue un compromiso rubricado por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en septiembre de 2018. Pero la legislatura acabó sin materializarse. Hoy la policía valenciana languidece con 387 policías. No se cubren ni jubilaciones, ni traslados ni ascensos. Interior debe actuar.

55

Policías nacionales y guardias civiles siguen pendientes del último tramo de mejora de sueldo para equiparar sus salarios con los Mossos d'Esquadra. Del incremento de 561 al mes para policías sólo se ha llegado a 380 y de los 720 de guardias, a 480.

56

El cuartel de Zapadores de la Policía Nacional se cae a pedazos. El año pasado hubo desprendimientos en el despacho de un mando de Caballería y, en una visita, el ministro Grande-Marlaska admitió la necesidad de una reforma que no llega. Además, guardias civiles denuncian el lamentable estado de sus sedes en Sueca, Massamagrell, Ayora o Pobla de Vallbona.

57

Justicia debe hacer realidad las nuevas sedes judiciales de la Vila Joiosa, Vinaròs, Torrevieja, Alzira, Xàtiva, Llíria, Torrent y Gandia. La anterior legislatura concluyó con los proyectos en distintas fases de tramitación. También el edificio del TSJCV espera su rehabilitación.

58

A principios de febrero, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, solicitó al Gobierno la creación de 15 nuevos juzgados y la puesta en marcha de otros cinco cuya constitución quedó suspendida en 2011. ¿Responderá el nuevo ministerio?

59

El tripartito acordó en Les Corts pedir al Gobierno la desmilitarización de Capitanía. La ministra Margarita Robles aseguró en febrero en Valencia que se «está estudiando», pero sin mayor concreción.